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La Justicia francesa bloquea las subvenciones al partido de Le Pen

Los tribunales sospechan que el partido ultraderechista se sirvió de empleos ficticios en el Parlamento Europeo

La Agrupación Nacional califica la confiscación de "golpe sin ninguna base legal" que les pone "en riesgo de suspensión de pagos"

Hasta el momento diez personas y entidades han sido imputadas, entre ellas Marine Le Pen

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Marine Le Pen EFE

La Justicia francesa ha decidido el secuestro, con carácter preventivo, del grueso de la dotación pública que debía recibir la Agrupación Nacional (AN), partido de extrema derecha que preside Marine Le Pen, por las sospechas de que se sirvió de empleos ficticios en el Parlamento Europeo.

La AN (antiguo Frente Nacional) indicó hoy que "la confiscación" de ese dinero (se habla de dos millones de euros) que debía recibir mañana fue ejecutada el pasado día 5 por dos jueces que instruyen el sumario.

"Ese golpe sin ninguna base legal pone a la AN en riesgo de suspensión de pagos, lo que significa para un partido político una muerte segura", añadió en un comunicado.

En su cuenta de la red social Twitter, Le Pen afirmó que con esta decisión los magistrados les "aplican la pena de muerte con carácter preventivo", antes de que haya una sentencia en lo que llama "el pseudoescándalo de los asistentes" parlamentarios.

"La voluntad de asesinar al primer partido de la oposición es un golpe inédito contra la democracia", añadió la líder de la extrema derecha francesa.

Los fondos públicos que corresponden a la AN, en función de su peso electoral, es de unos 4,5 millones de euros, según la formación, y, como al resto de los partidos, estaba previsto para mañana un pago de la mitad de la suma.

La justicia francesa investiga si el antiguo Frente Nacional se sirvió del Parlamento Europeo para pagar a su personal (una veintena de empleados) mediante contratos de falsos asistentes de los eurodiputados, que en realidad trabajaban para las estructuras del partido ultraderechista.

Todo empezó cuando el socialdemócrata alemán Martin Schulz, que era presidente de la Eurocámara, dijo que había sido alertado por sus servicios financieros y encargó al organismo europeo antifraude (Olaf) que examinara la cuestión.

Diez personas y entidades han sido imputadas hasta ahora dentro de esta instrucción, incluida la propia Le Pen.

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