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La Justicia amplía la factura por los errores de la Comunidad de Madrid en la gestión de la vivienda protegida

Ignacio González y Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo de 2012

Alberto Pozas

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La Comunidad de Madrid tiene un parque público de vivienda que incluye 21.927 casas, 17.742 plazas de garaje y 1.287 locales por toda la región, más de la mitad concentrados en la capital. Pero estos datos oficiales de la Agencia de Vivienda Social –antiguo IVIMA– no reflejan la nefasta gestión que los distintos gobiernos regionales del Partido Popular han hecho de una parte importante de estas viviendas protegidas y que en varias ocasiones ha terminado en derrotas judiciales con coste para las arcas públicas.

En la actualidad, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso gestiona la anulación judicial de la venta de 32 promociones de vivienda pública a un fondo buitre mientras, como ha revelado elDiario.es, la administración regional pierde decenas de pleitos por valor de más de 30 millones de euros por haber intentado pagar de menos durante años a las constructoras que levantaron vivienda protegida por toda la Comunidad.

“Se cumplió con todo el procedimiento que marca la Ley. La operación respetaba los objetivos de equilibrio económico y respetaba todos los derechos de los beneficiarios”. Así defendió Ignacio González en 2015, en la Asamblea de Madrid, la enajenación de 2.935 viviendas, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales a Azora Gestión dos años antes por parte de su Ejecutivo regional. En ese momento todavía quedaban dos años para su detención por orden de la Audiencia Nacional, y un año más para que un vecino de Navalcarnero y su abogado de oficio consiguieran que la Justicia anulara la operación. El objetivo, explicó también González, era económico y no tenía nada que ver con los que vivían allí: conseguir ingresos, reducir el presupuesto y cumplir con los objetivos de déficit marcados desde Bruselas.

Esa sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior de Madrid y en última instancia por el Tribunal Supremo, dejó en evidencia las explicaciones de la Comunidad de Madrid. Porque, según todos los jueces que han estudiado el asunto, el Ejecutivo regional nunca explicó o justificó por qué esas viviendas eran innecesarias, requisito primordial para enajenarlas. Ni informe ni análisis técnico, económico, financiero o legal.

La venta de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre fue en dirección contraria a la razón de ser de la vivienda protegida. Esas viviendas, recordó el juzgado de Madrid, “cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”, y la venta masiva que perpetró el Ejecutivo regional con Ignacio González al frente no cuadra con “el fin fundamental del IVIMA, proporcionar el acceso a una vivienda digna a clases desfavorecidas”. Hasta llegar a este punto, los afectados tuvieron que atravesar un periplo judicial y conseguir que se les permitiera recurrir.

Esa sentencia no solo certificó la ilegalidad de la operación. También fue el primero de una avalancha de problemas judiciales con consecuencias, por ahora, difíciles de medir. Sobre el papel, el casero de los inquilinos ya no era un fondo buitre y volvía a ser la administración regional. Pero el precio de la millonaria factura todavía está por determinar y la Justicia, por ejemplo, tiene que determinar qué compensación recibirá Goldman Sachs.

Por el momento el fondo de inversión, que pagó 201 millones de euros en 2013 por las casi 3.000 viviendas públicas de toda la región, reclamaba 198 millones de euros. La actual Agencia de la Vivienda Social aceptó pagar 107 millones por las 1.700 viviendas que había tenido que recuperar pero el caso ha terminado en manos de los tribunales, tal y como reveló este periódico.

Además, tal y como explicó elDiario.es el pasado mes de enero, el Tribunal Supremo tiene pendiente decidir si el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está obligado a dar respuesta habitacional a unas familias afectadas por la venta fallida. Según los cálculos del letrado que lleva el pleito, “alrededor de 600 personas se tuvieron que ir por la venta”, fueron echadas de sus casas y algunas siguen en situación de vulnerabilidad. El mismo Supremo, por ejemplo, ha dejado claro que el fondo buitre ya no es el propietario y, por tanto, no puede instar desahucios de los inquilinos como sí venía haciendo hasta ahora después de hacerse con esta porción del parque de vivienda pública madrileña.

La venta de vivienda pública a este fondo de inversión también fue estudiada por la vía penal, pero los jueces decidieron archivar el caso al entender que no había indicios de delito. Un caso en el que llegaron a estar imputados dos antiguos directores del IVIMA considerados responsables de la decisión. Un caso en el que la Fiscalía, antes de pedir el archivo de la causa, denunció que el proceso de enajenación había estado “trufado de irregularidades”.

La venta no fue el único punto cuestionado. En 2019 el Tribunal Supremo declaró que el IVIMA se había saltado la Ley de Protección de Datos al publicar, en abierto, datos personales de los inquilinos durante el proceso de venta a Azora.

Pagar de menos a las constructoras

Los datos oficiales de la Comunidad de Madrid revelan que el número de viviendas, locales y plazas de garaje de su parque público se ha mantenido estable desde que hay datos. En 2015, por ejemplo, había 21.688 viviendas en manos del entonces denominado IVIMA y hoy Agencia de la Vivienda Social. La venta fallida de casi 3.000 de ellas supuso, por tanto, la enajenación ilegal de en torno a un 10% de toda su vivienda pública. A la espera de saber si tiene que indemnizar al fondo de inversión beneficiado por la operación. Los datos de la Comunidad de Madrid reflejan también que en este momento tiene 3.144 viviendas en derecho de superficie, más de la mitad en la ciudad de Madrid y el resto repartidas entre Arganda, Collado Villalba, Parla, San Sebastián de los Reyes y Valdemoro.

Pero tal y como revela este periódico, no es el único fleco de la factura que sigue engordando con el paso de los años. En las últimas tres décadas, los distintos gobiernos regionales de la Comunidad de Madrid bajo el mandato del Partido Popular han adjudicado la construcción de vivienda pública a cambio de un canon anual de cientos de miles de euros a cobrar durante dos décadas.

Hasta la fecha, el Ejecutivo regional madrileño ha perdido más de 30 millones de euros en pleitos porque las constructoras denuncian que, en un momento dado, la Comunidad de Madrid entendió que no era una operación sujeta al pago de IVA y empezó a descontar una parte proporcional del dinero que recibían anualmente. Desde el Ejecutivo regional reconocen que, además, todavía quedan al menos seis pleitos pendientes con constructoras, lo que puede aumentar el coste de haber pagado de menos durante años por estas promociones repartidas por toda la región.

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