La Comunidad de Madrid cambia la Ley de Patrimonio que permitió el derribo de Canalejas

El PP ha tardado siete años en devolver a la constitucionalidad la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, cuya reforma de 2013 fue tumbada un año después por el Tribunal Constitucional. A finales de julio de 2014, el órgano anuló ocho artículos de la actualización de la norma de 1998 y desde entonces la región ha vivido en un limbo. Hasta este martes. El equipo de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha dado por concluido el borrador de la rectificación y ya la han compartido con los partidos de la oposición. A partir de este momento se pone en marcha el procedimiento de consultas y enmiendas para mejorar lo presentado. 

Y lo que se propone es una norma mucho más extensa y detallada, con un articulado que duplica al anterior: de 45 en 2013 se pasa a 101 artículos. Este periódico ha tenido acceso al borrador definitivo de la nueva ley, que se declara contraria a “la noción clásica histórico-artística” y propone, incluso, un cambio de nomenclatura: se llamará Ley de Patrimonio Cultural en lugar del tradicional “de patrimonio histórico”. Además adquiere importancia el contexto histórico, social y natural que rodea a los bienes y que permite su comprensión. Y se incluyen nuevas categorías a proteger, así como el reconocimiento específico de los bienes del Patrimonio Cultural Inmaterial. A simple vista es una ley más proteccionista, como consecuencia de su precedente inconstitucional, que no parece invadir las competencias estatales en materia de expolio.  

En el preámbulo, el PP de 2021 dice que la ley del PP de 2013 tuvo una consecuencia “no pretendida ni deseada por el legislador” que fue la de “clarificar la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas en materia de patrimonio histórico”. Sin embargo, los límites de las competencias están muy claros y definidos desde 1985, gracias a la Ley de Patrimonio Histórico del Estado. Ninguna otra ley autonómica había osado a rebasar sus competencias y acabar derribada por concurrencia inconstitucional. Sí reconoce el PP actual que “los cambios introducidos en la regulación del máximo nivel de protección invadían la competencia estatal de lucha contra el expolio y que por tanto no podían aprobarse mediante una ley autonómica”. Mientras tanto, entre el PP de Esperanza Aguirre e Ignacio González y el de Isabel Díaz Ayuso, Canalejas ya no existe. 

Una ley escrita a dedo

La ley, aprobada en junio de 2013, contó con el rechazo unánime de los tres partidos de la oposición, que coincidió en que los 45 artículos rediseñados no servían para garantizar la protección del patrimonio madrileño, sino para disminuirla. Aquella ley se hizo de repente, por una orden inesperada de Esperanza Aguirre, que en su programa electoral no había incluido la reformulación de una norma tan importante como esta. El 19 de junio de ese año, ya con González al frente de la Presidencia, se ejecutó en un tiempo de récord: un año y medio para redactar, firmar y aprobar. En la reforma de aquel desaguisado se acumulará un retraso de casi ocho años.

El equipo de Esperanza Aguirre tenía mucha prisa por incorporar un matiz en el artículo 23, que trataba sobre el desplazamiento y las segregaciones. El apartado 'dos' pasó a decir que “los ‪monumentos y jardines históricos no podrán ser objeto de segregación parcelaria. No obstante, sólo se admitirá excepcionalmente cuando concurran causas debidamente justificadas y previa autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico”. 

Y la agrupación parcelaria se admitió cuando el dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quiso comprar al dueño del Banco Santander, Emilio Botín, el complejo de siete edificio de Canalejas para derribarlos y levantar un complejo hotelero y comercial de lujo. Días después de la publicación de la nueva ley la operación de compra de lo que terminaría convirtiéndose en un solar con fachadas, gracias a la ley de 2013, se firmó por 215 millones de euros. Un año antes Villar Mir había comprado a Esperanza Aguirre un retrato de Goya por cinco millones de euros que sacó de la ruina a la familia de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Intervenciones mínimas

En la ley que propone el PP de Ayuso no hay ni rastro de la posibilidad de concentración parcelaria.‬ Lo que dice el artículo 47 de la nueva norma es que un inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno y no se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, “salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social”. ‬De hecho el apartado de criterios de intervención en los BIC muebles e inmuebles está mucho más desarrollado que la anterior y aclara que la intervención será “mínima” y que, esto es nuevo, “se conservarán, con carácter general, las aportaciones de distintas épocas existentes en el bien”. Precisamente era una de las justificaciones en las que se fundamentó el informe técnico para demoler los dos edificios protegidos en el complejo Canalejas: decían que había demasiados añadidos y se había perdido el valor original. ‬

La Ley en borrador incluye dos nuevas categorías en los bienes inmuebles declarados de Interés Cultural y suman un total de diez. El “Sitio industrial” es nuevo añadido y se refiere al “lugar que contiene bienes vinculados con los modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento relacionados con la cultura industrial, técnica o científica”. La otra incorporación es el “itinerario cultural”, que es la “vía de comunicación cuyo significado cultural está relacionado con el intercambio y diálogo entre localidades”. 

Entre las apariciones más esperadas destaca la lista de categorías de los bienes inmateriales. Se refiere a los usos, representaciones, conocimientos o técnicas de las comunidades. Hay hasta once categorías en las que figuran las tradiciones y expresiones orales, la toponimia, las artes del espectáculo (danza y música), la religiosidad popular, las técnicas artesanales, la medicina popular, los paisajes naturales, las formas de socialización colectiva, la gastronomía y los usos sociales y actos festivos, “incluida la tauromaquia”. Este entrecomillado que hace referencia a los toros no figuraba en los borradores previos al definitivo, consultados por este periódico, y que habían generado una notable molestia en las filas de los populares. Finalmente hay una mención específica a la tauromaquia que, a buen seguro, satisfará también a Vox.