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El Gobierno de Netanyahu expulsa al director de Human Rights Watch en Israel

Omar Shakir es ciudadano estadounidense, llevaba un año en el puesto y ha negado las acusaciones de haber apoyado el boicot contra Israel

"Se trata de amordazar a Human Rights Watch y hacer acallar toda crítica contra el historial de abusos de Israel", ha dicho Iain Levine, de HRW

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Netanyahu, derecha, con el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman. EFE

Omar Shakir tiene 14 días para abandonar Israel. El director de Human Rights Watch (HRW) para el conflicto entre Palestina e Israel tendrá que irse del país porque, según denuncian sus autoridades, Shakir ha apoyado un boicot contra Israel durante más de diez años. Tal y como indica la organización en el comunicado que ha hecho público para denunciar esta expulsión, las autoridades israelíes han basado su decisión en  un expediente que un ministerio gubernamental ha recopilado sobre las actividades de Shakir. Las afrentas que denuncia el Estado de Israel abarcan toda una década y son anteriores al trabajo de Omar Shakir en HRW.

Para la organización con sede en Nueva York, esta decisión no es más que un intento por parte de Israel de suprimir toda crítica contra el largo historial de abusos contra los derechos humanos, que vivieron un repunte durante las protestas pacíficas palestinas de las Marchas del Retorno. Durante las mismas, las tropas mataron a decenas de palestinos y el mundo pudo ver un vídeo en el que un francotirador israelí se regocijaba de haber dado en el blanco, de haber abatido a un palestino desarmado.

Omar Shakir es ciudadano estadounidense y, según informa la organización, ha negado toda acusación. Este experto ya tuvo problemas para conseguir un permiso de trabajo en Israel, que en un primer momento fue bloqueado. Al final, consiguió una visa de un año. En enero, la organización pidió que se extendiera la visa de trabajo de Shakir y a finales de marzo Interior le dio un mes de margen a la espera de que se tomase una decisión sobre su expulsión.

Manifestación de pacifistas israelíes en el kibbtutz Zikim cerca de la frontera con Gaza.

Manifestación de pacifistas israelíes en el kibbtutz Zikim cerca de la frontera con Gaza. Ana Garralda

"No se trata de Shakir, se trata de amordazar a Human Rights Watch y hacer acallar toda crítica contra el historial de abusos de Israel", ha dicho Iain Levine, director ejecutivo adjunto de Programa de HRW. "Recabar informes y deportar a defensores de derechos humanos es una página sacada directamente del manual de estrategias de los servicios de seguridad egipcios o rusos", protesta. HRW ha contratado a un abogado para recurrir la decisión ante los tribunales israelíes.

La carta con fecha 7 de mayo en la que se anuncia la expulsión del país dice que dicha decisión "no constituye un rechazo total a que la organización emplee un experto extranjero", sino que se refiere directamente a Shakir. En 2017, se le negó un permiso de trabajo alegando que sus actividades se habían "involucrado en la política al servicio de la propaganda palestina, mientras ondeaba la bandera de los derechos humanos". El ministerio revirtió finalmente la decisión.

"Ni Human Rights Watch ni su representante promueven boicots a Israel […] Interior reconoció en su carta del 7 de mayo que no han aparecido informaciones con respecto a actividades de boicot desde que Shakir se unió a HRW", explican en su comunicado. En el mismo párrafo señalan el que ha podido ser el origen de esta decisión: "HRW ha descubierto que las empresas que operan en asentamientos se benefician de forma inherente y contribuyen a que se produzcan graves violaciones del derecho internacional humanitaria, sobre esa base […] ha pedido a esas empresas que cesen sus operaciones en los asentamientos. HRW también defiende el derecho de las personas a expresar sus opiniones a través de medios no violentos, incluida la participación de boicots".

"Esta es la primera vez desde que HRW vigila a Israel y los territorios ocupados, desde hace ya 30 años, que el país ordena la expulsión de un miembro de su personal", explica Levine. "Pero es solo la última muestra de la creciente intolerancia del país hacia aquellos que critican su historial en torno a los derechos humanos", concluye.

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