El gobierno del PP en Madrid designó a una funcionaria imputada en Púnica para el tribunal que selecciona a los letrados
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó este martes la composición del tribunal que seleccionará a los nuevos letrados de la Comunidad de Madrid, es decir, los abogados que representan los intereses de la administración pública autonómica. Entre los perfiles elegidos para ese tribunal hay magistrados, abogados del Estado, una fiscal... y una imputada: Tatiana Recoder Vallina, letrada en la Asamblea y antigua jefa de los servicios jurídicos de la misma, que aparece como vocal suplente. Recoder está imputada desde 2017 por el juez del caso Púnica por haber participado en una concesión irregular al empresario Arturo Fernández, amigo de Esperanza Aguirre e imputado en el mismo caso Púnica por donaciones ilegales del PP a cambio de contratas.
Según el auto del magistrado Manuel García Castellón, Tatiana Recoder participó junto a Cristina Cifuentes en un comité de expertos creado con la intención de dar más puntos a la empresa de Arturo Fernández, de modo que se hiciera con el servicio de cafetería de la Asamblea. Así se consiguió que “los criterios subjetivos fuesen preponderantes a los criterios objetivos”, según el auto. “No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Tatiana Recoder había emitido un informe jurídico sobre el borrador de pliegos”, escribe el juez en su auto del 2 de septiembre de este año, en el que imputaba por primera vez a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Sin embargo, la funcionaria Recoder estaba ya en la causa como imputada desde 2017, cuando el magistrado reactivó la investigación del caso cafetería. La letrada de la Asamblea declaró en sede judicial a final de ese año e intentó exculpar a Cifuentes en la concesión de la contrata. También defendió que todo el proceso había cumplido la legalidad escrupulosamente. Sin embargo, el juez la mantuvo como imputada y continuó con su investigación.
Recoder “se mostró conforme con el pliego, que estaba cargado de irregularidades, sin denunciar ninguna, realizando como únicas recomendaciones la inclusión de la composición del comité de expertos y las reglas para la adopción de los acuerdos”, concluye el magistrado sobre esta letrada de la Asamblea elegida para el tribunal suplente. La Comunidad de Madrid ha informado de que Recoder va a renunciar su plaza después de la llamada de eldiario.es. Las mismas fuentes confirman que se presentó de manera voluntaria y que fue designada para el tribunal.
Un empresario cercano al PP
Como resultado del procedimiento, Arturo Fernández consiguió el “servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid” en el año 2009. Dos años después, en 2011, volvió a conseguir la contrata con un procedimiento idéntico. Además de amigo íntimo de Esperanza Aguirre desde el colegio, Fernández ha hecho donaciones a Fundescam -la fundación del PP de la que también fue patrona Cristina Cifuentes- algunas de las cuales se investigan ahora porque el juez cree que tuvieron como contrapartida contratos públicos como los de la cafetería. En aquellos años también presidía la patronal madrileña CEIM, una organización empresarial cercana al aguirrismo y que formaba parte de un conglomerado de sociedades opacas semipúblicas. Una de ellas, Avalmadrid, ha sido investigadas por el Banco de España por financiar a empresas amigas en negocios ruinosos. Otras dos, CRM e Inicap, han sido denunciadas en una querella.
El presidente en funciones Pedro Rollán, que sustituyó a Ángel Garrido cuando fue elegido para ir en las listas europeas del PP, es quien firma el boletín que designa a Tatiana Recoder como vocal del tribunal suplente el pasado 16 de agosto, tres días antes de que Isabel Díaz Ayuso se convirtiera en presidenta. Los requisitos para ser miembro de un tribunal, siempre a propuesta de la Abogacía General de la Comunidad y con la aprobación del consejero de Presidencia, es ser licenciado en Derecho. Según la ley de ordenación de servicios jurídicos, “el tribunal calificador estará compuesto por siete juristas de reconocida competencia”. Además, “los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros”, según el artículo 60 del Estatuto del Empleado Público.
