Los inquilinos de las viviendas del IVIMA vendidas a un fondo buitre protestan tras la petición del fiscal de archivar la causa
Afectados por la venta de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión en 2013 y diversos colectivos sociales se han concentrado esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla contra el reciente cambio de criterio de la Fiscalía de Madrid en la causa al reclamar al juez de Instrucción número 48 de Madrid el archivo del proceso penal abierto tras la operación firmada por el Gobierno de Ignacio González para enajenar casi 3.000 viviendas públicas.
Bajo el lema 'Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se de carpetazo a nuestra querella', los afectados han cargado contra la decisión del nuevo fiscal de la Sección de Delitos Económicos de pedir el sobreseimiento del procedimiento alegando que “la legislación permisiva existente constituyó el origen del conflicto generado con la enajenación de las promociones”.
La causa tiene origen en una querella criminal presentada por miembros del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada contra la entonces directora del IVIMA, Ana Gomendio López de Asiain.
Acompañados por miembros de la plataforma Stop Desahucios y otros colectivos, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Enrique Villalobos, ha subrayado que el nuevo fiscal del caso “tiene una línea conservadora” y en base a ella ha cambiado el criterio “en claro favor” hacia la Comunidad de Madrid“.
A su juicio, hay “jurisprudencia y dictámenes suficientes” como para que el instructor del proceso concluya la investigación y se abra juicio oral. “Los afectados llevan cinco años sufriendo el acoso y viviendo una situación de incertidumbre. Llevamos cinco años esperando que se haga Justicia”, ha reseñado.
Además, cree que la posición del Tribunal de Cuentas sobre la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS) a un fondo similar en la época de Ana Botella podría trasladarse a esta operación. Recientemente, este tribunal condenó a Botella y a su equipo por esta venta. “Se trata de dos operaciones idénticas y equivalentes. Se vendieron viviendas a fondos en condiciones en las que se restó a los legales adjudicatarios sus derechos”, ha apostillado.
La portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), Montse González, ha denunciado presiones por parte del fondo de inversión y falta de apoyo del Gobierno regional, criticando que se laven las manos respecto a la operación.
Esta afectada, una de las que todavía resisten en sus casas, está pendiente de la decisión que tomé el Tribunal Supremo sobre su caso. “Esto implica un desgaste diario porque no sabes cuando te vas a tener que ir. Están todo el día mandándote correos amenazantes. Hay dejadez en las casas para que te vayas”, ha criticado González, quien cree que “el fondo” les metió “okupas de tipo violento” para presionarles e irse de sus viviendas.
Asimismo, ha destacado que no se sienten apoyados por la Comunidad de Madrid, ya que cuando han pedido una reunión “jamás les han contestado”. “No nos vale su perdón. Tienen que rectificar”, ha dicho la portavoz de los afectados.
Al margen de esta causa, siguen abiertos cinco procesos contencioso-administrativos sobre la operación de venta de pisos al citado fondo de inversión.
