El anciano acusado de matar al ladrón que lo asaltó: “Dios aprieta pero no ahoga, aunque a mí ahora me aprieta bastante”

Pau Rigo, el jubilado de 83 años acusado de matar con su escopeta a uno de los ladrones que asaltó su domicilio en Porreres (Mallorca) en febrero de 2018, ha agradecido en una carta el apoyo de los medios de comunicación, de las redes sociales, de personas amigas y conocidas, aunque al mismo tiempo ha lamentado que esa empatía no se haya dado en los juzgados. “Dios aprieta pero no ahoga, aunque a mí ahora me parece que aprieta bastante”, ha manifestado en una carta manuscrita difundida en un grupo de apoyo al anciano en las redes sociales.

En la misiva, Rigo lamenta que esa empatía y apoyo recibidos no hayan aparecido de manera mayoritaria durante el juicio con jurado popular que acabó declarándolo culpable. “Ha habido algunas personas que me han ayudado, a las que también tengo que agradecer su actitud”, prosigue la carta. El anciano finaliza resaltando su talante optimista: “Espero que se haga justicia. Un abrazo de todo corazón”.

El pasado martes, la magistrada que presidió el juicio contra el hombre y los supuestos atracadores anuló, por errores en su planteamiento, el veredicto de culpabilidad emitido hace dos semanas por el jurado popular que juzgó al anciano. Dado que el jurado popular que enjuició el caso ya ha sido disuelto y no puede, por tanto, subsanar las deficiencias producidas, la vista oral tendrá que repetirse.

El ajustado veredicto -cinco votos a favor y cuatro en contra- sembró de inmediato las dudas acerca de su legitimidad, dado que la Ley del Tribunal del Jurado (LOTJ) establece, en su artículo 60, la necesidad de contar con al menos siete votos a favor para poder declarar culpable a un acusado. No en vano, apenas unos días después de que el jurado emitiera su dictamen, la Fiscalía y el abogado del procesado reclamaron la nulidad del objeto del veredicto por deficiencias en el planteamiento de las preguntas efectuadas a los jurados. 

Los hechos se remontan a la mañana del 24 de febrero de 2018, cuando los hermanos Fredy y Mauricio E. –el ladrón fallecido–, animados por Pep S. y Marcos R., también acusados, asaltaron la casa del anciano, a las afueras de Porreres, para robar el dinero de la vivienda. En su declaración en el juicio, el dueño de la vivienda alegó que actuó en defensa propia y la de su mujer ante el miedo y el temor que sintió por estar viviendo un segundo robo en menos de tres meses. El primero había sido llevado a cabo por individuos con la cara tapada que se llevaron 30.000 euros. Dos de ellos eran los mismos que los del asalto posterior.

Versiones contrapuestas sobre el momento del disparo

Sobre los hechos que llevaron al jubilado y a los presuntos asaltantes al banquillo, las versiones de las partes difieren en cuanto a la supuesta agresividad y la violencia empleadas para exigir el botín. Durante la vista oral, el entonces abogado del anciano sostuvo en todo momento la tesis de la legítima defensa. “Él temía por su vida”, aseveró el letrado ante el jurado, preguntándose también “cómo puede repeler un señor de 78 años el ataque de dos jóvenes encapuchados con patas de cabra”. “Con 78 años, ¿tenía que correr campo a través? ¿Llamar a la Guardia Civil, si habían arrancado los teléfonos?”, se demandaba.

El acusado insistió en que “no quería disparar” pero los supuestos ladrones, lejos de amedrentarse al ver la escopeta, se le echaron encima. Asimismo, aseguró haber “sufrido mucho” desde entonces y manifestó que su vida “cambió cuando esa gente entró” en su casa. “Nunca en la vida pensé que tendría que hacer lo que hice”, declaró. El fiscal, sin embargo, mostró su rechazo a la reacción del jubilado al sostener que había otras alternativas para defenderse. “No vivimos en América”, llegó a proclamar, subrayando que en España “no existe el derecho a matar” aunque “hay circunstancias que se deben tener en cuenta”.