El único testigo del asesinato de Berta Cáceres teme que quieran incriminarlo

Preocupado por la posibilidad de que le inventen una causa para incriminarlo, el abogado que representa al único testigo en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres pide al Gobierno mexicano que brinde a su cliente una salida segura de Honduras.

Gustavo Castro Soto, coordinador de Amigos de la Tierra México y director de la ONG Otros mundos con sede en Chiapas, sufrió heridas en el mismo ataque en el que fue asesinada Cáceres, ganadora en 2015 del premio medioambiental Goldman.

Colega y amiga de muchos años, Cáceres murió en brazos de Castro justo antes de la medianoche del 2 de marzo en su casa de La Esperanza, al noroeste de Honduras.

Castro sobrevivió porque se fingió muerto. Antes de que lo dejaran en libertad para regresar a México, tuvo que responder durante 48 horas a las preguntas de la policía. Pero el 6 de marzo, luego de que los investigadores obtuvieran una orden judicial para que el activista permaneciera en Honduras ayudándolos en la investigación, la policía lo detuvo antes de abordar su vuelo. Como primera medida, la orden le impedía dejar el país por 30 horas. Luego se extendió a un mes.

Desde ese momento, Castro, casado y padre de cuatro hijos, ha estado viviendo en la residencia del embajador mexicano en Tegucigalpa, capital de Honduras, por razones de seguridad. No se le ha pedido que brinde más ayuda a los investigadores, excepto que se mantenga localizable.

En una entrevista con the Guardian, su abogado, Miguel Ángel de los Santos, asegura estar preocupado por la seguridad de Castro y pide la intervención del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto: “Hay mucho temor porque en Honduras hay una falta total de seguridad y mucha impunidad. Además, culpar a alguien del entorno de Berta sería lo más fácil y cómodo. Necesitamos que los máximos responsables de los asuntos diplomáticos actúen para que Gustavo vuelva a casa”.

Según el abogado, la ley de Honduras no impide “a los testigos y víctimas de crímenes que abandonen el país”: “La detención de Gustavo es completamente ilegal y arbitraria”.

Una noche trágica

Castro llegó a Honduras el 1 de marzo para dictar unos talleres sobre energía en la organización de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Hacía años que venía trabajando con COPINH, la organización cofundada por Cáceres hace 22 años para defender el territorio de la comunidad indígena Lenca.

Según el relato de Castro a de los Santos, esta es la cronología de los hechos: el 2 de marzo, Cáceres lo invitó a quedarse con ella para seguir trabajando durante toda la noche. Regresaron a la casa alrededor de las siete y media de la tarde, cenaron, y luego se quedaron trabajando en el patio hasta las diez menos cuarto de la noche, hora en la que cada uno se fue a su habitación.

Cerca de las 23.45, Castro, que estaba trabajando con su portátil desde la cama, escuchó ruidos provenientes de la calle. Oyó a Cáceres preguntar “¿Quién anda ahí?”. Segundos después, abrían de una patada la puerta de la cocina. Uno de los agresores entró en la habitación de Castro con un revólver en la mano. El activista mexicano le rogó que se calmara.

Oyó tres disparos provenientes de la habitación de Cáceres y, en ese momento, el agresor empezó a dispararle. Dos balas le rozaron la oreja y la mano izquierda. Castro cayó al suelo y se fingió muerto.

Los agresores huyeron y Castro corrió hacia donde se encontraba Cáceres. Le habían dado en el corazón, en el brazo izquierdo y en el estómago. Estaba sangrando abundantemente. Castro alcanzó a pedir ayuda, pero según su relato, Cáceres murió casi en el acto.

Seguidores de ambos activistas han planteado serias dudas sobre la imparcialidad de la investigación y el arresto de Castro. Según de los Santos, un acuerdo bilateral entre México y Honduras implica que Castro podría continuar colaborando con los investigadores desde su hogar en San Cristóbal. Pero el gobierno de Honduras ha rechazado los pedidos de una investigación independiente supervisada por expertos internacionales.

Entre 2010 y 2015, al menos 109 personas fueron asesinadas en Honduras por oponerse a proyectos de infraestructura y explotación forestal. Según la ONG Global Witness, Honduras se ha convertido así en el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente.

Traducción de Francisco de Zárate