Por la justicia en Acteal

Hace 12 años, el municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, vivió una gran masacre. La comunidad de Acteal vio como varios grupos armados y paramilitares asesinaban a 45 indígenas tzotiles. La investigación posterior que llevó a cabo la Procuraduría General de la República mexicana acabó por condenar a unos 80 individuos indígenas de comunidades vecinas implicados directamente en el ataque.

En aquel entonces, según afirma Amnistía Internacional , “catorce funcionarios menores purgaron sentencias de entre tres y ocho años de cárcel por homicidio y lesiones por omisión o por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, funcionarios de más alto rango y miembros del ejército nunca han rendido cuenta de su implicación en el caso”.

Ahora la Corte Suprema de Justicia de México ha decidido liberar a 20 de estos condenados por irregularidades en la obtención de pruebas en la investigación y en el proceso judicial. “Esta es otra muestra de las graves deficiencias del sistema de justicia mexicano que parece incapaz de investigar, procesar y sancionar por medio de un juicio justo a los responsables de violaciones de derechos humanos”, dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional.

Según información recogida por Amnistía Internacional, las irregularidades en las investigaciones del caso Acteal, y muchos otros, han sido aparentes desde el inicio y han llevado a la emisión de sentencias sin solidez que pueden ser desechadas, dejando los casos impunes.

La organización pro derechos humanos denuncia ante la opinión pública esta situación y solicita a las autoridades mexicanas una nueva investigación independiente sobre lo ocurrido.

“Es esencial que la masacre de Acteal se esclarezca inmediatamente, que se sancione a todos sus responsables a través de juicios justos y que se reparen los daños ocasionados”, dijo Rupert Knox. “Sin justicia, se está condenando a la comunidad al peligro de más violencia.”