La Comunidad de Madrid, el laboratorio de las políticas de Casado, en llamas por la gestión de la pandemia

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso es el principal foco de la pandemia del coronavirus en España con casi 69.000 casos y más de 8.500 fallecimientos. Desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el Ejecutivo regional ha mantenido intactas las competencias en Sanidad y también en la administración de las 475 residencias de ancianos del territorio, donde desde el 8 de marzo se han registrado 5.811 muertos con el virus o con sospecha de tenerlo.

Pese a los datos oficiales, desde el inicio de la emergencia sanitaria el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado que la gestión de la pandemia y las políticas puestas en marcha por Díaz Ayuso son un “ejemplo a seguir”. “Es lo que haríamos a nivel nacional”, apuntó el líder del PP el pasado sábado, tras participar en el acto oficial de la comunidad con motivo de la festividad del 2 de mayo.

Una semana después, ese “laboratorio” de las políticas que Casado quiere implantar en toda España ha saltado por los aires precisamente por la gestión de la pandemia. Las discrepancias y la falta de coordinación entre los socios de gobierno, PP y Ciudadanos, se han agravado en los últimos días y el cisma alcanzó su cénit el jueves con la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, en plena crisis del coronavirus, después de negarse a firmar el informe para solicitar al Ministerio de Sanidad que Madrid entre en la fase 1 de la desescalada, una petición que finalmente ha sido rechazada por el departamento que dirige Illa. En su carta de dimisión, Fuentes afirmó no estar de acuerdo con la petición a Sanidad al no estar basada en “criterios de salud”.

Ayuso reconoció este viernes que la hasta ahora directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, (la técnico más importante hasta ahora en la gestión de la pandemia en la región) se negó a firmar el informe para saltar a la fase 1 porque consideraba que no se habían reducido suficientemente los ingresos en las UCI y había “riesgo” de un nuevo “colapso”, según las palabras de la propia presidenta madrileña, que esgrimió ese mismo motivo el miércoles por la mañana horas antes de decidir que la economía debía jugar un papel más importante que la salud.

Ahora, el conflicto de la desescalada es un episodio más, sin duda el más grave, de un enfrentamiento que sus protagonistas se esfuerzan poco por ocultar. Desde que la crisis del coronavirus azotó Madrid, PP y Ciudadanos viven un profundo distanciamiento que comenzó cuando los de Ignacio Aguado empezaron a sentirse desplazados de la gestión de la pandemia, y se agravó el día que Ayuso decisió retirarle las competencias de las residencias a Ciudadanos. La crisis sanitaria ha ensanchado un distanciamiento entre PP y Ciudadanos que no ha dejado de existir desde que se formase el Gobierno en agosto de 2019.

Obviando en todo momento la situación en la Comunidad de Madrid gestionada por su partido, desde el inicio de la pandemia Casado puso en marcha una campaña contra el Gobierno central al que responsabiliza en exclusiva de las muertes por el coronavirus y al que acusa de “mentir” en las cifras de fallecidos, pese a que son las comunidades autónomas –también las gobernadas por el PP, como Madrid– las encargadas de trasladar los datos de las muertes al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Es más, Casado, que se ha quejado del espacio que los mensajes del Gobierno ocupan en las televisiones, ha utilizado cada una de sus intervenciones públicas en su particular gira durante el confinamiento –que le llevó a visitar lugares tan dispares como IFEMA, Mercamadrid, una granja de ovejas o un hotel– para respaldar la gestión de dos de sus apuestas personales: la propia Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con menos competencias, un perfil más bajo en la crisis y un talante más conciliador que su compañera de siglas.

Recortes en Sanidad

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva el sello personal de Casado. Su presidenta fue una dirigente colocada a dedo como candidata por el líder del PP para las elecciones autonómicas del 26M. En el Gobierno regional Casado también colocó al exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, que actualmente dirige la cartera de Hacienda. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 Lasquetty fue el jefe de Gabinete de Casado en la Presidencia del PP, un fichaje que, según reconocía la dirección popular, buscaba “fortalecer ideológicamente un PP que necesita recuperar la esencia liberal que le dio sus mejores triunfos electorales”.

Como uno de los máximos representantes del aznarismo, sector ultraconservador al que Casado ha colocado en los principales puestos de dirección del PP desde su triunfo en las primarias de 2018, Lasquetty fue secretario general de FAES y, después, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre le introdujo en su Gobierno primero como consejero de Inmigración, donde mantuvo un perfil bajo y, después, en la cartera de Sanidad, donde ensayó la puesta en marcha de su ideario más reaccionario.

Suyo fue el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid de 2012 que, en la práctica, implicó la privatización de seis hospitales,decenas de centros de salud y cualquier actividad que no fuera estrictamente sanitaria en el sistema de salud madrileño. Bajo su mandato, los quirófanos dejaron de funcionar por las tardes y se superó el límite legal de espera quirúrgica de 30 días.

Su gestión marcada por presupuestos ultraliberales en el Ejecutivo autonómico impulsó el movimiento de respuesta contra la privatización de la sanidad madrileña en el que se convirtió la Marea Blanca, que promulgó decenas de manifestaciones multitudinarias en Madrid en favor del sistema público. Los recursos judiciales presentados por este movimiento impidieron a Lasquetty llevar su plan privatizador a su último término y, en enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el proceso de privatización y, en consecuencia, Lasquetty acabó dimitiendo.

El Partido Popular gobierna en Madrid desde 1995 y aunque parte de los planes privatizadores de Lasquetty quedaron frustrados, la Sanidad ha sido uno de los sectores públicos más afectados por los recortes en la región. A pesar de ser la autonomía con el mayor PIB de España, la Comunidad de Madrid destina a Sanidad menos que la media nacional (solo la supera Cataluña). En 2018, su gasto por habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la inversión media estatal ascendía a 1.295,85 euros.

La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019, había menos profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Casado utiliza prácticamente cada intervención pública para insistir en que Madrid es el laboratorio de las políticas ultraliberales que quiere aplicar en todo el país si algún día consigue llegar a la Moncloa, con bajadas masivas de impuestos como las que plantea el líder del PP para hacer frente al coronavirus, sin explicar en cambio de dónde obtendría los ingresos para mantener los servicios públicos.

Para el presidente de los populares una de sus principales referencias de gestión es Díaz Ayuso, que decidió colocar a Antonio Burgueño, otro de los artífices de la privatización sanitaria del PP, en el equipo asesor de la Consejería de Sanidad cuando estalló la crisis del coronavirus. Y en abril también fichaba a su hija, Encarnación Burgueño, como parte de la gestión de las residencias de mayores, los centros más afectados por la pandemia.

Mientras tanto, Casado persiste en sus ataques al Gobierno que volvió a repetir el miércoles, durante el debate de la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados para la que el PP, por primera vez, se abstuvo.

En su durísima intervención el dirigente conservador volvía a acusar a Sánchez de “mentir” durante la pandemia del coronavirus y de haberse instalado en el “absolutismo” y el “cesarismo” tras su actuación “negligente”, “ineficaz” e “incompetente” en la crisis. “El caos es usted”, “usted es el error absoluto” o “nos ha tocado el peor presidente en el peor momento”, fueron otras de las frases que dedicó el líder del PP al jefe del Ejecutivo. Casado fue incluso más allá utilizando una cita del exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, que en un artículo de prensa dijo que “la situación de excepción no permite el establecimiento de una dictadura constitucional”.

El tono y el contenido de sus palabras hacían presagiar que el PP iba a optar por el 'no' a la prórroga del estado de alarma. Pero los acuerdos alcanzados por el Gobierno con Ciudadanos –formación con la que el PP gobierna en Madrid– y PNV incluían las principales exigencias planteadas públicamente por Casado como condición para respaldar la ampliación de la excepcionalidad, por lo que finalmente el líder de los populares optó por la opción intermedia que en realidad implicaba, en este caso, no posicionarse: la abstención.

Con su postura en un debate clave sobre la prórroga del estado de alarma, que delimitó el marco institucional en el que se producirá la desescalada otorgando durante dos semanas más el mando único al Gobierno, Casado dejaba el espacio del centro libre a Ciudadanos, que con la voluntad de diálogo expresada por su nueva líder, Inés Arrimadas, ha virado hacia una postura negociadora y que votó a favor de la prórroga. En cambio, Casado se acercó a los postulados más extremos de Vox –que optó por el 'no'– con sus insultos y ataques permanentes a Sánchez y al conjunto de su Gabinete.