De trasteros a infraviviendas: Balears endurece los controles con multas de hasta 30.000 euros

El Govern balear inspeccionará 74 promociones de vivienda protegida y de precio limitado hasta 2027 para detectar posibles fraudes, situaciones de sobreocupación e infraviviendas, así como incumplimientos relacionados con los alquileres y la compraventa de estos inmuebles.

El plan contempla actuar sobre 60 promociones en Mallorca, diez en las Pitiusas y cuatro en Menorca, según ha explicado este miércoles el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés. Las promociones ubicadas en municipios turísticos tendrán prioridad durante la temporada alta, con el objetivo de detectar también posibles casos de uso turístico ilegal de viviendas protegidas.

Una de las prioridades del Ejecutivo será perseguir la sobreocupación y las infraviviendas, especialmente en el parque residencial libre. Según ha explicado Reynés, el Govern ya ha detectado casos de trasteros y locales comerciales utilizados como viviendas, así como inmuebles en los que una sala de estar ha sido dividida en cuatro habitaciones para alojar a más personas.

En concreto, la sobreocupación se produce cuando en una vivienda reside un número de personas superior al permitido por su cédula de habitabilidad. La infravivienda, por su parte, incluye situaciones en las que espacios que no tienen consideración de dormitorio -como determinadas estancias, locales o trasteros- se transforman en habitaciones o se alquilan como tales. Ambas situaciones pueden coincidir en una misma vivienda, según el Govern.

El director general ha señalado que estos problemas son especialmente frecuentes en las islas en las que el crecimiento de la población ha sido superior al aumento del parque residencial. Eivissa concentra el mayor número de casos detectados.

Multas de hasta 30.000 euros

La Administración asegura que en los primeros seis meses de este año ha realizado 40 inspecciones, más que las efectuadas durante los cinco años anteriores. Desde 2022, el número acumulado asciende a 120 viviendas inspeccionadas. Las infracciones pueden ser calificadas como graves o muy graves y conllevar multas de entre 3.000 y 30.000 euros, en función de su gravedad.

Las inspecciones no se limitarán a comprobar quién ocupa cada vivienda. Los técnicos revisarán el visado de los contratos, los precios de alquiler y compraventa, los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios y el cumplimiento de los derechos de tanteo y retracto cuando se produzca una transmisión. El Govern prevé además inspeccionar al menos diez viviendas de precio limitado que ya figuran inscritas en el registro correspondiente.

La campaña también pretende comprobar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y detectar posibles infracciones relacionadas con grandes tenedores, el pago de los gastos de las comunidades de propietarios, la normativa de los agentes inmobiliarios o el depósito de las fianzas de alquiler.

Aunque el grueso de las actuaciones se dirigirá a viviendas protegidas y de precio limitado, también podrán inspeccionarse viviendas libres cuando exista una denuncia previa de particulares o de alguna administración.

Más controles sobre la vivienda protegida

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la necesidad de reforzar la vigilancia sobre el parque residencial protegido y ha asegurado que el Govern es “consciente” del desafío que supone el acceso a la vivienda en las Islas.

Mateo ha reivindicado las inspecciones como una herramienta para controlar la oferta residencial y garantizar que las viviendas protegidas cumplen la función para la que fueron calificadas. El Ejecutivo sostiene que la campaña pretende proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y perseguir los incumplimientos.

El plan incluye además una campaña informativa sobre la normativa de vivienda, las infracciones y las sanciones previstas, así como la difusión del canal de denuncias habilitado por el Govern para que los ciudadanos puedan comunicar posibles irregularidades.