Reino Unido ocultó durante años a la UE información sobre casi 200 asesinos y violadores condenados en el país

Las condenas de 109 asesinos, 81 violadores y un hombre culpable de ambos delitos en tribunales de Reino Unido no fueron comunicadas a los países de origen de la UE de los criminales por un fallo informático masivo y su posterior encubrimiento, según revela The Guardian.

Son los casos más graves de un total de 112.490 condenas penales sobre las que, durante ocho años, Reino Unido no informó a las correspondientes capitales debido a un error informático gigante que algunos temen puede haber puesto vidas en peligro.

El escándalo afecta especialmente a ciudadanos con doble nacionalidad, que no suelen ser deportados –ni siquiera después de haber cumplido largas condenas de prisión–. Esto ha dejado ciegos a los países miembros de la UE a la hora de saber si los condenados por esos delitos en Reino Unido han regresado a sus países.

La revelación pone a Reino Unido en una situación muy incómoda en un momento en el que la policía del país depende de la buena voluntad para el mantenimiento de la cooperación a la hora de compartir información con la UE tras quedarse sin acceso a las bases de datos comunitarias por el Brexit.

Estos son algunos de los hallazgos de la investigación:

- Han pasado al menos seis años desde que el Gobierno británico se dio cuenta de que estaba incumpliendo la legislación de la UE sobre notificaciones a los Estados miembros. En ese momento, el Registro de Antecedentes Penales elaboró un plan provisional para actualizar los informes, pero no llegó a ponerse en práctica por el miedo al “impacto en la reputación” de Reino Unido.

- Entre las personas sobre las que no se informó hay un grupo de 191 que incluye condenas por homicidio doloso con agravantes, por violación con agravantes, por homicidio doloso, por violación de un menor y por homicidio no doloso. De ellos, 109 son asesinos declarados culpables; 81, violadores; y “un sujeto fue condenado por los dos tipos de delitos”.

- Los Estados miembros de la UE no fueron alertados del problema hasta el pasado otoño una vez que The Guardian había publicado las actas incriminatorias de una reunión celebrada en el Registro de Antecedentes Penales.

“Es posible que en la cobertura de los medios de comunicación británicos a principios de año se hayan enterado de una cantidad de notificaciones que no fueron enviadas a los Estados miembros de la UE desde que en abril de 2012 se puso en marcha el sistema europeo de información de antecedentes penales”, decía la carta de la oficina británica de antecedentes penales enviada a los países comunitarios. “Se trata claramente de una cantidad relevante que tendrá un impacto sobre ustedes”.

- Del total de 112.490 condenas en los tribunales británicos no transmitidas a los Estados miembros de la UE, a fecha del 15 de febrero se habían notificado (con retraso) 81.706 casos, tal y como se deriva de la respuesta de Transparencia. Entre los 81.706 casos hay 19.565 de Polonia, 17.996 de Irlanda y 12.466 de Rumanía. El Registro de Antecedentes Penales de Reino Unido ha dicho que en las últimas dos semanas se han hecho otras 7.100 notificaciones.

- La falta de notificación afectó especialmente a los casos de ciudadanos de la UE con doble nacionalidad y a los de personas cuyas huellas dactilares no se habían incluido en el registro. Pero estos no son los únicos errores que han provocado la falta de notificación. Por ejemplo, a Polonia no le informaron de las condenas de 15 de sus nacionales porque en el ordenador central de la policía se habían registrado como originarios de las Islas Pitcairn (un territorio británico de ultramar).

Las autoridades sabían desde 2015 que el sistema daba muchos errores y que, por ejemplo, varios delincuentes condenados figuraban como procedentes de Isla Wake, un atolón diminuto del Océano Pacífico, cuando en realidad vivían en Wakefield (West Yorkshire).

El problema tuvo su origen en el ordenador central de la policía, una base de datos gestionada por el Ministerio de Interior que usan todas las fuerzas del orden de Reino Unido y que genera archivos diarios con las actualizaciones de las últimas condenas.

Cuando la condena recae sobre un delincuente extranjero, el organismo británico responsable del intercambio de información policial a nivel internacional (el Acro Criminal Records Office) está obligado por la ley de la UE a alertar a la policía del país de origen sobre los delincuentes condenados.

Hace seis años se identificó un grave fallo en el sistema y se avisó al Ministerio de Interior, según se desprende de los documentos obtenidos por The Guardian al amparo de la Ley de Transparencia.

El fallo informático

En una nota escrita el 10 de febrero de 2015 para la reunión estratégica de Acro se decía que muchos de estos boletines de actividad diaria (DAF, por sus siglas en inglés) no estaban siendo generados como se había previsto.

El fichero no se generaba cuando no se habían tomado huellas dactilares o cuando el delincuente tenía doble nacionalidad: se estaba “suprimiendo” en torno al 30% de los boletines.

Los ficheros tampoco se generaban cuando el delincuente figuraba como originario de una nación perteneciente a un grupo formado por 49 pequeños países actuales y 92 históricos (como Rodesia).

En las notas de la reunión queda claro que los máximos responsables del Registro de Antecedentes Penales habían llevado el tema hasta los altos cargos del Ministerio de Interior. “Se necesitarían fondos y recursos significativos para procesar los registros que faltan y el jefe de Acro ya ha empezado a coordinar con los colegas del Ministerio de Interior”, decía.

En un segundo informe interno de Acro se dice que en enero de 2017 enviaron una “solicitud de cambio” detallada al Ministerio de Interior para corregir el software que genera los archivos de actualización diaria, pero que la petición fue pospuesta.

La policía seguía sacándole el tema al Gobierno, pero nadie informó a las fuerzas de seguridad europeas, a pesar de la obligación legal. Una nota de una reunión de Acro en mayo de 2019 decía: “En el Ministerio de Interior hay nerviosismo por el envío de las notificaciones pasadas, que se remontan hasta 2012, debido al impacto que podría tener sobre la reputación”.

Sólo después de que The Guardian destapara hace un año el escándalo de las alertas perdidas, los ministros informaron al Parlamento y se comprometieron a encontrar una solución. En aquel momento se estimaba que el número de registros perdidos era de 75.000.

“Cuando una de estas personas cometa un delito muy grave, todo el mundo se indignará y se preguntará cómo fue posible que no lo supieran”, dijo la eurodiputada holandesa Sophie in 't Veld, integrante de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior en el Parlamento Europeo.

Según In 't Veld, el escándalo hace dudar sobre el cumplimiento de Reino Unido de los acuerdos de seguridad e intercambio de información negociados en el Brexit. “Estoy preocupada y estoy irritada, ¿de qué sirve un acuerdo si todavía no se ha secado la tinta y ya lo están incumpliendo”, dijo. “Reino Unido ya incumplía con sus obligaciones cuando era miembro de la UE y ahora tenemos menos medios para hacer que cumpla”.

Lord Kennedy of Southwark, un portavoz de Interior en la oposición al gobierno británico, dijo estar “horrorizado por la revelación” de los “fallos catastróficos del Ministerio de Interior a la hora de notificar a otros países europeos sobre las personas condenadas por los delitos más graves, entre las que hay violadores y asesinos”.

“El daño a la reputación de la policía británica de no haber enviado esos informes y del encubrimiento del Ministerio de Interior no puede ser mayor”, dijo.

“El Ministerio de Interior ha estado trabajando con Acro a buen ritmo para garantizar que los datos necesarios se compartan con los Estados miembros afectados”, ha afirmado un portavoz del gobierno.

“En su mayoría ya han sido emitidos y estamos trabajando en los archivos de datos que faltan, que requieren una cuidadosa intervención manual. Todos los individuos relacionados con estos informes se han enfrentado a la justicia del Reino Unido y han recibido la sentencia que les correspondía”.

Traducido por Francisco de Zárate