La memoria esclavista se blinda contra su derribo en Florida

La memoria confederada se resiste a desaparecer. Al menos en Florida. El Senado estatal debate en estos momentos una ley para proteger sus monumentos en la vía pública ante derribos. La que han denominado “Ley de protección y monumentos históricos” permitiría interponer demandas por cantidades tres veces superiores al valor de las reparaciones de los monumentos retirados. La legislación que han redactado los republicanos se refiere a placas, pancartas, banderas y estatuas que estén dedicadas a “una persona, entidad, evento o serie de eventos históricos que honran o relatan el servicio militar de cualquier personal militar pasado o presente”.

De esta manera, sin citar el motivo real de la norma, protegerían la presencia en la vía pública de las alabanzas al ejército que defendió la esclavitud. La pretensión es blindarse contra la destrucción de su historia, a la que llaman “lost cause”, en referencia a la teoría revisionista que justifica la guerra civil declarada por los estados sureños contra los del norte justificada en unos supuestos ideales constitucionales. Aunque la auténtica causa del levantamiento fue la defensa de la esclavitud. El senador Ron DeSantis, de 43 años, abre una nueva batalla cultural, en este caso para reivindicar la forma de vida de la antigua Confederación. Esta causa perdida es un argumento similar al que usan los franquistas cuando hablan de la guerra civil española como un “enfrentamiento entre hermanos”.

De momento, el Comité de Asuntos Comunitarios (de mayoría republicana) ha respaldado el proyecto de ley en la primera votación, celebrada el pasado cinco de abril. Con esta medida tratan de frenar las movilizaciones ciudadanas contra la alabanza, entre otros valores confederados, al supremacismo blanco.

Los que ya no son

El promotor de la ley es Jonathan Martin, senador republicano que representa a Fort Myers (ciudad del condado de Lee, en Florida, con una población superior a los 62.000 habitantes), defensor de estas estatuas de militares confederados porque ha asegurado que son un recuerdo de “quiénes éramos”. “Proporcionan un punto de partida de cómo comenzó y quién lideró nuestro país”, ha declarado al Miami Herald. Para los republicanos y los protectores de la memoria confederada se debe homenajear a la esclavitud sobre la que se fundó la democracia de los EEUU hace 400 años. Y que tuvo en Virginia uno de los mercados de esclavos más grandes del país que emergía.

El comisionado del condado de Santa Rosa, James Calkins, también apoyó la propuesta porque “tenemos un movimiento en este país para derribar y destruir monumentos históricos”, dijo Calkins también al Miami Herald. “Comenzaron con monumentos confederados. No terminó ahí. Cristóbal Colon. El próximo de George Washington. Y tenemos que proteger nuestros monumentos. Necesitamos proteger nuestra historia”, añadió para aferrarse al homenaje de una parte de la historia, que se hizo en los años cincuenta del siglo XX (casi un siglo después del final de la contienda). La historia del ejército confederado ha dejado un rastro de víctimas, que sus herederos no están dispuestos a seguir manteniendo en la vía pública.

No es la primera vez que los republicanos maniobran para tratar de amarrar a las calles una memoria insostenible para los descendientes de sus víctimas. En 1887 y 1890, en Richmond (Virginia) se firmaron sendos acuerdos para garantizar la permanencia eterna de la estatua del general confederado Robert E. Lee, en la vía principal de la ciudad. Ese acuerdo estipulaba que se mantendría, además de la estatua, el pedestal, con el propósito de “guardarlo fielmente y protegerlo con afecto”. Cuando Richmond anunció en 2020 que retiraría el monumento, se querellaron contra la maniobra que acabaría con el icono racista. 

Una política del pasado

La retirada estuvo precedida por un juicio que se convirtió en una acción ejemplar contra el racismo sistémico y contra sus símbolos públicos. A lo largo del proceso se demostró que Virginia no quería formar parte del pasado que defienden los confederados y el juez dictó a favor de la retirada de la estatua. En su sentencia, el juez Marchant aclaró que la Commonwealth of Virginia tenía autoridad legal para apear el monumento, después de argumentar con éxito que esos dos convenios firmados en el siglo XIX (que los demandantes habían utilizado para tratar de bloquear la retirada) “violarían la política pública actual de la Commonwealth of Virginia”. Marchant indicó en su dictamen que la política y la opinión pública de Richmond habían cambiado y que ya no se justificaba el mantenimiento de la estatua. Justo lo contrario a lo que tratan de instaurar ahora los senadores de Florida.

Los tribunales de Virginia sentenciaron en 2021 que esta no es una pelea por el pasado, sino por el futuro. Unos quieren petrificar sus ideas para la posteridad, los otros pretenden un futuro distinto, más justo, igualitario, plural y diverso. El juez Marchant despejó toda duda sobre la legitimidad de quienes tomaron partido en las movilizaciones que salieron a la calle a acabar con cualquier monumento público que no cumpliera con la misión política de representar su contemporaneidad cívica.

“La estatua de Lee ha ocupado un lugar preeminente y se ha mantenido como un monumento al pasado racista de Virginia durante demasiado tiempo y en el centro de nuestra ciudad”, dijo tras el derribo del monumento el Fiscal General de Virginia, Mark R. Herring. “Hemos ganado el caso de la estatua de Lee, después de que un juez haya determinado que su construcción se produjo en un contexto de supremacía blanca y que es contrario a la política pública mantenerla”, añadió en su comunicado. Es una postura contraria a las tesis que esgrimen los republicanos de Florida para proteger sus monumentos confederados.

El precio de los esclavistas  

La revista Smithsonian, en una importante investigación publicada en diciembre de 2018 y firmada por Brian Palmer y Seth Freed Wessler, recordaba que los centenares de monumentos confederados fueron erigidos y pagados con dinero público para rendir homenaje a una sociedad esclavista, con la intención de servir como contundentes herramientas de afirmación del dominio de la población blanca sobre la afroamericana.

Los periodistas también indicaron que desde su inauguración, estas estatuas habían sido denunciadas por las comunidades afroamericanas. Mucho antes de 2020. Lo más destacable que desveló el informe es que en la década de 2008 a 2018 se invirtieron 40 millones de dólares en monumentos confederados (estatuas, casas, parques, museos, bibliotecas y cementerios) y en organizaciones patrimoniales confederadas en Mississippi, Virginia, Alabama, Georgia, Florida, Kentucky, Carolina del Sur y Tennessee. Es decir, tampoco se trata de la defensa de un patrimonio cultural, sino de un patrimonio turístico muy beneficioso.

Estos hitos supremacistas se mantienen con el dinero de los contribuyentes norteamericanos. Los periodistas explican que los documentos fundacionales de estas instituciones protectoras de la memoria confederada “dejan claro que la Confederación se estableció para defender y perpetuar ese crimen de lesa humanidad”. Centros temáticos como el de Beauvoir (en Biloxi, Mississippi, donde se conserva la última casa del esclavista y presidente de los confederados, Jefferson Davis) juegan con la imaginación de los supremacistas blancos, porque representan lo que EEUU debería ser para un esclavista y lo que habría sido si no hubieran perdido la Guerra Civil.