El Consejo Permanente de la OEA activa un pacto regional de defensa mutua por la crisis en Venezuela

Con el apoyo de doce países miembros, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha decidido activar un pacto interamericano de defensa mutua, al considerar que la crisis en Venezuela representa “una clara amenaza a la paz y seguridad” en el continente. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también llamado Tratado de Río, es un acuerdo que abre las puertas a una serie de medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro, entre las cuales está una posible intervención militar, aunque se ha dicho que esta opción está descartada.

Aunque el Consejo Permanente está integrado por 35 países, solo 18 de estos son miembros del Tratado de Río y se obtuvo la mayoría necesaria con 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Las 12 naciones que apoyaron el Tratado de Río son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, esta última representada por la delegación del líder opositor venezolano Juan Guaidó. En un documento suscrito por esos doce países, se argumentó que “la crisis en Venezuela tiene un efecto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad” en la región y, por ello, cabe aplicar el principio de defensa mutua proclamado en el TIAR.

El próximo paso será convocar un reunión de los ministros de Exteriores de las naciones firmantes del Tratado de Río para que, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York (que inicia el 17 de septiembre), decidan qué medidas tomar con respecto a Venezuela. Entonces, deberán decidir cómo presionar a Maduro y determinar si rompen las relaciones diplomáticas y económicas, o si irán más lejos y decretarán un bloqueo al transporte naval y aéreo. La opción más agresiva que incluye el tratado es la posibilidad del “empleo de la fuerza armada”, pero por el momento algunos países, como EEUU, han dicho que esa opción no está sobre la mesa.

Costa Rica, país que abolió su Ejército hace más de 70 años y en previas instancias ha recurrido al TIAR para su defensa, instó a los países firmantes del Tratado de Río que se incluya en el texto aprobado una precisión: que solo se adopten medidas que “contribuyan a la restauración pacífica de la democracia en Venezuela, excluyendo aquellas que impliquen el empleo de la fuerza armada”. Sin embargo, esa propuesta costarricense no prosperó, por lo que la opción militar seguiría siendo factible a pesar de no contar con apoyo entre los países del TIAR. Costa Rica se abstuvo de votar, que en efecto representa un voto en contra.

La decisión de la OEA representa una victoria para la oposición venezolana, que ratificó la reintegración del país al Tratado de Río mediante un voto en la Asamblea Nacional (AN), después de que Chávez lo retirara en el 2012. El difunto presidente socialista tenía una relación contenciosa con la OEA y su Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la salida de Venezuela del órgano multilateral estaba prevista para el abril pasado, antes de que la OEA reconociera la legitimidad del Gobierno de Guaidó.

Tras la activación del TIAR, Stalin González —dirigente opositor y vicepresidente de la Asamblea Nacional— ha declarado ante periodistas que la OEA “sigue fortaleciendo al pueblo venezolano en la búsqueda de una salida”, pero ha advertido que el TIAR o cualquier otra opción “no son salidas mágicas”. El ejecutivo de Nicolás Maduro, que no reconoce la adhesión de Venezuela al Tratado de Río, publicó un comunicado en el cual califica de “infame” la decisión de activar “un nefasto instrumento de la historia de nuestro continente”. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se solidarizó con su aliado al declarar “una vergüenza” la aplicación del TIAR, del cual su país también se retiró en 2012.

¿Qué es el llamado Tratado de Río?

El TIAR fue concebido, como su apodo lo supone, en Río de Janeiro, durante una conferencia interamericana sobre paz y seguridad en 1947. El tratado es un instrumento de defensa mutua que antecede la creación de la OTAN, con el fin de garantizar la seguridad colectiva ante un ataque eventual de una potencia de otra región y también coordinar acciones conjuntas en caso de un conflicto entre dos Estados partes del Tratado. Entre la década de los 50 y los 60, el Tratado de Río fue invocado al menos veinte veces por los Estados partidarios del acuerdo, como, por ejemplo, durante la guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras en 1969.

La aplicación del TIAR ha generado polémica en previas ocasiones. Tras la expulsión de Cuba de la OEA en 1962, el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, peticionó que el órgano de consulta del TIAR acordara que los Estados americanos no mantuvieran relaciones con La Habana e interrumpieran el intercambio comercial y el transporte marítimo, salvo por razones humanitarias. Como primer presidente de la transición democrática en Venezuela, el mandato de Betancourt sobrevivió los intentos de derrocamiento de la guerrilla venezolana, con vínculos a las fuerzas revolucionarias en Cuba.

No obstante, la aplicación (o no aplicación) más discutida del TIAR ocurrió en 1982, cuando Argentina invocó el instrumento para defenderse contra el Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. Ni Chile ni Colombia atendieron el llamamiento, ni tampoco EEUU, que en el momento decidió atender a su compromiso con la OTAN y apoyar a los británicos. Dos décadas después, cuando el Gobierno de Bush decidió recurrir al tratado después de los atentados del 11-S en 2001, con la mira de reclutar aliados antes de la guerra en Irak, México se adelantó y formalizó su retirada del acuerdo “inútil y obsoleto” (palabras del presidente mexicano Vicente Fox) en 2002.

Junto con los otros países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), órgano multilateral de izquierdas fundado por Chávez y conformado por sus países aliados, Venezuela anunció su retirada del TIAR en 2012, acompañado por Bolivia, Ecuador y Nicaragua, decisión que se hizo efectiva en 2013. En el momento se argumentó que el Tratado de Río era “letra muerta desde que en los años 80 EEUU lo contradijera en la práctica”.