Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
La izquierda presiona para que Pedro Sánchez no dimita
Illa ganaría con holgura y el independentismo perdería la mayoría absoluta
Opinión - Sánchez no puede más, nosotros tampoco. Por Pedro Almodóvar

Las familias de un colegio de Getafe denuncian a la Comunidad de Madrid tras cuatro años de clases entre obras

Los alumnos del CEIP Miguel de Cervantes de Getafe (Madrid) durante un recreo entre obras

Mario Escribano

Clases entre obras, falta de instalaciones para la docencia e incumplimientos de plazos por parte de la Administración. Así resumen los últimos cuatro años las familias del colegio público Miguel de Cervantes de Getafe (Madrid), que han presentado un recurso de alzada contra la Comunidad de Madrid por estas cuestiones. 

Después de tres escritos de denuncia dirigidos a la Consejería de Educación que no han obtenido respuesta en seis meses, el AMPA de este centro de enseñanza público ha decidido dar un paso más y optar por esta vía, la última dentro del ámbito administrativo y el paso previo para entrar en terreno judicial.

“Seguimos la línea de la denuncia por vía administrativa: primero, la presentación del escrito de denuncia y tras pasar los plazos de respuesta sin recibir contestación, hemos insistido con el recurso de alzada”, comenta el portavoz de este colectivo, Javier Torres, que detalla que “si no responden, pasaremos al contencioso administrativo, que ya es la vía judicial”. El plazo para que la Administración conteste es de tres meses, pero en el AMPA ya auguran que tampoco obtendrán réplica en esta ocasión.

Torres también explica que lo ocurrido en el Miguel de Cervantes “viene por la política de construcción por fases, que propicia que haya edificios y dotaciones que no lleguen a tiempo para la docencia”, recalcando que “no dan una dotación que está legislada, que es lo que reclamamos”. En concreto, aluden al incumplimiento del Real Decreto 132/2010, en el que se establecen las dotaciones básicas que tiene que tener un colegio o instituto en activo.

En menos de dos años, la construcción del Miguel de Cervantes se ha visto paralizada en dos ocasiones tras el abandono de las empresas adjudicatarias. A finales de septiembre del año pasado se produjo el segundo abandono, propiciando otro incumplimiento de los plazos fijados por la Comunidad, que establecían el final de la construcción para enero de 2019. Los nuevos plazos, que el AMPA cree que “pueden ser viables”, auguran que la última fase se finalizará en julio.

“En cursos anteriores, hemos sufrido desplazamientos de niños de tres años a otros centros por falta de aulas construidas”, lamenta Torres, y recuerda que consiguieron paliar esa situación tras recoger más de 2.000 firmas que respaldaban su rechazo a continuar con esos traslados. También incide en que “se han tenido que impartir clases en los pasillos, como las de atención a niños con necesidades especiales. Todo espacio que pueda ser convertido en aula se utiliza como aula”.

“La Consejería y la empresa, incumpliendo el contrato firmado, entregaron solamente una parte de las aulas y fue necesario reconvertir las dos salas de profesores y zonas inicialmente destinadas a despachos administrativos en aulas para evitar esos desplazamientos”, explica este representante del Ampa. Gimnasio, biblioteca, despachos para el profesorado o aulas de desdoble para alumnos con necesidades especiales o destinadas a ciertas materias, como Música o Informática. Son algunas de las instalaciones con las que, de acuerdo con el decreto señalado, debería estar equipado el Miguel de Cervantes y cualquier otro centro de enseñanza en activo. 

Además de la ausencia de esos espacios, las familias también denuncian que los dos únicos edificios en los que se da clase “están rodeados de las obras”, por lo que “a escasos metros de los niños hay maquinaria con el correspondiente ruido y suciedad”. Varios niños han tenido accidentes con los materiales de obras en menos de un mes de curso, aseguran. En los últimos días también han advertido sobre las “cuestionables medidas de seguridad” de los trabajos de ampliación, “que se efectuaban a escasos dos metros de los niños en el horario de entrada al colegio y de recreo”.

“De todas estas denuncias que supuestamente presenta el AMPA de este centro, no tienen ninguna razón de ninguna de las maneras”, dicen fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que argumentan que “todas estas acusaciones responden a intereses no educativos, sino políticos”. “No hay ningún alumno dando clases en los pasillos ni ninguna puerta de emergencia bloqueada en el centros, y nos parece muy feo que digan  eso”, agregan. Al igual que el consejero de esta rama, Rafael Van Grieken, aluden a la “normalidad” del curso escolar en el Miguel de Cervantes.

Pese a que las instalaciones llevan cuatro años en obras, en Educación aseguran que “el calendario de obras sigue la planificación establecida en un primer momento”. Y preguntados por los distintos retrasos y abandonos de las fases por construir, lamentan que se trata de “una situación sobrevenida ajena a la Consejería, que acelera los trámites para que los plazos se vayan cumpliendo en la medida de lo posible”.

Unas condiciones “absolutamente inaceptables”

Junto al recurso, han presentado un manifiesto de apoyo respaldado por PSOE, Podemos, IU y Equo, entre otros. El texto también fue respaldado en un primer momento por Ciudadanos, que finalmente ha preferido desligarse para “matizar” su propuesta, cuentan las familias. El objetivo, “que se vea que Getafe se revela contra este modelo de construcción por fases y que hay un apoyo desde las instituciones”.

En el documento, se califican como “absolutamente inaceptables” las condiciones del alumnado: “Situaciones que nunca se deberían vivir en un centro educativo público de calidad forman parte del día a día del alumnado del CEIP Miguel de Cervantes y lamentablemente, no es el único en la Comunidad de Madrid”.

Aparte de que se cumplan los mínimos establecidos en el decreto, las familias también piden que “la Administración asuma su responsabilidad e indemnice al alumnado y al profesorado” y “se termine la construcción de nuestro centro, para que el derecho a la educación de nuestras hijas e hijos deje de verse continuamente vulnerado”.

Etiquetas
stats