Coche, casa y centro comercial: el urbanismo del PP en Madrid o por qué siempre vivirás a una hora del trabajo

“En la Comunidad de Madrid, el modelo de ocupación del territorio en las dos últimas décadas ha obedecido a factores de oferta del mercado y no a las necesidades de la población. Esto provoca un consumo de suelo y de recursos que conducen a una sobreexplotación insostenible”.

Estas dos concisas frases abren la tesis del que fuera subdirector regional de planificación de la Comunidad. Alberto Leboreiro, doctor en ordenación del territorio y recién jubilado, estuvo casi treinta años en el cargo: cinco con el PSOE de Leguina y 25 con el PP. Su tesis sobre Madrid es de 2015 y analiza el urbanismo de los veinte años anteriores

Leboreiro sostiene que, en ausencia de un plan regional —una estrategia maestra, con visión a largo plazo, que indique hacia dónde deben ir las cosas— la “postura neoliberal” se ha limitado a controlar si el planeamiento de cada Ayuntamiento es legal. Los municipios compiten entre ellos por llevarse desarrollos. La legislación se modifica a petición de grupos interesados. Este proceso conlleva un despilfarro en la ocupación del suelo.

El crecimiento es disperso, de baja densidad, periférico y provoca un aumento del coche en detrimento del transporte público. Sin políticas de vivienda pública y con un 'boom' inmobiliario de por medio, los precios se disparan y la sociedad es cada vez más desigual.

“Cualquier clasificación de suelo necesita demanda real. Se ha clasificado suelo en exceso y no en las mejores posiciones. La falta de planificación te lleva a casos como el del Pocero, en Toledo: se construyen ciudades nuevas sin transporte público, sin servicios y que dependen de Madrid”, apunta Leboreiro a eldiario.es. “Madrid ha carecido de plan desde siempre. Se ha ocupado el territorio sin visión global”. Aunque hubo cinco intentos entre 1984 y 2003, ninguno tuvo fortuna. “Esa frase se dijo: 'el mejor plan es el plan que no existe'. Sin visión, surgen ocurrencias como la creación de una campiña inglesa o ciudades de baja densidad”, añade.

Leboreiro no es el único que habla de la importancia del plan. Enrique Porto fue director general de Urbanismo con Aguirre y opina igual. “Imprescindible. El plan regional es imprescindible. No se ha hecho porque es muy difícil. Yo lo intenté y no fui capaz. Los municipios, por pequeños que sean, tienen competencias de ordenación urbana y no hay forma de ponerles de acuerdo”. El transporte público sí está regido por un consorcio regional pero, como reconoce Porto, “no mueve tanto dinero como el urbanismo. Hubo un 'boom' inmobiliario enorme y el urbanismo era lo más importante. Es dificilísimo”. Bienvenidos a la Comunidad de Madrid, la suma de todos.

“Siempre dudo de qué capacidad tienes de marcar camino desde dentro cuando te imponen una visión política. He visto la evolución de compañeros de la Consejería de Medioambiente, que abogaban por protegerlo, y han hecho un ejercicio de resistencia. En Madrid hay mucho campo y la visión de Esperanza Aguirre es absolutamente liberal, contraria a la planificación”, señala Marian Simón, profesora e investigadora de Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Madrid. “Y menos mal que teníamos Ley del Suelo. Hubo intentos de planes, pero nunca han prosperado. En Francia están obligados a ponerse de acuerdo en áreas metropolitanas, se entiende que los municipios no pueden funcionar autónomamente porque las decisiones que toma uno repercuten sobre el resto. Esto choca con la visión del PP”.

La Comunidad ha vivido un crecimiento excepcional, pasando de 5 millones de habitantes en 1996 a 6,6 millones en 2019. Ese año se produjo su 'sorpasso' al PIB de Cataluña: ya es la comunidad que más aporta al PIB español. Madrid se beneficia del efecto capital y de una tendencia global, las megaurbes. El problema, señalan los consultados, es que ese crecimiento no va acompañado de una planificación metropolitana integral — a diferencia de las que hay, por ejemplo, en Londres (Greater London) o París (Île-de-France). La buena noticia es que el área metropolitana de Madrid coincide con su división administrativa y ya existe un órgano superior: el Gobierno de la Comunidad.

Un ejemplo para entenderlo es la demanda que puso Alcorcón al Ayuntamiento de Madrid en 2016 por su protocolo anticontaminación, considerando que atentaba “contra la Constitución”.

Alcorcón, como tantas ciudades madrileñas, desarrolló a principios de siglo un enorme ensanche tipo PAU: de grandes avenidas, manzanas cerradas, no integrado en el casco urbano, lejos de las estaciones de metro y tren, con una única línea de autobús y salida directa a la autopista. ¿Resultado? Sus habitantes dependen del coche—el 64% de los trayectos se hacen así— y, además, la mayoría trabajan en Madrid capital. El protocolo les obligaba a desplazarse de otra manera.

El diseño del ensanche de Alcorcón y la desigual redistribución de los centros de trabajo impactan en la contaminación que recibe Madrid, que termina siendo demandada por remediarlo. ¿No sería lógico que una Administración superior armonizara para evitar estos problemas? En eso consiste un plan regional.

“La competencia entre municipios existe, pero es muy irreal. Otro ejemplo es Perales de Tajuña, que periódicamente plantea crecimiento industrial porque tiene suelo”, continúa Marian Simón. “Entre Madrid y Perales está Arganda, que tiene suelo industrial vacío. ¿Cómo vas a competir? Que clasifiques suelo no significa que la inversión vaya a llegar. Además, Madrid compite como uno más. Solo consiguen entrar los que ya tienen condiciones de centralidad”.

La Warner, el Xanadú y los megaproyectos de Gallardón

En 2001 se aprobó la vigente Ley del Suelo. El final del mandato de Gallardón en 2003 coincide con el inicio del 'boom' inmobiliario, cuyas actuaciones dejó preparadas o en tramitación. “Con Gallardón empieza a gestarse. Entre el 95 y el 97 se aprobaron varios planes generales y grandes bolsas de suelo: Boadilla, Pozuelo, los PAUs de Madrid y sus desarrollos del este, Móstoles, Alcorcón, Parla...”, resume Nines Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción en la Comunidad. “Pero la hecatombe del urbanismo más horripilante llega con Esperanza Aguirre”.

La época de Gallardón destacó por los grandes proyectos con la participación de la empresa pública Arpegio. Esta compraba, recalificaba y vendía suelo bajo la batuta del consejero de Obras Públicas, Luis Eduardo Cortés.

El Parque Warner es un buen ejemplo. Arpegio compró los terrenos en 1996 y buscó inversores. Convenció a Time Warner —que entró porque no debía poner casi dinero— y lo inauguró en 2002, con ampliación de Cercanías incluida. El parque no atrajo tantos visitantes como esperaba y en 2006 Aguirre se deshizo de él vendiendo su participación a Fadesa. El ramal de Cercanías cerró en 2012 porque apenas tenía viajeros. Finalmente, tuvo que ser Parques Reunidos, propietaria del Parque de Atracciones, la que se hiciera cargo de su gestión.

Xanadú, una gran pista de nieve artificial cubierta situada en un complejo comercial, fue otra de las niñas bonitas de Gallardón. Los terrenos también fueron comprados, recalificados y vendidos por Arpegio, con plusvalía para la Comunidad. El expresidente solía hablar de la Warner y el Xanadú como proyectos de “equilibrio social”, ya que al estar en el sur compensaban el tradicional peso económico del norte. Xanadú está en Arroyomolinos, un municipio cuyo crecimiento proyectaron Arpegio y Gallardón bajo esa misma idea de reequilibrio. Lo declararon Zona de Gran Afluencia Turística para que el centro comercial pudiera abrir domingos y festivos.

Hoy Arroyomolinos es un claro caso de urbanismo del PP: coches, chalets y centro comercial. La población se multiplicó por once entre 1996 y 2018, pasando de 2.700 habitantes a casi 30.000. El 77% de los trayectos se hacen en automóvil. Entre 1994 y 2014, el porcentaje de vivienda unifamiliar aumentó en un 180%. Los grandes centros comerciales, por otro lado, también se han convertido en seña de identidad madrileña.

“Pasamos de dos o tres en el 87 a más de cien en la actualidad”, indica Leboreiro. “Y cada uno tenía que ser más grande que el anterior. Se produce una mutación del centro alimentario hacia el mobiliario, de vestir y ocio. Cuelgan de autopistas, no pueden ser servidos por el transporte público y encima están alejados de donde vive la población. Si quitas el comercio y lo concentras en un único punto, creas calles menos apetecibles porque la diversidad es un muro de ladrillo”.

Aguirre, el suelo y la campiña inglesa

“Esperanza Aguirre entró al Gobierno con un objetivo: hacerse con el poder del suelo”, considera la portavoz de Ecologistas. Una de sus primeras iniciativas fue fusionar las consejerías de Medioambiente y Ordenación del Territorio (hasta entonces, Obras Públicas, Urbanismo y Transportes).

“Los informes de Medioambiente son vinculantes, si son negativos no puede aprobarse un plan”, añade Simón. “Su manera de neutralizarlo es juntarlo. Con Gallardón había cierto papel del desarrollo sostenible, muy entre comillas. Aguirre entró sin complejos, recortando obligaciones a la propiedad privada. Todas las modificaciones de la Ley del Suelo iban en la misma dirección”.

Enrique Porto dirigió la consejería entre 2003 y 2006. Dimitió tras publicar El País que había redactado planes urbanísticos que recalificaban terrenos de su propiedad. Fue imputado, pero la causa quedó archivada. “Yo era una persona técnica. Cuando iba a una comisión de 'politiquillos', los ponía en tierra. Eso me creó muchos enemigos dentro de la política”, explica a este diario. “No tenía necesidad de aguantar salir en la prensa cada día. Dimites y te quedas tan tranquilo”.

Porto pone en contexto las actuaciones de Aguirre. La expresidenta hizo 18 modificaciones de la Ley del Suelo y aprobó la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (ViRuS), que permitía construir en parcelas rústicas de más de seis hectáreas. Una de las modificaciones más polémicas fue la limitación de hacer edificios de más de tres plantas en nuevos planes generales. Esta última idea se ha relacionado con la 'creación' de potenciales votantes de derechas: aquellos que vivieran en áticos con terraza o bajos con jardín.

“Eso me lo dijo un concejal de Majadahonda. Fue la típica cosa que venía mal a todo el mundo, salvo a Esperanza Aguirre. Ella quería montar una ciudad bajita, estilo americano, sin tener en cuenta la necesidad de una ciudad compacta y densa”, argumenta el arquitecto Fernando Caballero. “El punto objetivamente bueno es que la proporción de potenciales votantes del Partido Popular aumenta: en tres pisos pones una vivienda con jardín, como un chalé. Y en el ático, una terraza estupenda. Nadie es derechas por tener un chalé, pero yo de lo que hablo es de un factor sutil, muy psicológico, que entendieron muy bien”.

“Aguirre estaba asustada”, matiza Porto. “Temía que apareciese algún ayuntamiento con un plan como el del Pocero en Seseña y tuviese follón en la prensa. La Comunidad no tiene capacidad de ordenación pero sí de legislar, así que modificó la ley para aplicar lo de las tres plantas. ¿De dónde salía? Tanto el Plan Cerdá como el barrio de Salamanca estaban proyectados con tres plantas. Y era algo normal en municipios pequeños. Hubiera sido una barbaridad en Madrid y ciudades grandes, pero en el resto estaba bien”. Madrid seguía (y sigue) con el Plan General del 97, así que no le afectaba. La norma se derogó en 2015.

Hay quien interpreta estos proyectos de Aguirre como que lo que ella tenía en mente era crear una campiña inglesa en Madrid. “Era su idea desde el primer momento”, continúa Porto. De eso iba la Ley ViRuS. “En la Comunidad hay mucho suelo protegido, más del 60%. Ella planteaba que pudiesen hacerse viviendas unifamiliares en parcelas grandes. Era una forma de conservar gratuitamente el medioambiente, porque el propietario lo va a cuidar. Yo siempre consideré que era una barbaridad medioambiental. No se hizo mientras fui director, aunque ella lo repetía”. La ley se derogó en 2016.

El control de los Ayuntamientos sobre su suelo y la posibilidad de reclasificarlo y obtener con ello grandes beneficios provocó, en la Comunidad y en toda España, múltiples casos de corrupción.

La lista de municipios madrileños con irregularidades es larga: Ciempozuelos, Tres Cantos, Villanueva de la Cañada, Aldea del Fresno, Leganés, Getafe, Miraflores, Alcorcón... Dentro del Gobierno regional, la expresidenta y sucesor, Ignacio González, instauraron la 'cláusula del 1%', que obligaba a las empresas adjudicatarias de obra pública a abonar ese porcentaje del presupuesto para sufragar campañas publicitarias del partido.

“Mucho de ese dinero entra gracias a la actividad urbanística y de grandes infraestructuras”, resume Nieto. “Durante la burbuja se produce un desarrollo bestial: autopistas, radiales... Está muy ligado al desarrollo de grandes proyectos urbanísticos: te inventas que necesitas nuevas radiales para nuevo tráfico porque sigues colapsando las zonas”.

Las tendencias urbanísticas de los últimos 25 años en la Comunidad se resumen en dos. Uno, los Programas de Actuación Urbanística o PAUs —tanto en Madrid ciudad, con Sanchinarro, Montecarmelo, etc. como en otras ciudades— y dos, los chalets. “Ha habido dos procesos de crecimiento: uno muy fuerte en el 95 y otro a partir de 2005”, resume Leboreiro. “La vivienda unifamiliar jugó un papel importante, junto a los modelos de grandes ensanches, absolutamente desproporcionados”.

Su tesis da buena cuenta del 'boom' de los chalets. Especialmente en los municipios del oeste: Boadilla del Monte, Las Rozas, Villaviciosa de Odón, Majadahonda, Villanueva de la Cañada y Pozuelo de Alarcón. “Es de destacar, y no es casualidad”, indica, “que estos se encuentren entre los lugares con más renta por hogar de España”. “También es verdad que municipios como Rivas, de izquierdas, apostaron por el mismo modelo”, añade Simón. Eso ha cambiado el perfil de votante, porque ha atraído a una población que se parece a esa burguesía a la que le gusta tener su casita con jardín“.

Porto calculó que Madrid podría llegar a un tope de 12 millones de habitantes. “Protegiendo todo lo que hay que proteger, ese es el límite”, concluye. La portavoz de Ecologistas en Acción considera que el futuro no está ya en los grandes desarrollos, sino en “desmantelar lo construido. Interesa poner la ciudad al servicio del turismo: hoteles, uso terciario y comercial”. Cree que las modificaciones de la Ley del Suelo publicitadas por Ayuso irán en esa línea. “Flexibilización para conceder licencias, cambios de uso, reducción de cesiones... En suelo rústico, actuaciones que puedan interesar a propietarios: centros de bodas, de alto 'standing' para la tercera edad. Y en urbano, a por lo que han hecho en Canalejas. Se va a llenar de Canalejas la ciudad”, zanja.

Mientras, Leboreiro confía en que algún día haya plan. “Esto te da un marco estable a largo plazo, a treinta o cuarenta años. Pero es difícil de negociar: lleva mucho tiempo y desgasta. Supongo que es el principal factor por el que no llega a desarrollarse”, concluye. “El plan de Ámsterdam habla de tener todo a treinta minutos. Que puedas vivir, trabajar y acceder a todo lo que necesitas en ese tiempo. ¿Qué hace falta? Una visión integrada de medioambiente, transporte, vivienda e infraestructuras. Los crecimientos periféricos no conducen a nada”.