Boris Johnson gana la primera votación sobre el incumplimiento del acuerdo del Brexit frente a una rebelión interna creciente

Boris Johnson no parece dispuesto a echar marcha atrás, y ya se ha convertido en el primer gobernante británico de la historia reciente que rompe los acuerdos internacionales que él mismo ha firmado. Este lunes por la noche ganó la votación sobre la nueva legislación de Mercado Interior que impulsa su Gobierno, con flagrantes violaciones al acuerdo de retirada del Brexit que está en vigor desde el 31 de enero pasado. En la sesión parlamentaria, Johnson arremetió contra la Unión Europea para defender una norma “necesaria” porque la UE, dijo, “se había negado a quitar una pistola de encima de la mesa en las negociaciones”.

La actitud de Johnson ha conseguido lo impensable: que todos los ex primer ministros vivos –John Major, Tony Blair, Grodon Brown, David Cameron y Theresa May– estén coincidiendo en la crítica a las decisiones que está tomando.

En todo caso, Johnson ganó la votación parlamentaria en segunda lectura sobre el proyecto de ley de mercado interior por 340 –el Partido Conservador, de Johnson, tiene 364 escaños– a 263 votos, después de haber sido una enmienda previa, aunque vendrán más a medida que enfrenta una creciente rebelión en su partido. La verdadera prueba para la ley llegará la semana próxima, cuando está previsto que se voten las enmiendas relativas a Irlanda del Norte, origen de la vulneración de lo acordado con la UE.

La UE dice que el proyecto de ley de Johnson colapsaría las conversaciones comerciales e impulsaría al Reino Unido hacia un Brexit caótico, y los ex líderes británicos advirtieron de que violar la ley es un paso que socava la imagen del país. Johnson, sin embargo, dijo que era esencial contrarrestar las amenazas “absurdas” de Bruselas, incluida la de que Londres levantara barreras comerciales entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte e imponga un bloqueo de alimentos, medidas que, según dijo, amenazan la unidad del Reino Unido, a pesar de que no estén en ningún acuerdo.

“La UE todavía no ha quitado esta pistola de la mesa”, dijo Johnson al Parlamento antes de la votación. “Lo que no podemos hacer ahora es tolerar una situación en la que nuestros homólogos de la UE creen seriamente que tienen el poder de dividir nuestro país”.

La UE ha exigido a Reino Unido que elimine las partes principales del proyecto de ley para final de septiembre y que, de no ser así, como supone una violación del acuerdo de retirada, no habrá un acuerdo comercial a fin de año y el caso podría llegar a los tribunales internacionales.

En concreto, el texto otorga al Gobierno poder para modificar o dejar de aplicar algunas reglas relativas a la circulación de bienes contenidas en el protocolo relativo a Irlanda del Norte. Ese protocolo para Irlanda del Norte se aplicaría solo si no hay un acuerdo al final del actual periodo de transición, y prevé que la provincia británica quede dentro del mercado único europeo para bienes junto con la República de Irlanda (en la UE), lo que implica crear un sistema de controles con el resto del Reino Unido: uno de los aspectos clave que el Gobierno de Johnson quiere alterar. Para la Unión Europea, ese protocolo es esencial para mantener abierta la frontera terrestre entre las dos Irlandas, un requisito marcado por los acuerdos de paz de Viernes Santos que se firmaron en 1998.

Uno de los conservadores de más peso que se ha sumado a las críticas es Sajid Javid, ministro de Economía hasta el pasado febrero, quien declaró que no comprende “por qué es necesario que el Reino Unido viole la legislación internacional”.

“Una de las mayores fortalezas y tradiciones del Reino Unido es el respeto a la legalidad. Nuestra duradera reputación por mantener nuestra palabra nos ha hecho una nación más estable, pacífica y próspera”, sostuvo en un comunicado Javid.

Otro de los golpes que ha sufrido Johnson es la crítica del ex abogado general del Estado Geoffrey Cox, quien jugó un papel relevante en las negociaciones del acuerdo de salida de la Unión Europea que se firmó el pasado octubre. “La ruptura de la ley llevará en último término a un daño permanente y a largo plazo para la reputación de este país. Es también una cuestión de honor para mí. Nosotros firmamos y sabíamos lo que estábamos firmando”, recalcó Cox en declaraciones a la cadena Times Radio.