PP y Vox dan luz verde a la nueva universidad privada de Mallorca entre proclamas por la “libertad” y acusaciones de “mercantilización”

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo mayoritario de la izquierda, a la ley que permitirá la creación de la Universidad de Mallorca (Umac), un nuevo centro privado impulsado por Adema. La iniciativa reconoce a la UMAC como una universidad privada con personalidad jurídica propia y forma de sociedad limitada en un contexto de creciente debate sobre el auge de la enseñanza superior privada en Balears y en el resto de España.

El nuevo centro, que se ubicará inicialmente en Palma e Inca, ofrecerá titulaciones en ámbitos como Medicina, Odontología, Ingeniería, Bellas Artes o Ciencias Políticas, además de másteres y doctorados. Aunque no recibirá financiación directa de los presupuestos autonómicos, sí podrá concurrir a convocatorias públicas competitivas. La ley también regula su relación con el sistema sanitario público para la realización de prácticas, estableciendo que los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrán prioridad en el acceso a hospitales y centros sanitarios.

El impulso parlamentario de la Universidad de Mallorca llegó después de que los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitieran un informe desfavorable que cuestionaba la viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras del proyecto, tal como informó El País, lo que Adema atribuyó en un comunicado a que no habían podido valorarse algunos de los documentos que acompañaban al proyecto porque se habían perdido en su “conversión a PDF”. Con todo, dado que el dictamen no era vinculante, la Conselleria balear de Educación inició su propio procedimiento con el objetivo de evaluar la viabilidad del nuevo centro.

Finalmente, la Conferencia General de Política Universitaria emitió el informe preceptivo necesario para avanzar en el proceso, un paso que, según denunció Adema, se produjo “18 meses después de haberse remitido la memoria por parte de la Conselleria”, atribuyendo esta demora a una “decisión política” del Ministerio.

La aprobación de la ley ha evidenciado, una vez más, un fuerte choque ideológico en la Cámara: desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertido de que el Govern impulsa una política que “apuesta por la educación como un activo de mercado y no como un derecho” mientras que, en términos similares, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado que esta ley es la prueba de que los “lobbies” de las universidades privadas “trabajan codo con codo con el Govern para implantarse en Balears”. “Hablan de libertad pero solo quieren favorecer la enseñanza privada”, ha criticado. En una intervención anterior, García ya alertó de que el texto de la ley contiene “varias cuestiones que generan dudas”, como la figura jurídica de Adema, constituida a través de una sociedad de responsabilidad limitada (Academia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, por su parte, ha optado por la abstención, marcando distancias con el proyecto pero evitando el rechazo frontal. Los socialistas reconocen que esta iniciativa presenta diferencias respecto a otros proyectos privados, al haberse desarrollado -a su juicio- con mayor diálogo y sin operaciones urbanísticas controvertidas. Aun así, han advertido de “riesgos” y han asegurado que estarán “vigilantes” para que el Govern no relegue a la universidad pública. “En este caso sí que ha habido debate y diálogo con la comunidad universitaria y se ha hecho sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudas. La oferta de titulaciones no entra en competencia directa con la universidad pública”, ha expuesto la socialista Mercedes Garrido.

PP y Vox defienden la privada como “oportunidad”

Desde la derecha, el PP ha defendido la ley como una ampliación del sistema universitario y no como una alternativa a la pública. “No hemos elegido entre reforzar la pública o ampliar el sistema, sino las dos cosas”, ha aseverado la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, por su parte, ha enmarcado el debate en términos ideológicos, defendiendo la universidad privada como garantía de “libertad” frente a lo que ha calificado como “wokismo” en la educación pública, y cargando contra la UIB por un supuesto sesgo ideológico.

El texto de la norma incorpora algunas condiciones tras su paso por el Parlament, como la obligación de destinar al menos un 5% de los ingresos a becas o el derecho del Govern a intervenir en caso de cambio de accionariado. Además, cualquier nueva titulación deberá contar con el aval de la agencia de calidad universitaria y la autorización del Consell de Govern.

Por su parte, Adema, promotora del proyecto, ha celebrado la aprobación de la ley y ha asegurado que la nueva universidad permitirá reforzar la conexión entre la formación superior y el tejido productivo de Baleares. La entidad prevé destinar 6,8 millones de euros en becas durante la próxima década para atraer talento y perfiles de alto rendimiento.

Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, el Govern ya declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. Con esta decisión, el Ejecutivo otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

Posteriormente, el Ejecutivo anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que endurecerá los requisitos para la creación de universidades privadas, El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó en su momento, de hecho, que “no pondrán palos a las ruedas” en el proceso de puesta en marcha de estos centros: “Creemos que la oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] debe ser complementada con la privada. Se llama libertad”.