La Comunidad de Madrid sigue usando con retoques la fórmula para reducir las listas de espera que anuló el Supremo
El Supremo anuló la fórmula de Cristina Cifuentes para reducir las largas listas de espera quirúrgicas en febrero pero en la práctica se sigue aplicando con pequeños retoques. Los quirófanos de los hospitales públicos madrileños continúan abriendo por la tarde y en ellos están los facultativos de los mismos centros, a los que el servicio madrileño de salud paga por hacer esas horas extra. Y eso pese a que el Alto Tribunal resolvió que los llamados “pactos de gestión” conllevan una modificación de las condiciones de trabajo de la plantilla y, por eso, deben someterse a negociación colectiva.
El tema se trató en la última mesa sectorial de Sanidad, donde la administración ha vuelto a argumentar –como ya hizo en mayo– que cumple la sentencia porque solo se circunscribe a los pactos de 2015 y no pueden retrotraerse operaciones ya hechas y sueldos ya pagados.
Fuentes de la Consejería de Sanidad explican a eldiario.es que sus “servicios jurídicos interpretan que la sentencia dice que solo si es una acción global del SERMAS debe informarse o negociarse en la mesa, y no si lo gestiona cada gerencia con los jefes de servicio, como ocurre”. Es en este punto, según estas fuentes, donde radica el cambio que se ha producido como consecuencia de la sentencia. Ahora el presupuesto para aligerar en las listas de espera está incluido en los contratos programa.
En el día a día de los trabajadores y de los hospitales, sin embargo, el funcionamiento es idéntico. “El sistema es el mismo. Cada servicio tiene un cupo cerrado de cirugías que pueden hacer. Es lo que nos llega desde gerencia, aunque no sabemos de dónde viene esa orden. Si hay intermediación del SERMAS o no”, explica un facultativo del Hospital Gregorio Marañón. Otra médica del Doce de Octubre confirma lo mismo: “el jefe de servicio dice: tenemos estas peonadas, quién quiere, o decírselo a quién él quiera”.
Sindicatos como AMYTS o CCOO denuncian, por un lado, el “agravio comparativo” de unos compañeros sobre otros al ser estas jornadas extras resultado de negociaciones bilaterales y no colectivas. De hecho, fue el recurso de los segundos el que, tras pasar todos los estamentos judiciales, llegó con éxito al Supremo. La Federación de Sanidad advirtió por escrito al juzgado de que la sentencia no se estaba ejecutando y lo ha reiterado en la última mesa sectorial, celebrada hace una semana. La administración argumenta, por contra, que está dentro de la “autonomía de cada centro” gestionar estas cuestiones a través de los contratos programa, donde se incluye el presupuesto destinado a reducir las listas de espera.
“Por la tarde se opera con menos recursos”
Algunos facultativos dicen que se niegan a hacer las peonadas, aunque eso conlleva remuneración, porque la “calidad de la tarde no es la misma de por la mañana”. “Si por la mañana opero con dos adjuntos y un residente, por la tarde debería ser igual. Y no es así porque hay menos recursos. Eso no es factible en la pública”, sentencia un médico del Gregorio Marañón, que asegura que la gente acepta porque “hace falta el dinero”. La Consejería insiste en que es la manera que emplean para reducir la lista de espera, y que eso es el fin último, además de “reducir las derivaciones a centros concertados”.
Desde CCOO inciden en que la elección del personal “es discrecional, sin criterio homogéneo y de reparto” y subrayan que, además, “se hacen contrataciones precarias para cubrir una parte de las tardes”. “Hay que contratar auxiliares, enfermeros... porque aunque sea cirugía mayor ambulatoria los operados tienen que estar unas horas en recuperación. Son cirugías programadas y el personal de guardia no puede estar a urgencias y a esto”, explica Rosa María Cuadrado, de la Federación de Sanidad.
La mayoría de esos acuerdos que se impugnaron se suscribieron a finales de 2015. En total, se recurrieron 44 pactos de gestión suscritos con unidades de centros hospitalarios para 2015 y 2016. Las impugnaciones fueron desestimadas por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 24 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que el sindicato presentó recurso de casación al Supremo.
Al respecto, el Alto Tribunal estableció que es un “hecho no cuestionado” que los pactos de gestión suponían una medida “extraordinaria” que preveían ampliar la actividad, que se desarrollaría en régimen de adscripción voluntaria y que el modelo de pacto entregado a las organizaciones sindicales no fue negociado. En consecuencia, el Supremo considera que la negociación colectiva “no debe quedar excluida cuando los aspectos en que consista y que afecten a las condiciones de trabajo sean de adscripción voluntaria”.
El problema de las listas de espera
Las listas de espera son un problema que persigue a la administración madrileña desde los tiempos de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Cifuentes inició esta fórmula de abrir los quirófanos por las tardes para evitar “derivaciones a centros concertados” y reducir los tiempos.
El periodo de espera medio, según los últimos datos disponibles (agosto de 2018), es de 60 días, seis menos que el mismo mes hace dos años. La demora es superior si la comparamos con diciembre de 2015, pero en ese momento las listas estaban maquilladas por la fórmula de contabilización ideada por Esperanza Aguirre al margen de la oficial marcada por el Ministerio de Sanidad.
Pese a la voluntad expresada de la Consejería de hacer derivaciones a la concertada, un gran porcentaje de pruebas diagnósticas y de operaciones (cirugías mayores ambulatorias, en su mayor parte) se ofrecen en centros con concierto, que reciben presupuesto público para aliviar las listas de espera y que a la administración, según la Cámara de Cuentas, en ocasiones les cuestan más caras. Es el ejemplo de la Fundación Jiménez Díaz, que aumentó los ingresos por derivaciones de 7,6 millones a 58 entre entre 2011 y 2015, pese a que operar unas varices o extraer un lunar cuesta casi tres veces más.
