Juez salvadoreño dice que Bukele no ha entregado archivos de la masacre de 1981

San Salvador, 12 oct (EFE).- El juez del proceso penal por la masacre salvadoreña de El Mozote (1981), Jorge Guzmán, dijo este lunes que el presidente del país, Nayib Bukele, no ha entregado los archivos militares “desclasificados” relacionados con la matanza a pesar de que se comprometió el pasado 24 de septiembre a ponerlos a disposición del juzgador y de la Fiscalía.

“El tribunal no tiene ninguna documentación de la que él (Bukele) mencionó en conferencia de prensa que nos iba a entregar”, dijo el juzgador a un militar que le impidió el ingreso al Estado Mayor de la Fuerza Aérea, en la central localidad de Ilopango.

El juzgador llegó a esta base militar para tratar de realizar la inspección judicial, misma que los militares habían bloqueado previamente, junto a peritos y fiscales.

El mandatario, en una cadena nacional de radio y televisión, mostró cinco cajas pequeñas con etiquetas de años recientes que supuestamente contenían los documentos.

“Yo determino que los archivos de El Mozote no son secretos y por lo tanto deben ser entregados”, dijo el mandatario en la referida cadena nacional de medios de comunicación.

No obstante, el jefe de Estado señaló que “la mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años”.

Un militar de apellido Ortiz no permitió el ingreso del juez Guzmán bajo los argumentos de que desconocía la programación de la inspección, que en el sitio se resguardan archivos secretos y que el presidente había entregado los documentos.

El presidente Nayib Bukele y su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, aseguraron al juez mediante dos documentos que la Fuerza Armada mantendría su postura de manera “invariable” tras el primer bloqueo.

El 21 de septiembre pasado, se impidió el ingreso del juez Guzmán al archivo del Estado Mayor de la Fuerza Armada en San Salvador, bajo el argumento de proteger planes secretos.

Un grupo de organizaciones sociales pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a Bukele por la posible comisión del delito de “encubrimiento” de la masacre.

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.