El Govern balear vuelve a pedir a la Audiencia Nacional que le considere perjudicado en el caso Koldo

La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Balears ha formalizado este viernes un recurso contra la segunda negativa del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de permitir su personación como perjudicada en el caso Koldo.

Así lo ha anunciado el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Según el conseller, “es cuestión de días” que el perjuicio a las arcas autonómicas se materialice, cuando Bruselas confirme la descertificación de los fondos europeos con los que se pagó el contrato a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

“Pedimos a la Audiencia Nacional que se anticipe a algo que va a suceder con toda seguridad”, ha declarado el que también es conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Costa ha explicado que este viernes era el último día hábil para presentar este recurso, a la espera de tener la confirmación definitiva de Europa respecto a los fondos que sufragaron los 3,7 millones de euros por mascarillas que resultaron ser de peor calidad a las contratadas.

En este sentido, Costa ha aclarado que han “querido agotar todas las vías” insistiendo en los mismos argumentos que en sus escritos previos. Un nuevo rechazo no cerraría la puerta a volver a intentar esta personación cuando Bruselas ya haya oficializado la descertificación del gasto.

El juez no ve prejuicio

Cabe recordar que la Audiencia Nacional ha rechazado ya en dos ocasiones que el IbSalut, el Servicio Balear de Salud, pueda intervenir en la causa como perjudicado. La razón es que aquel contrato se financió con fondos europeos y por ello el magistrado entiende que no hay daño a la Comunidad.

En este contexto, el departamento que dirige Antoni Costa inició una descertificación de fondos, por 3,9 millones -al añadir costes de transporte y de asistencia técnica- que ya se ha trasladado a Bruselas. El conseller daba por hecho este jueves que Europa la confirmará, ante las sospechas de “fraude”.

Esa descertificación repercutirá en un descuento de fondos al Govern en futuros pagos europeos, por lo que para el Govern “es obvio” que Baleares es parte perjudicada.

Desde Balears resaltan que venían obligados a promover esta descertificación de fondos en aplicación de protocolos antifraude de fondos FEDER, destacando que el anterior Ejecutivo no adjuntara al expediente el informe sobre la calidad insuficiente de las mascarillas.

“El expediente no caducó”

Este jueves el Govern desistió de una primera reclamación a Soluciones de Gestión por 2,6 millones de euros para iniciar una revisión de oficio anulando el contrato desde su origen. Tanto Costa como la consellera de Salud, Manuela García, han vuelto a insistir este viernes en que el motivo de ese desestimiento es que tenía pocos visos de prosperar debido a un documento firmado en 2020 donde el Ib-Salut avalaba el suministro, negando que esté relacionado con la caducidad del expediente. “Reiteramos con total seguridad que ese expediente no caducó, porque el plazo eran ocho meses”, ha aseverado Costa.

La versión del Govern choca con los cálculos que hace el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. En un auto, Moreno alude a los indicios que apuntan a la influencia que Koldo García habría ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión con el objetivo de que la petición de devolución por parte del anterior Govern (el de Francina Armengol) no prosperase y, de este modo, “favorecer a la mercantil y a su titular”.

La Guardia Civil apunta a las presiones que habrían recibido, por parte de la trama, los actuales responsables del Ejecutivo balear del PP a finales de 2023 para que la reclamación no saliera adelante y finalmente caducara, como sostienen los investigadores que acabó sucediendo el pasado mes de enero -bajo la presidencia de la popular Marga Prohens- sin que los conservadores hicieran nada por evitarlo.

Con todo, la Guardia Civil menciona comunicaciones entre los empresarios implicados en la causa de las que se colige que, si la Administración balear, en el plazo de tres meses (con fecha límite el 18 de enero de 2024) no se pronunciaba expresamente sobre el expediente de reclamación, se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de los casi tres millones de euros.

De hecho, el propio presidente del Ib-Salut, Javier Ureña, ha reconocido que, en el documento con el que el pasado 24 de agosto se formalizó la reclamación de los 2,6 millones -un mes y medio después de que el Govern de Armengol remitiese in extremis un requerimiento a la empresa para solicitar la devolución del sobrecoste-, se indicó “por error” que el plazo de caducidad de la misma era de tres meses.