La crisis política en Guatemala se agrava con el intento de expulsión de la comisión anticorrupción de la ONU

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala es una misión que funciona en Guatemala desde 2007 tras un acuerdo entre el Gobierno y Naciones Unidas y ha logrado poner fin a redes mafiosas dentro del Estado. Pero comenzó a incomodar al actual Ejecutivo a después de que el propio presidente, Jimmy Morales, algunos de sus familiares y poderosos empresarios fueran acusados de corrupción.

En agosto de 2017 la CICIG y la Fiscalía guatemalteca acusaron a Morales de haber cometido un supuesto delito de financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2015 que le dio la victoria. Desde entonces, los ataques del gobierno para desmantelar el organismo internacional no han cesado.

Morales decidió el pasado lunes dar por terminado el acuerdo con la CICIG y puso un plazo de 24 horas para que los funcionarios del organismo abandonasen el territorio.

El personal de la CICIG tuvo que dejar las instalaciones de la comisión y marcharse del país, pero a primera hora de este miércoles la Corte de Constitucionalidad, el órgano de justicia más importante de la nación centroamericana, otorgó un amparo provisional que suspende la decisión de Morales de terminar el acuerdo con la CICIG.

Parte de la ciudadanía guatemalteca considera que este tipo de decisiones contra la CICIG ponen en riesgo el orden constitucional y muchos temen que se puedan producir hechos de violencia, como ha ocurrido en los últimos meses en Nicaragua.

“Este golpe de Estado se está llevando a cabo de forma pausada. Ha sido fraguado con una intención perversa y organizada con el apoyo del sector empresarial y militar retrógrada que todavía quiere seguir manipulando las estructuras conservadoras de este país y que no quiere terminar con la corrupción”, cuenta a eldiario.es la abogada Mariana Rohrmoser, integrante del Frente Ciudadano Contra la Corrupción. La sociedad civil guatemalteca, asegura, está consternada debido a las “acciones dictatoriales que está llevando a cabo este gobierno y que pretenden romper el estado de derecho y el orden constitucional”.

Morales, el humorista que llegó al poder bajo el lema “ni corrupto ni ladrón” sabiendo explotar esa figura del “antipolítico”, lidera el derechista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), un partido creado por militares.

Para la activista Helen Mack es en parte “esa mentalidad autoritaria y contrainsurgente que caracteriza a los veteranos militares del partido gobernante” la que impide una buena relación con la sociedad civil. “Ellos nunca estuvieron interesados en tener una relación con la sociedad civil ni con organizaciones internacionales que piensen de forma diferente a ellos o que quiera pedir rendición de cuentas o sea crítica. La tendencia de este gobierno es seguir una línea proteccionista, nacionalista y de aislamiento”, asegura la presidenta de la Fundación Myrna Mack, que promueve la lucha contra la impunidad y la consolidación de la democracia en Guatemala.

Los principales apoyos del FCN-Nación provienen tanto del poder político como del económico. Esos dos poderes, explica por su parte el procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas, se han enriqueciendo históricamente de los recursos del Estado a través de hechos ilícitos. La corrupción era su modus vivendi, añade a este medio, hasta que la CICIG comenzó a descubrir casos y a procesar a personalidades destacadas, sin importar si se trataba del presidente, de familiares de este o de empresarios.

Para Rodas la decisión que tomó el Gobierno de expulsar a la CICIG no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia planificada ante la “desesperación” de esos sectores que están siendo investigados y procesados. Supone, además, un freno a la lucha contra la corrupción y la impunidad, “con todo lo que eso implica” en Guatemala, un país desgarrado por las consecuencias de un largo conflicto armado que se prolongó de 1960 a 1996.

Meses difíciles

La activista Helen Mack también considera que se trata de un golpe de Estado “a cuenta gotas” que se ha estado organizando durante los últimos 18 meses, desde que en 2017 el presidente Morales nombró persona no grata al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, a quien intentó expulsar del país.

En agosto de 2018, Morales dio un paso más allá y ordenó no renovar el mandato de la CICIG, cuyo plazo de permanencia culmina el 3 de septiembre del presente año. Poco después el mandatario prohibió entrar en Guatemala al comisionado Velásquez, aprovechando que este se encontraba de viaje en EEUU, pero la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ejecutivo no impedir su ingreso.

El 19 de diciembre Morales también ordenó la expulsión de 11 investigadores de la CICIG, aunque debido a las vacaciones de Navidad, estos ya se encontraban fuera del país. Aún así, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que dejaba en suspenso la decisión del presidente.

Tras las vacaciones, el pasado sábado llegó a Guatemala el primer investigador de la CICIG, el colombiano Yilen Osorio, quien fue retenido 25 horas en el aeropuerto antes de poder ingresar al país, pese a las disposiciones constitucionales. Este martes Osorio también abandonaba las instalaciones de la comisión junto al resto del personal.

Razones del Gobierno

La decisión más abrupta del gobierno llegó en la tarde del lunes, cuando el presidente justificó en una conferencia de prensa la expulsión anticipada de la CICIG aduciendo que “ha puesto en riesgo la gobernabilidad del país y ha violado leyes nacionales e internacionales”. La decisión del mandatario fue rechazada “enérgicamente” por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, quien confió en que Guatemala “cumpla con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo” y respete sus compromisos “para garantizar la protección del personal tanto internacional como nacional de la CICIG”.

El mandato de la CICIG, que se renueva cada dos años y ya ha sido prorrogado cinco veces, termina el 3 de septiembre de este año, tal y como recordó Guterres.

Desde el punto de vista jurídico, explica Rohrmoser a eldiario.es, es “una forma atroz” de romper con un convenio que ha sido legalmente ratificado, y por tanto, añade, deben respetarse cada una de sus cláusulas. “El convenio es bilateral, por lo que no puede ser denunciado de forma unilateral por el gobierno de Guatemala. El acuerdo previó desde sus inicios la forma de denuncia del mismo única y exclusivamente por parte de Naciones Unidas y tal vez algunas personas lo considerarán injusto o ilegal, pero así fue cómo se firmaron las condiciones y, como todo convenio de carácter internacional, debe respetarse”, insiste la abogada.

En sus doce años de operaciones en Guatemala, la comisión, en colaboración con la fiscalía, logró destapar grandes escándalos de corrupción y envió a prisión en 2015 a Otto Pérez Molina, quien fue presidente del país, y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ambos fueron condenados por un caso de defraudación aduanera que sacudió a todo el país, pues era el primero donde aparecían pruebas fehacientes de corrupción política.

Después de que este miércoles la Corte de Constitucionalidad haya suspendido la decisión que tomó el Gobierno de expulsar a la CICIG, las autoridades del país deberían acatarlo y permitir al personal de la comisión que se instale de nuevo en sus oficinas.