Qué fue de los protagonistas de la política madrileña del último cuarto de siglo

En 1995, un año antes de que José María Aznar arrebatara la Presidencia del Gobierno al PSOE de Felipe González, un joven candidato del Partido Popular, Alberto Ruiz-Gallardón, logró hacerse con el poder de la Comunidad de Madrid, que desde su creación había estado gobernada por los socialistas. Han pasado ya 25 años desde ese hito del PP, que en el último cuarto de siglo ha consolidado a Madrid como uno de sus principales feudos, ya que desde entonces ha gobernado ininterrumpidamente consiguiendo, entre otros logros, cinco mayorías absolutas.

El partido y el Gobierno autonómico se han mimetizado en las dos últimas décadas, dando pie a sonados casos de corrupción que, si bien han desgastado al PP, no han conseguido aún despojarle del poder. Las privatizaciones y la política de bajadas masivas de impuestos han caracterizado la gestión de los gobiernos populares, cuyos miembros en muchos casos han dado después el salto a la política nacional.

Incluso hoy en día, el líder del PP, Pablo Casado –curtido en la política madrileña– plantea el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como el “laboratorio” de las políticas que pondría en marcha en toda España en el caso de que algún día llegara a la Moncloa. La izquierda, por su parte, no ha logrado capitalizar ese desgaste de años de ejecutivos del PP y se ha caracterizado por su división interna.

Este repaso de los principales protagonistas de la política madrileña de las dos últimas décadas pretende explicar la reciente historia de la región más poblada del país a través de sus personajes, y contar qué ha sido de ellos y qué papel juegan en el escenario actual.

Los presidentes

Joaquín Leguina (1983-1995)

Pese a su militancia socialista, el primer presidente de la historia de la Comunidad de Madrid, que fue desplazado por el PP en 1995, ha evolucionado desde entonces hacia posiciones más cercanas a la derecha. En 2013, por ejemplo, fue el encargado de presentar una conferencia del entonces líder de Ciutadans –posterior presidente de Ciudadanos–, Albert Rivera, en Madrid. En distintas entrevistas, Leguina alaba la gestión de los gobiernos del PP que le sucedieron y es una voz muy crítica con las políticas puestas en marcha por el PSOE, lo que le ha llevado a ser tertuliano en múltiples medios de derechas.

Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003)

Durante sus años al frente de la comunidad madrileña y después, cuando a partir de 2003 pasó a ser alcalde de la capital, siempre se consideró a Ruiz-Gallardón como uno de los perfiles más centristas dentro del PP. Pero en 2011, cuando fue elegido ministro de Justicia por Mariano Rajoy, el exalcalde dejó de lado su faceta más moderada con el intento de aprobación de una restrictiva reforma de la ley del aborto que generó un fuerte rechazo social, así como un debate interno dentro del PP. Gallardón no consiguió finalmente el apoyo de su propio Gobierno a la nueva normativa y acabó anunciando su dimisión en septiembre de 2014.

Cuatro años después, él y todos los miembros de uno de sus gobiernos autonómicos fueron imputados en el caso Lezo que investiga el desvío de fondos públicos por parte de la empresa pública Canal de Isabel II. No obstante, en mayo de 2019 el juez del caso le levantó la imputación a él –no así a algunos de sus exconsejeros– al exonerarle de la responsabilidad de la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, en una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros. Actualmente, encabeza el bufete Ruiz Gallardón Abogados que fundó su padre en 1955, desde donde ejerce de abogado defensor de, por ejemplo, el líder opositor venezolano Leopoldo López.

Esperanza Aguirre (2003-2012)

Marcada por el escándalo desde su irrupción en el liderazgo de la política madrileña –consiguió llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid después de un turbio episodio de transfuguismo en las filas socialistas, el conocido como tamayazo–, su gestión estuvo salpicada por los casos de corrupción, desde Gürtel a Lezo, pasando por el caso Púnica, por el que declaró como imputada el pasado octubre.

La exlideresa, que dejó la política en 2016 precisamente por la detención del que fue su mano derecha y después sucesor al frente de la comunidad, Ignacio González, ha dejado como legado una corriente propia dentro del PP, el aguirrismo, heredado del aznarismo, que se caracteriza por las posiciones ultraliberales en lo económico, la apuesta por los planes privatizadores o los beneficios fiscales a las grandes empresas.

Como sus sucesores Ignacio González y Cristina Cifuentes, Aguirre está imputada en la Operación Púnica que investiga la concesión de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales por parte de la Comunidad de Madrid. Una trama que encabeza el que fue su consejero de Presidencia, Francisco Granados.

La exlideresa es, además, una de las madrinas políticas del actual líder del PP, Pablo Casado, al que durante su mandato al frente de los populares madrileños eligió como líder de Nuevas Generaciones de Madrid, así como de la actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien Aguirre encargó la gestión de las redes sociales de los populares de la comunidad.

Uno de los máximos exponentes del aguirrismo es el actual consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que encabezó el proceso de privatización sanitaria cuando era consejero de Sanidad de Aguirre y que hasta su elección por Ayuso fue el jefe de Gabinete de Casado. Apartada de la política desde hace cuatro años, Aguirre realiza apariciones esporádicas para conceder entrevistas. Lo último que se supo de ella fue que junto a su marido estuvo ingresada por coronavirus en un hospital público madrileño en marzo, después de años liderando políticas en Sanidad caracterizadas por la privatización de los hospitales y demás recursos públicos.

Ignacio González (2012-2015)

El escudero de Esperanza Aguirre durante la década larga en la que ambos manejaron todos los hilos en la Comunidad de Madrid, y su heredero cuando la presidenta decidió dejarlo, se sentará en el banquillo de los acusados por la presunta corrupción en el Canal de Isabel II, la empresa pública encargada de suministrar agua a todos los madrileños que presidió entre 2003 y 2012 al tiempo que era vicepresidente regional.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó en marzo la apertura de juicio oral del 'caso Lezo' en el que serán juzgado González junto a otras 29 personas. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él una condena de ocho años de cárcel por inflar el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público del Canal de Isabel II y quedarse con 1,8 millones de euros. Este caso fue el que le hizo cambiar durante casi siete meses de 2017, entre abril y noviembre, su chalé en el acomodado barrio de Aravaca por una celda de la prisión de Soto del Real.

Pero su carrera política se había truncado dos años antes, en marzo de 2015, cuando Mariano Rajoy eligió a Cristina Cifuentes para liderar la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid en las elecciones de dos meses después. El delfín Aguirre ya se enfrentaba en ese momento a una investigación sobre si había comprado su ático de lujo en Estepona (Málaga) con todas las de la ley o había sido un soborno en especie. Tras una instrucción de varios años, la Fiscalía pidió en diciembre el archivo de la causa al considerar “agotadas” las posibilidades de seguir con la investigación. González está imputado, además, en el caso Púnica.

Cristina Cifuentes (2015-2018)

Las irregularidades también han manchado la trayectoria de la expresidenta, que dejó su cargo el 25 de abril de 2018, 35 días después de que eldiario.es publicara que obtuvo su título de máster en una universidad pública –la Rey Juan Carlos de Madrid– con notas falsificadas. La única actividad laboral que se le conoce actualmente es la de tertuliana televisiva, aunque Cifuentes tiene un puesto público como funcionaria en la Universidad Complutense de Madrid que logró en 2001 con un tribunal que incluía a dos amigos personales.

Cuando pidió el reingreso y se le asignó su plaza tras el caso Máster, hubo manifestaciones de estudiantes en el campus. Entonces Cifuentes pidió una suspensión de empleo y sueldo y más tarde una excedencia que concluye en septiembre. Su puesto tiene asignado un salario que va de los 36.972 a los 43.708 euros. Aunque frecuenta redes sociales como Instagram, a través de la cual anunció que se daba de baja del PP el 1 de marzo de 2019, sus apariciones públicas fueron escasas hasta que empezó a colaborar asiduamente con Telecinco.

Cifuentes está a la espera de juicio acusada de falsificar el acta del trabajo con el que debía obtener el posgrado de derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El juicio iba a empezar el 11 de marzo pero se aplazó sin fecha por la pandemia. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión por instigar a falsear el documento que luego enseñó en las redes sociales. Como Aguirre y González, Cifuentes también está imputada en el caso Púnica.

Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso

Cuando Cifuentes dimitió, Garrido, que era su consejero de Presidencia, le sucedió al frente de la Comunidad de Madrid. Apenas un año antes él había nombrado, a su vez, a Díaz Ayuso como su mano derecha al frente de la Viceconsejería de Presidencia. Su relación se vio alterada por la decisión que tomó el líder del PP, Pablo Casado, en enero de 2019, escogiendo a Ayuso, y no a Garrido, como candidata para las elecciones autonómicas de mayo de ese año. Él fichó entonces por Ciudadanos, en cuya lista concurrió a los comicios de aquel 26M.

La actual presidenta obtuvo el peor resultado de la historia del PP en la Comunidad de Madrid y ni siquiera fue capaz de mantener al partido como la fuerza más votada –que fue el PSOE–, pero gracias al acuerdo de coalición alcanzado con Ciudadanos, apoyado por Vox, Ayuso logró retener la presidencia para la derecha y nombró a Garrido consejero de Transportes.

Los alcaldes

José María Álvarez del Manzano (1991-2003)

Como candidato a la Alcaldía, logró la primera mayoría absoluta para el PP en 1991, cuatro años antes de que Gallardón la consiguiera en la Comunidad. Álvarez del Manzano revalidó esa mayoría en otras dos ocasiones, hasta que en 2003 fue sucedido por el propio Gallardón que, no obstante, le delegó la presidencia de la Feria de Madrid (IFEMA), un cargo reservado habitualmente a los alcaldes de la ciudad. Se mantuvo al frente de ese organismo hasta el triunfo de Manuela Carmena, en 2015. Desde entonces es socio del prestigioso bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y, en las elecciones municipales del año pasado, ocupó el simbólico último puesto de la candidatura encabezada por el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Ana Botella (2011-2015)

Elegida en 2011 como sucesora por Gallardón –cuando este fue nombrado ministro–, ambos compartieron el interés por llevar a la capital madrileña unos Juegos Olímpicos, si bien en su caso el intento fracasó en 2013, después de que en la defensa de la candidatura Madrid 2020 ante el Comité Olímpico Internacional pronunciara sus polémicas frases “relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”, “Madrid is fun” o “romantic dinner in Madrid de los Austrias”.

El pasado día 11, el Tribunal Supremo confirmó la absolución definitiva de la exalcaldesa y de su Junta de Gobierno por la venta de 1.860 viviendas públicas a un 'fondo buitre', un polémico episodio que marcó su gestión y ayudó a la izquierda a llegar al poder en 2015, de la mano de Manuela Carmena. En cuanto estalló la emergencia sanitaria, Botella se marchó con su marido, el expresidente del Gobierno José María Aznar, a su segunda residencia de Marbella (Málaga), a pesar de que durante el estado de alarma no estaba permitido abandonar el domicilio habitual, que en su caso está en Madrid.

Los cabecillas de la corrupción

Francisco Correa

La sentencia del caso Gürtel, conocida en 2018, ratificó la existencia de una trama de corrupción que actuaba entre este empresario, que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo varias condenas, y un grupo de políticos del PP, especialmente de la Comunidad de Madrid. La red de corrupción permitió además descubrir la financiación irregular de los populares, ya que la 'caja B' del PP quedó acreditada, aunque fuera de los hechos a juzgar.

Sí reconoció que el partido se benefició de la trama “a título lucrativo” –asunto que empezó a revisar el Supremo en febrero–, lo que motivó la moción de censura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra su predecesor en el cargo Mariano Rajoy. La sentencia explicó cómo Correa y su grupo de empresas, por un lado, e “influyentes militantes del partido”, por otro, crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, que tuvo especial relevancia en la comunidad madrileña.

El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega fue sentenciado a 38 años de prisión. Asimismo, el exconsejero autonómico Alberto López Viejo, estrecho colaborador de Esperanza Aguirre, fue condenado a 31 años de cárcel por obtener 282.302 euros de mordidas por los 348 actos que encargó a Correa desde el Ejecutivo autonómico. Todos ellos cumplen sus penas en prisiones madrileñas. Jesús Sepúlveda, exregidor de Pozuelo, que fue condenado a 14 años de cárcel, pudo evitar la prisión con el pago de una fianza de 100.000 euros y, como el resto de condenados, espera a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados.

Francisco Granados y David Marjaliza

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil decidió denominar a la Operación Púnica que investiga la concesión de contratos públicos millonarios a cambio de comisiones ilegales por parte de la Comunidad de Madrid con el nombre científico del árbol del granado, Punica granatum, en alusión a uno de sus dos cabecillas, Francisco Granados, consejero de Presidencia de la región y, por tanto, mano derecha de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, entre 2004 y 2011. Desde el 31 de octubre de 2014 hasta el 14 junio de 2017 estuvo en prisión preventiva, y actualmente está en libertad a la espera de que finalice la instrucción del caso, al igual que su principal colaborador, el empresario, David Marjaliza, el otro cabecilla de la trama.

Actualmente, Marjaliza es un arrepentido que trata de colaborar con la investigación entregando periódicamente nuevos documentos que implican a distintos cargos políticos. Además de Aguirre, Cifuentes y González, en la Operación Púnica también se han visto implicados exconsejeros de la Comunidad de Madrid durante los Ejecutivos populares como Juan José Güemes, Lucía Figar o Salvador Victoria, que tuvieron que dimitir de sus cargos tras verse salpicados por la trama. Todos ellos esperan, también, a que finalice la instrucción en la Audiencia Nacional.

Miguel Blesa

En febrero de 2017, el expresidente de Caja Madrid –germen del actual Bankia– fue condenado a seis años de cárcel por la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas black, una retribución que recibieron 86 miembros de la dirección y el Consejo de Administración del banco madrileño, independiente de sus retribuciones y honorarios de representación, y cuyos gastos nadie declaraba a Hacienda, ni la entidad bancaria, ni sus beneficiarios. El juicio supuso una condena además para su sucesor al frente de la entidad, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y otros 63 consejeros vinculados a PP, PSOE, IU y los sindicatos UGT y CCOO, entre otros.

La sentencia había sido recurrida tanto por Rato como por Blesa, quien tenía otros casos pendientes de juicio, como el de los sobresueldos de Caja Madrid o la pieza separada del caso Bankia referida a la venta de preferentes de la entidad financiera madrileña. El 19 de julio de 2017, Blesa fue hallado muerto con un disparo en el pecho en una finca de caza en la provincia de Córdoba. Posteriormente se halló una nota en la que anunciaba su suicidio.

Los protagonistas de las luchas en la izquierda

Los últimos 25 años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid se han caracterizado por una falta de liderazgo claro en la izquierda, con la excepción, quizá, del consenso que generó Manuela Carmena en sus inicios al frente de la Alcaldía de la capital, en 2015. En medio de cruentas guerras internas por el control del partido en Madrid, el PSOE ha presentado un candidato distinto prácticamente en cada convocatoria electoral a la Asamblea de Madrid.

Tras la pérdida del poder de Leguina, en 1995, cuatro años después, en 1999, la candidata socialista a la Presidencia de la región fue la abogada Cristina Almeida, a la que actualmente se puede ver en diversos programas de televisión como comentarista de la actualidad política. En 2003 el candidato fue Rafael Simancas, que vio cerca la recuperación de la Comunidad para los socialistas pero cuyas aspiraciones fueron truncadas por el tamayazo. También encabezó él la lista socialista en 2007. Tras años ocupando distintos cargos internos del PSOE a nivel estatal, actualmente ejerce de secretario general del Grupo Socialista en el Congreso.

Después de un convulso proceso interno de primarias que le enfrentaron a la después candidata a la Alcaldía de Madrid y ministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, en 2007 y 2011 el candidato socialista fue Tomás Gómez, que hasta entonces había logrado ser uno de los alcaldes más votados de España como regidor del municipio de Parla. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inició su andadura política en Madrid, se posicionó con Jiménez en las citadas primarias de 2007, y meses después de lograr la secretaría general del PSOE, en 2015, destituyó a Gómez de su cargo al frente de los socialistas madrileños. Actualmente, el exlíder del PSM es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

Las divisiones también han marcado la historia reciente de Izquierda Unida, hoy integrada en Unidas Podemos. Ángel Pérez, su candidato en 1995, concluyó su trayectoria política en 2015, tras pasar por la Asamblea y, después, por el Ayuntamiento de Madrid. Fausto Fernández, exalcalde de Rivas Vaciamadrid, uno de los feudos de la coalición en la región, fue el aspirante a la Presidencia de la comunidad en 2003. Siguió como diputado en la Asamblea hasta 2011, cuando regresó a su ciudad para ocupar el cargo de teniente de alcalde, un puesto que mantuvo hasta 2014.

En 2007, la candidata fue Inés Sabanés, que después fundó la formación ecologista Equo, más tarde concurrió en las listas de Ahora Madrid junto a Carmena, bajo cuya alcaldía fue responsable de Medio Ambiente y Movilidad, y que ahora es diputada en el Congreso por Más País, el partido que encabeza Íñigo Errejón.

El ‘tamayazo’

Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez

El 10 de junio de 2003 sucedió algo inédito en la política madrileña: dos diputados autonómicos impidieron que fuera investido presidente el jefe de su partido. Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, elegidos en las listas del PSOE, se opusieron a hacer presidente al entonces candidato socialista, Rafael Simancas, en uno de los episodios de transfuguismo político más turbios de la historia política española.

Aunque nunca se probó que recibieran ningún pago por su cambio de postura, ese 10 de junio ni siquiera ayudaron a los suyos a lograr la presidencia de la Asamblea y facilitaron que recayera en Concepción Dancausa, del PP. Entonces, Alberto Ruiz Gallardón llevaba al frente de la Comunidad de Madrid desde 1995 y, ocho años después, perdió la mayoría absoluta: Simancas y Fausto Fernández (IU) tenían en su mano cambiar el rumbo de Madrid sumando sus escaños. Pero el tamayazo lo impidió.

Tamayo reapareció en 2018 en Telemadrid para decir que nunca fue “comprado”. La conexión telefónica la hizo desde Guinea Ecuatorial, donde el tránsfuga dijo trabajar en “la actividad jurídica”. Sáez, por su parte, tras su aventura política se reincorporó a su plaza de administrativa en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, según informó el diario El Mundo.