Trump ha declarado la guerra al Estado de derecho... y no puede terminar bien

¿Los estadounidenses tienen todavía Gobierno? No lo sé. Lo que sí sé es que el presidente Trump y las altas esferas del poder ejecutivo están en guerra con el poder legislativo, el Estado de derecho, la constitución, los funcionarios públicos federales y el pueblo de Estados Unidos. Es un conflicto que tiene muchas dimensiones y si el presidente amenazó con una guerra civil como una posibilidad si no consigue lo que quiere, podemos considerar la situación actual como una guerra civil de baja intensidad o un golpe de Estado a cámara lenta que ha estado presente desde su investidura. La negativa de este martes de la Casa Blanca de cooperar con una investigación que abre la puerta alproceso de impeachment de Trump no hace más que intensificar su actitud desafiante y el caos.

Este caos se manifiesta de formas muy distintas. Son muchos los relatos que evidencian que incluso el círculo más cercano del presidente y los miembros de su gabinete lo tratan como a un oso cautivo o alguien que sufre una crisis psicótica; alguien inestable a quien hay que impedir que se autolesione o lastime a los demás. Con este objetivo, lo aluden sin cesar, y controlan y limitan la información que recibe. A menudo también hacen lo que pueden para que las órdenes del presidente no se cumplan.

No hace mucho el New York Times publicó un artículo sobre una reunión celebrada en marzo para hablar de la situación en la frontera con México. Según la versión de algunos asistentes, Trump “sugirió que dispararan a los migrantes en las piernas para frenarlos”. Cuando le dijeron que esto estaba prohibido, ordenó el cierre de la frontera. Esta orden desencadenó una “semana frenética de rabia presidencial, pánico del personal durante todo el día y un ambiente en la Casa Blanca más convulso del que hasta ese momento se conocía”. Al final de la semana, el presidente que todo lo improvisa había desistido de cumplir con su amenaza pero tomó medidas de represalia e inició una purga de los asistentes que trataron de frenarlo“.

Este es el tipo de historia a la que nos hemos acostumbrado; extravagancia, maldad e inanidad. Sin embargo, vale la pena analizar la situación bajo otro prisma; como el relato de un oso que ataca a lo que sea que esté a su alrededor y engulle las sobras que le dan de comer mientras aún está encadenado a la pared. Cuando nos referimos al “presidente” nos referimos realmente a las personas de su círculo que lo están manipulando, le mienten o le impiden saber o hacer algo. Estas personas a veces evitan una acción dañina o ilegal. No obstante, estos son la mitad del equipo “ejecutivo”. La otra mitad están al servicio de los intereses del presidente, y en este sentido el Gobierno federal se ha convertido en una sucursal del conglomerado empresarial de Trump.

Se supone que William Barr es el fiscal general de Estados Unidos, cuyo trabajo fue definido en la Ley Judicial de 1789 como “dar consejo y opinión sobre cuestiones de derecho cuando el presidente de Estados Unidos lo requiera”. Y, sin embargo, Barr ha estado recorriendo el mundo, promoviendo las teorías de conspiración egoístas del presidente y los rumores calumniosos de candidatos rivales. Todo ello supone una grave vulneración de sus funciones.

Mike Pompeo, el secretario de Estado, juró “apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales” y desde entonces se ha convertido en uno de esos enemigos al servicio de otros. Estuvo presente durante la llamada telefónica de julio en la que Trump le pidió al presidente ucraniano que investigara a uno de sus potenciales rivales en las elecciones presidenciales de 2020, el demócrata Joe Biden, y en la que le pidió que desmintiera que Rusia había interferido en las elecciones presidenciales de 2016. Todo parece indicar que a cambio Ucrania recibió cientos de millones de dólares de ayuda extranjera; dólares de los contribuyentes que estaban en manos del presidente Trump.

Hace unos días The Guardian publicó que Pompeo hizo oídos sordos a “las citaciones de los presidentes de los comités demócratas en la Cámara de Representantes para que cinco funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Estado testificaran sobre los intentos del presidente de presionar a Ucrania para que desenterrara los trapos sucios de su principal rival político”. Y el martes, el Departamento de Estado, liderado por Pompeo, impidió que el exembajador de la Unión Europea Gordon Sondland, implicado en el chantaje ucraniano, testificara ante el Congreso, una clara y abierta obstrucción a la justicia.

Durante años, la frase “el partido está antes que el país” ha servido para describir a los republicanos, pero en este momento se podría afirmar que una marioneta está antes que el país, porque el partido le es leal al intento corrupto, delirante y vacilante de Trump por mantenerse en el poder y fuera del alcance de la ley. Trump es leal a sí mismo, a sus intereses y a su próxima campaña política; y tal vez a Vladimir Putin, ante quien se arrastra frecuentemente, y a cuya agenda ha servido incluso cuando ha debilitado la relación de nuestro país con Ucrania y socavando cualquier investigación que sirviera para demostrar que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016.

Un reportaje del New York Times dio a conocer otro detalle que no resulta sorprendente: “en Ucrania, donde los funcionarios intentan por todos los medios no ofender al presidente Trump, el fiscal del Estado del país ha paralizado cuatro casos que involucran a Paul Manafort, exjefe de la campaña presidencial de Trump”. Se trata de un asunto demasiado delicado para un gobierno que depende en gran medida de la ayuda económica y militar de Estados Unidos, y muy consciente de la aversión de Trump hacia la investigación del fiscal especial Robert Mueller en torno a la “posible relación entre Rusia y su campaña presidencial”.

“En lo alto de la pirámide encontramos corrupción. En la base, desmoronamiento y caos. La administración Trump tiene la costumbre de despedir o marginar a aquellos cargos cuyo trabajo les resulta incómodo. En 2017, Joel Clement, exjefe de análisis de políticas en el Departamento de Seguridad Nacional, escribió acerca de que lo habían apartado de su trabajo, relacionado con el impacto del cambio climático sobre las comunidades nativas de Alaska. Le reasignaron ”un trabajo que nada tenía que ver con esta cuestión, en la oficina de contabilidad que recauda los pagos de impuestos de las compañías de combustibles fósiles“.

Encontramos muchos relatos como este, de empleados que aportaban valor y que tuvieron que irse a otras partes del país para mantener sus puestos de trabajo; una maniobra que en el mejor de los casos les genera ansiedad y que los hace ineficaces. Y en el peor, los aparta de sus funciones. En Estados Unidos hay una hemorragia y se está perdiendo a las personas que supervisan y mantienen en funcionamiento los sistemas clave.

La Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) normalmente tiene seis miembros y necesita cuatro para tener quórum; actualmente solo tiene tres y nada parece indicar que próximamente se vaya a producir otro nombramiento. “Sin el quórum”, informa el New York Times, “la FEC no puede investigar quejas, emitir opiniones o multar a los infractores”.

Anteriormente no me consideraba una gran defensora del Estado de derecho, ya que esas leyes siempre se han aplicado con dureza sobre los más vulnerables y marginados y a menudo se escribían para blindar el racismo, la misoginia y la homofobia. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a algo peor: la corrupción y el deterioro del Estado de derecho al servicio de los multimillonarios y de los misóginos supremacistas blancos, un sistema en el que los más poderosos ganan poder y no tienen que rendir cuentas ante nadie.

Estamos entrando en una era muy peligrosa en la que la estupidez y la crueldad de este presidente egoísta podrían conducir a casi cualquier cosa. De hecho, escribí esta afirmación antes de la decisión irresponsable sobre Siria y Turquía. El Congreso tendrá que oponerse con firmeza a todo lo que [Trump] desencadene. El hecho de que tengamos que confiar también en un Tribunal Supremo con dos magistrados nombrados por este presidente ilegítimo también es alarmante.

Pese a todo, no debemos perder la esperanza. Además de los tres poderes del Estado, hay un cuarto no oficial –la sociedad civil– que deberá hacerse oír. La voluntad del pueblo queda en una situación de vulnerabilidad cuando un gobierno no rinde cuentas, pero también es la fuerza que puede proteger un interés público en apuros. La pasividad y la desconexión con la clase política nos han llevado a la situación actual; el compromiso político puede ayudarnos a salir de ella.

Rebecca Solnit es columnista de la edición estadounidense de The Guardian.

Traducido por Emma Reverter.