“La auditoría no puede determinar si una parte de la deuda de Madrid es ilegítima”

La economista Bibiana Medialdea es la coordinadora del Consejo Asesor de la Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. El organismo, formado por un grupo de personas expertas en análisis de políticas públicas con perspectiva social, medioambiental y de género, tendrá una labor fundamental en la investigación que el consistorio está llevando a cabo sobre la deuda y las políticas que han regido la ciudad en los últimos años. Medialdea es profesora de la Universidad Complutense, coordinó el libro Qué hacemos con la deuda y fue una de las autoras, junto a María Pazos, del documento de economía de los cuidados que encargó Podemos el año pasado. 

¿Qué es lo que se audita, qué buscan exactamente en su investigación?

Hay dos grandes ideas que tenemos que desterrar, porque se suele identificar auditoría con deuda y con lo financiero y con el impago. Lo que nos proponemos es más amplio. El Ayuntamiento no tiene un problema de sostenibilidad financiera, aunque también lo estamos revisando desde esa perspectiva, y si hay irregularidades se pondrán en conocimiento. Sin embargo, tenemos indicios de que ha habido otros impactos de tipo social, medioambiental y de género que han sido consecuencia de políticas municipales mal orientadas o faltas de recursos. Queremos identificar esos impactos que hayan podido tener un efecto lesivo en la ciudadanía, identificar las malas prácticas que los han generado y hacer recomendaciones para evitarlas en el futuro.

¿Y cuál es la función del Consejo que coordina?

El mandato que tenemos, porque estaba en el programa de Ahora Madrid y así se aprobó en pleno municipal, es auditar las políticas municipales de las dos últimas legislaturas. Lo que se dice es que sea una auditoría ciudadana. El tema lleva mucho tiempo siendo consigna reivindicativa de movimientos sociales pero jamás una institución pública en el Gobierno había concretado eso. Cuando el Área de Economía plantea hacerlo piensa que en el fondo se trata de hacer una investigación sobre las últimas legislaturas y ver el impacto de las políticas municipales.

Por un lado, está la subdirección de auditoría de deuda y políticas públicas, con personal municipal experto en Derecho que tiene capacidad de revisar en términos financieros y legales lo que ha pasado. Pero nuestro análisis no trata solo del impacto financiero, sino del impacto social, medioambiental y de género, y el Ayuntamiento no tiene trayectoria ni personal para hacer esto. De aquí surge el consejo académico, con perfiles profesionales independientes para que nos oriente y nutra con recomendaciones y estudios. 

¿Este análisis podría acabar con la conclusión de que una parte de la deuda es ilegítima? ¿Qué les llevaría a decir que una parte de la deuda lo es?

No podemos llegar a esa conclusión. Consideramos que decir que una deuda es legítima o ilegítima es algo que no puede determinar el proceso de auditoría, en todo caso tendrá que determinarlo la ciudadanía. La legitimidad es un concepto político que entraña un componente moral. No tenemos ese objetivo. Lo que vamos a hacer es dar información para que en su caso la ciudadanía se pueda formar una opinión sobre la deuda y las políticas públicas. Si, por ejemplo, vemos que una política determinada ha dificultado el acceso de un colectivo específico a un servicio concreto, vamos a informar de ello. 

El propio concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, dijo que hasta el 80% de la deuda podría ser ilegítima. ¿Podría el Ayuntamiento usar su auditoría para quizás iniciar algún otro proceso que defina la deuda del consistorio?hasta el 80% de la deuda podría ser ilegítima

Lo importante es recalcar que el equipo de auditoría no puede tomar esas decisiones, otra cosa es que la auditoría prepare el terreno para que el gobierno municipal abra consultas para ello, pero eso no formaría parte de la auditoría. Si el gobierno municipal tiene voluntad de ello, nosotros habríamos generado información para que la gente se forme una opinión al respecto. 

Entonces, ¿ve poco probable que el resultado de la auditoría derive en algún tipo de impago?

Dependería de la voluntad del gobierno municipal, pero no es la preocupación que nos está guiando en la investigación. Y por los resultados preliminares vemos que van a ir más en la dirección de cuestionar las políticas públicas.

¿Cómo se mide el impacto medioambiental o de género en las políticas públicas?

Lo primero que estamos haciendo es una definición metodológica. Puede ser, por ejemplo, el cambio de unas condiciones en una contrata en un centro cultural que hace que determinado colectivo de mujeres no disfrute de un servicio. Hay un caso muy claro: para medir el impacto de género sabemos que hay áreas estratégicas que no están bajo el epígrafe de igualdad, como es la educación infantil y la dependencia. Estamos haciendo un diagnóstico de las necesidades que hay en la ciudad de Madrid respecto a esos servicios, qué recursos y qué orientación se les ha dado. Qué política ha desplegado el Ayuntamiento para atender esa competencia y hasta qué punto están contribuyendo u obstaculizando la igualdad de género. En cuanto al impacto medioambiental tampoco se trata de ir solo al epígrafe de medio ambiente, nos encontramos que puede haber grandes proyectos de inversión o el modelo de movilidad con un impacto muy fuerte. 

Si la auditoría es ciudadana, ¿de qué forma va a participar la gente?

Queremos hacer campañas de divulgación con los resultados que vayamos obteniendo. Una de las cosas en las que nos asesora el consejo es en esas campañas sobre el impacto medioambiental o de género que han tenido algunas políticas. El área de Participación Ciudadana también está involucrada en la auditoría. Lo que queremos abrir es una vía de diálogo en septiembre u octubre para que la gente pueda participar en el proceso identificando casos, aportando indicios... 

¿Cómo se hará?

Se va a generar una página web para que la gente pueda estar al tanto de cómo avanzan las investigaciones y se puedan mandar informaciones. También habrá una parte presencial que articularemos a través de los distritos. El Ayuntamiento quiere que haya unos foros locales que, a través de las juntas de distrito, tengan capacidad para convocar mesas sectoriales. Trataremos de dinamizar que en todas las juntas haya una mesa de participación de auditoría. 

¿Por qué la auditoría solo se hace de las dos últimas legislaturas?

Por mandato del pleno municipal, y a mí cuando me hacen el encargo. Fue aprobado por Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos. En cualquier caso nos estamos encontrando que para muchas cosas aunque pongamos el zoom de la investigación en las dos últimas legislaturas tenemos que mirar al menos la tercera. La llegada de Gallardón es un punto de inflexión en muchas políticas.

¿Por ejemplo?

Todo lo que tiene que ver con inversiones, externalización de algunos servicios... No podemos adelantar conclusiones porque estamos en trabajos preliminares, pero vemos que hay cosas que son la punta del iceberg y que si queremos hacer recomendaciones de cuál ha sido la mala práctica, que es lo que tratamos de hacer con la auditoría para que no vuelva a repetirse, nos tenemos que ir más allá de ese periodo estricto de ocho años atrás.

¿La auditoría entonces acabará cuando termine el análisis de estas dos últimas legislaturas o tendrá algún tipo de continuidad?

Sí, totalmente. Se presentará un informe final de las dos últimas legislaturas pero también trabajamos, porque el compromiso del gobierno de Madrid va más allá, para poner en marcha mecanismos que se institucionalicen lo más posible y puedan perdurar. La idea es que la actual legislatura sea sometida al mismo escrutinio al que están siendo sometidas las anteriores y que la máquina de análisis y rendición de cuentas pueda transformar la forma de tomar las decisiones en el Ayuntamiento. 

Para eso es fundamental la independencia de los miembros del Consejo, ¿cómo ha sido su nombramiento?

Es verdad que el proceso tiene una doble naturaleza complicada. Por un lado, lo pone en marcha un gobierno y por otro, en sentido riguroso y como yo me lo tomo, hay que mantener cierta independencia respecto a ese gobierno. Yo siento que el gobierno municipal delega en mí esa función pero yo no formo parte de ese gobierno, ni de Ahora Madrid. Una vez que delegan en mí asumen las consecuencias. A la gente que forma parte del consejo la he elegido yo. Yo hice una propuesta que al Área de Economía le ha parecido bien. Es un consejo bastante compensado respecto a las distintas disciplinas.

¿Y con qué criterios ha elegido a los miembros?

El objetivo era que estuvieran compensadas las especialidades del ámbito económico, social, medioambiental y de género y que fuera gente que tuviera experiencia, ya fuera académica o profesional, en el análisis de las políticas públicas. Hay perfiles que vienen del ámbito de la observación de derechos en instituciones internacionales, otros son profesores universitarios o vienen de asesorías del sector privado. 

¿Cobran?

Yo sí, en ese vínculo por el que delegan en mí me contratan con un contrato menor, pero la gente que forma parte del consejo, no. Han firmado una carta en la que se deja claro que su labor es altruista y que si hay conflicto de intereses se inhibirán.