Democracia o ley del más fuerte

La presión de Estados Unidos sobre Venezuela no puede explicarse únicamente por el petróleo ni por el narcotráfico. La estrategia impulsada por Donald Trump es, ante todo, política, y se integra en una agenda más amplia: derribar a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua; reafirmar el dominio estadounidense en América Latina; contener la influencia de China; y reforzar posiciones internas en clave electoral. Se trata de una lógica de poder que reabre un intervencionismo que creíamos superado y que amenaza el orden internacional basado en reglas.

El régimen de Nicolás Maduro es una dictadura. Ha vulnerado derechos fundamentales, perseguido a la oposición y quebrantado la voluntad popular al no verificar un resultado electoral. Reconocerlo es una obligación democrática. Pero combatir una tiranía no legitima cualquier medio. Una intervención militar ilegal, al margen de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, no es la solución: sustituye un abuso por otro y degrada el marco jurídico que protege a las democracias liberales, que están en grave riesgo de retroceso por la amenaza del imperialismo del magnate americano.

Lo que está en juego no es solo el futuro de Venezuela. Asistimos a un intento de imponer la ley del más fuerte como principio rector de las relaciones internacionales. Bajo esta lógica, Estados Unidos debería asegurar su hegemonía controlando “su” hemisferio y el Pacífico, recurriendo al proteccionismo, la presión política y la amenaza del uso de la fuerza. La presión sobre Caracas encaja en ese plan: alinear gobiernos latinoamericanos, disciplinar a la región y escenificar poder enseñando los dientes a China.

Sin reglas no hay civilización política. En un mundo gobernado por la fuerza bruta, España y Europa siempre perderán. Defender ese escenario, como está haciendo la derecha y ultraderecha española, no es patriotismo, sino una renuncia consciente a nuestros intereses y a nuestros valores. Conviene que lean, con todas las reservas, la posición de Le Pen en Francia. La disyuntiva de nuestro tiempo es clara: democracia o involución; multilateralismo con reglas o jungla internacional.

Ser demócrata hoy exige coherencia. Significa denunciar a Maduro como dictador y, al mismo tiempo, condenar cualquier vulneración del derecho internacional, venga de donde venga. No hay buenas noticias cuando la caída —real o simbólica— de un tirano se produce al precio de consagrar a otro que desprecia la legalidad internacional y la soberanía de los pueblos. Venezuela no necesita tutelas ni colonizaciones, sino una desescalada que permita una transición democrática, pacífica y acordada, con garantías y acompañamiento internacional. Que se respete la voluntad de su pueblo. No vaya a ser que, las expectativas creadas, que pasan por la libertad y la democracia, queden en un mero acuerdo comercial y geoestratégico.

Europa debe extraer conclusiones de este escenario. El orden multilateral se erosiona cuando se normaliza el unilateralismo sin reglas y la diplomacia cede terreno a la amenaza. Por eso, la Unión Europea necesita fortalecer su autonomía estratégica y su capacidad de defensa, no para confrontar, sino para proteger la democracia, el derecho internacional y el propio proyecto europeo. La alianza atlántica solo tiene sentido si se basa en valores compartidos y en el respeto a las normas que garantizan la paz y la cooperación. ¿Qué posición defenderemos si la amenaza de ocupar Groenlandia se cumple? 

Desde La Rioja, desde España y desde Europa, debemos defender una idea simple y exigente: la democracia no se exporta con cañones ni se protege con abusos. Se construye con instituciones sólidas, derechos, cooperación entre naciones y respeto a la legalidad internacional. Ese es el patriotismo europeo que debemos reivindicar. Y ese es el compromiso que hoy, más que nunca, debemos sostener.