La defensa de Cursach invoca las “graves vulneraciones” de las investigaciones contra él para buscar su absolución

El inicio de la segunda sesión del juicio que arrancó este lunes contra el empresario Bartolomé Cursach y otros 16 acusados ha corrido prácticamente a cargo de la defensa del considerado rey de la noche mallorquina, que, invocando las “graves vulneraciones de derechos fundamentales” presuntamente producidas durante la instrucción de las pesquisas, busca con todas sus armas la absolución del empresario, para quien la Fiscalía reclama un año y medio de prisión por delitos de pertenencia a organización criminal y coacciones. 

Se trata de una rebaja sustancial respecto a la petición de ocho años y medio de cárcel que hace más de tres años reclamaba el exfiscal Miguel Ángel Subirán, en la actualidad a las puertas del banquillo por las presuntas prácticas ilegales que, junto al exjuez Manuel Penalva, habría desplegado para construir a la carta el caso Cursach, apuntalar sus tesis incriminatorias y allanar futuras condenas. 

La defensa de Cursach, ejercida por el fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional Enrique Molina, ha sacado todas sus bazas durante su intervención en la fase de cuestiones previas de la vista oral, que ha comenzado retrotrayéndose a las “irregularidades” sobre las que -ha recalcado con insistencia- se sustentó la formación de la causa y recordando que fue a partir de 2017 cuando comenzaron a detectarse “ciertas anomalías” que llevaron a la recusación del juez que instruía el caso, Manuel Penalva -en la actualidad también investigado-.  

“Fue una 'no instrucción' manifiestamente nula. No fue tramitada por un juez independiente”, ha remarcado el penalista, que defiende que tales circunstancias deberían conducir a la anulación de la pieza principal del caso Cursach -la que se juzga desde este lunes- y acordar la exoneración del magnate. 

Uno de los momentos de la tramitación del caso a los que ha aludido el abogado fue la declaración de una funcionaria municipal con cuyo testimonio fue incoada la actual pieza separada. La mujer manifestó que desde el Grupo Cursach se le había entregado un sobre con 500 euros a cambio de ganarse su favor bajo el apercibimiento de que, si lo rechazaba, el empresario “se lo tomaría a mal y su situación empeoraría”. 

Las defensas de Cursach y su exnúmero dos, Bartolomé Sbert, alegan, sin embargo, que la comparecencia se llevó bajo “violencia, amenazas y presiones coactivas” por parte de los antiguos investigadores del caso, “llevándola a una situación deleznable” y “a un estado de shock por el que incluso vomitó y se orinó encima”, como la propia funcionaria reconoció más adelante. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha descartado la verosimilitud de las acusaciones que efectuó la mujer bajo intimidación.

Otra de las declaraciones a las que el abogado de Cursach ha hecho referencia fue la de Sbert, quien, ha subrayado, sufrió “presiones que rayaban la tortura”. Cuando en un momento de la comparecencia en la que el inculpado transmitió a Penalva que le recusaría por prevaricación, el entonces juez le respondió: “Le invito a que me recuse, así me dará la oportunidad de poner a cada uno en su sitio”. Como ha apuntado Molina, Sbert “recogió el guante” y, finalmente, el magistrado acabaría apartado de la causa en marzo de 2018 por falta de apariencia de imparcialidad. 

El fiscal: “Cursach sabe exactamente qué se le imputa”

El penalista, quien ha incidido en que la instrucción del caso Cursach se llevó a cabo de forma “manifiestamente contraria a derecho” y en respuesta a los “intereses espurios” de los antiguos investigadores, ha asegurado desconocer “cuál es el objeto de la acusación” contra su patrocinado, puesto que “ninguno de los escritos de acusación atribuye acto concreto a Cursach”. “No se le menciona jamás, no aparece. Si no aparece ni se hace referencia a ningún comportamiento, ¿de qué se me acusa? Sin saberlo”, ha abundado.

El fiscal Tomás Herranz, por su parte, ha respondido a estos últimos alegatos formulados por la defensa del magnate, aseverando que el escrito de acusación de Anticorrupción atribuye a Cursach parte de “la dirección de los hechos” que se juzgan, como la “sistemática persecución” a la que, presuntamente, policías locales sometieron por orden del Grupo Cursach a una conocida discoteca ubicada en el Paseo Marítimo de Palma.

“La defensa sabe exactamente qué le imputa el Ministerio Fiscal y, como lo sabe, puede defenderse”, ha recalcado Herranz. Por su parte, el abogado de la acusación particular que representa al establecimiento nocturno supuestamente perjudicado por los intereses de Cursach se ha pronunciado en similares términos: “¿Quién es el Grupo Cursach Ocio? Cursach y Sbert. Cursach se puede defender con todas las garantías, por lo que no cabe ahora desdibujar su participación en los hechos”.

“El Juzgado era un búnker y nosotros éramos enemigos”

Tras ello, la defensa de Sbert, ejercida por el abogado Antonio Martínez, ha manifestado que las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach “abocan a una sentencia absolutoria”, mostrándose vehemente respecto a la actitud de los antiguos investigadores de la causa, a quienes atribuye una “conducta delictiva jamás vista en un Estado de Derecho” que ocasionó un “daño atroz” a los actuales acusados: “El Juzgado era un búnker. Éramos enemigos”, ha señalado durante su exposición.

Entre otras anomalías, el letrado ha recordado que las defensas “nunca tuvimos acceso al expediente digital” como tampoco se les proporcionó acceso a la documentación del procedimiento judicial ni se les permitió nunca interrogar a los testigos sobre los que se sostenían las investigaciones -“sin posibilidad de contradicción entonces o con posterioridad”- y con cuyo testimonio “se ”oficializó la mentira, la ficción pretendida“. Y ello mientras a Sbert, ha recriminado, ”ni siquiera se le dio la posibilidad de declarar ante un juez imparcial“.

En su intervención, tanto el abogado de Cursach como el de su número dos han invocado, para apoyar sus alegatos, dos sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que censuran la parcialidad del exjuez Baltasar Garzón durante el proceso judicial impulsado contra el que fuese secretario de Estado para la Seguridad bajo el mandato de Felipe González, Rafael Vera, a raíz del secuestro en 1983, por parte de los GAL, de Segundo Marey.