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El PP y Ciudadanos piden que Carmena paralice obras que apoyaron en el Pleno del Ayuntamiento

Imagen de archivo de la visita a centros municipales en Vicálvaro

Fátima Caballero

El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a decir a Delegación de Gobierno que obviará la orden de anular acuerdos plenarios que supondrían de facto paralizar su política de infraestructuras e incluso abandonar proyectos que reclamaron apoyaron todos los partidos representados en el Pleno municipal, también el Partido Popular.

El Gobierno de Manuela Carmena cuenta con el apoyo del PSOE para hacer frente a Hacienda y defender así la obra pública prevista para este año. Pero PP y Ciudadanos se han posicionado del lado del Gobierno de Rajoy a pesar de haber apoyado las obras en los Pleno de junio y julio, los acuerdos que Delegación de Gobierno pide ahora anular.  

La Concejalía de Economía y Hacienda del Consistorio ha presentado este martes un nuevo escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, contestando al segundo requerimiento que el departamento que dirige Concepción Dancausa envió en agosto a Manuela Carmena, dos semanas después del primero. En ellos, el Gobierno exigía a la alcaldesa de Madrid anular parte del presupuesto (302 millones de euros) previsto para pequeñas obras públicas, como adelantó eldiario.es.

Esa partida se está destinando a asfaltar calles, arreglar colegios, centros de mayores, reparar cementerios, y otras obras similares. También a la reposición de autobuses de la EMT (82 millones) y la mejora de la red de transporte urbano en la que también se incluye Bicimad. Casi la mitad del presupuesto está en ejecución: ya se están tramitando 170 actuaciones de un total de 577, que representan 131 millones de euros del total.

Ahora Madrid, el partido de gobierno, y PSOE, que propició la investidura de Carmena pero ejerce de oposición, se han unido en la decisión de rechazar los requerimientos. Al contrario, Ciudadanos y Partido Popular exigen a Carmena acatar la decisión del Gobierno de Rajoy. El grupo municipal popular pidió incluso a Hacienda sacar “tarjeta roja” al concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, por “hacer trampas con las cuentas”.

La posición de ambos partidos contrasta con la postura que tuvieron en los Plenos del Ayuntamiento de Madrid donde se aprobaron los créditos presupuestario para todas estas obras públicas. El Partido Popular votó a favor de 80 proyectos, que incluyen actuaciones en todos los distritos que van desde la reforma de centros deportivos, escuelas infantiles hasta parques. Se abstuvo en el resto, 469 propuestas, pero nunca votó en contra de ninguna. Ciudadanos apoyó todas las propuestas con su voto favorable. 

Ahora Madrid y PSOE siguen unidos en su oposición al Gobierno. Para ambos grupos municipales el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro solo busca paralizar la capital atendiendo a objetivos políticos. Recuerdan que las cuentas de Madrid están más saneadas que las de la Administración central y la Comunidad de Madrid. Ahora, además, quieren que Partido Popular y Ciudadanos se retracten en los plenos de distrito y se atrevan a rechazar las mismas actuaciones que apoyaron. 

Entre esta semana y la próxima, doce distritos presentarán una propuesta conjunta de ambos grupos rechazando los requerimientos de Delegación de Gobierno y apoyando toda la obra pública destinada a la mejora de las infraestructuras municipales. Los primeros distritos en hacerlo han sido este miércoles Usera y Puente de Vallecas, a los que seguirá este jueves Carabanchel. El resto, los próximos días. 

Nuevo enfrentamiento con Hacienda

Los 302 millones de euros, con los que el Ayuntamiento está financiado pequeña obra pública, salen de los 1.055 millones de euros de superávit con los que el Ayuntamiento de Madrid cerró sus cuentas en 2016. Fue la respuesta al recorte previo en el presupuesto de 238 millones que le impuso Hacienda por incumplir la regla de gasto. 

La corporación local tomó esa decisión apoyándose en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Esta norma permite que el superávit obtenido por las corporaciones locales en 2016, una vez aprobada la liquidación del Presupuesto, se destine a inversiones financieramente sostenibles, obras que no comportan gastos plurianuales, como las que ahora trata de frenar el Gobierno. 

El Gobierno central no acepta la vía tomada por el Ayuntamiento pese a que incitó a las corporaciones locales a recurrir a ella al disponer al cierre de 2016 de más de 2.747 millones de euros para efectuar inversiones financieramente sostenibles. Hacienda dice ahora que no pretende paralizar esas más de 500 inversiones en infraestructuras que la administración municipal está financiando con esos fondos, sino que el Gobierno de Manuela Carmena saque el dinero de otras partidas. 

El conflicto viene de lejos y el Gobierno de Manuela Carmena sigue manteniendo en el último escrito presentado a Delegación de Gobierno que la norma faculta a las instituciones municipales a emplear parte del dinero no gastado en pasados ejercicios a acometer obras no gravosas, y estás más de 500 actuaciones en edificios públicos, parques y polideportivos, sostienen, lo son. 

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