PP y Vox reactivan su ofensiva para tumbar la ley balear de memoria democrática

PP y Vox han retomado su ofensiva para derogar definitivamente la ley balear de memoria democrática. El pasado mes de mayo, los conservadores se comprometieron a eliminarla a cambio de contar con el apoyo Vox para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025, a pesar de que en diciembre de 2024 habían alcanzado un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimirla.

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso político, los de Santiago Abascal han registrado en el Parlament balear una Proposición de Ley (PL) dirigida a derogar de forma íntegra la normativa, aprobada durante la primera legislatura del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol (2015-2019). La supresión de esta ley fue incluida en el pacto alcanzado al inicio del actual mandato por PP y Vox, compuesto por hasta 110 medidas. A cambio de aceptar la eliminación de esta norma, Vox se comprometió a abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.

Preguntada este martes sobre ello, Prohens ha garantizado el apoyo de su grupo a la PL de Vox, afirmando que “el PP cumple los acuerdos siempre”. “Evidentemente, Vox ha presentado esta iniciativa, faltaría más. Vox presenta sus propuestas, esta forma parte de un acuerdo y nosotros cumplimos los acuerdos”, ha incidido a preguntas de los periodistas.

La líder balear ha subrayado que el posicionamiento de su partido acerca de esta ley “es público y notorio”, recordando que la norma que sí mantendrán vigente es la Ley de recuperación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más conocida como Ley de Fosas, aprobada por unanimidad en 2016, que permite a las instituciones autonómicas y locales a facilitar la búsqueda de las víctimas desaparecidas. La derogación de la ley de memoria deberá debatirse próximamente en el Parlament y previsiblemente saldrá adelante con los votos de ambos socios de investidura.

La formación de extrema derecha asevera por su parte que, con la reanudación de los trámites para eliminarla, cumple “con los compromisos adquiridos con el PP en el reciente acuerdo entre ambas formaciones y exige la inmediata tramitación parlamentaria” de la iniciativa, que busca, aseveran, “poner fin a una normativa sectaria, revanchista y utilizada como herramienta de manipulación ideológica”.

“La Ley de Memoria Democrática balear ha servido exclusivamente para dividir a los ciudadanos, reabrir heridas y reescribir la historia desde una perspectiva ideológica profundamente sectaria”, ha manifestado la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, obviando que la ley de memoria aboga por promover el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, la verdad y la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas del conflicto bélico y la dictadura se ha convertido en uno de los compromisos clave que han sellado las derechas y su objetivo pasa por sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”.

En Balears, Vox alega que la ley “atenta contra la igualdad de todos los españoles”, dado que, a su juicio, “vulnera el artículo 14 [de la Constitución] que sirve de llave para los derechos fundamentales”. “Esta ley procede a discriminar y apartar a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”, señalan los de Abascal, a pesar de que esa parte a la que aluden gozó durante una dictadura de casi 40 años de honores, reconocimientos y cuantiosas pensiones públicas.

Tanto PP como Vox quieren echar por tierra la norma a pesar de que el Gobierno central, además, ya ha llevado a cabo varias acciones contra el retroceso de ambos partidos en materia de memoria histórica: el Consejo de Ministros ha aprobado la interposición de sendos recursos ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley autonómica de Aragón y contra la aprobación de la 'Ley de Concordia' pactada por el PP de Carlos Mazón y la extrema derecha de Vox en la Comunitat Valenciana.