Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Atrapados en la burocracia de Madrid Central: decenas de residentes acumulan miles de euros en multas sin soluciones

Carlos, Ángel y Ángela, tres vecinos de Lavapiés y Las Letras afectados. Detrás, la pared empapelada de multas. / SPM

Sofía Pérez Mendoza

0

4.000 euros, 3.150 euros, 800 euros... Los vecinos y vecinas que tenían permiso para acceder a las antiguas Áreas de Prioridad Residencial están desesperados. Adeudan miles de euros en decenas de multas por entrar en Madrid Central. Todos tenían autorización en vigor, firmada por el Ayuntamiento de Madrid, y nadie les avisó de que con la nueva zona de bajas emisiones sus permisos iban a ser revocados automáticamente el 30 de junio. Nunca fueron notificados y denuncian que ahora el Ayuntamiento no les da una solución. 

“Nos dijeron que se publicó en el BOCAM y con eso se da por notificado”, se queja Carlos, un vecino de Lavapiés que tiene pendientes de pago más de 30 multas de 90 euros cada una. “¿Quién lee el BOCAM todos los días?”, replica otro residente, Ángel. Carlos cuenta que, en los meses previos a la entrada en vigor de Madrid Central, llamó varias veces al 010 para corroborar que su permiso, válido hasta 2023, servía. “La respuesta fue que sí y luego nos encontramos las multas”, señala indignado. 

Las autorizaciones se revocaron el 30 de junio pero el proceso había sido diseñado por el anterior Gobierno en la ordenanza aprobada en noviembre de 2018. Las gestiones cogieron a la administración en pleno cambio de gobierno. Eso desembocó en una negligencia grave en los avisos. La actual corporación se limita a remitir a la “herencia” de la anterior corporación. “Intentamos subsanar los errores en la implantación de Madrid Central con la moratoria de las multas pero el juez estableció que no se podía llevar a cabo esa suspensión”, justifica una portavoz del área de Medio Ambiente y Movilidad. Algunos permisos sí se renovaron de manera automática; otros no, añade la misma portavoz. Fuentes de Más Madrid aseguran las notificaciones estaban “preparadas para enviarse” y no se hizo. 

Los vecinos denuncian que el equipo de José Luis Martínez-Almeida se niega a anular las sanciones y les insta a acudir a la justicia. “Nos han dicho que les haríamos un favor si fuéramos a los tribunales. Eso nos ha indignado profundamente. Son ellos los que como Ayuntamiento nos tienen que dar una solución”, expresa Ana Rojo, una de las residentes. Ella optó por abonar el importe de las multas: 400 euros por pronto pago. Tenía ocho. El Consistorio asegura que se limita a cumplir la ordenanza y se queja de que “sigue habiendo errores” y anulan muchas multas de “oficio”. 

La asociación de vecinos La Corrala de Lavapiés tiene identificados 75 casos. Entre todos acumulan más de 100.000 euros en multas, según la entidad. Ángela Navarro muestra un taco de multas y se afana en enseñar su autorización en vigor hasta julio de 2020. “En todo el periplo no me han solucionado nada”, se queja. Tiene 35 multas. “Me llamó el seguro y me dijo que me habían puesto dos. Cuando llegué a correos me di cuenta de que había 33 más”, explica.

Las multas, según los residentes, se empezaron a poner el día 8 de julio, cuando la justicia tumbó la moratoria de sanciones impulsada por el Gobierno de PP y Ciudadanos, aunque las notificaciones llegaron en octubre y noviembre. “En la reunión con el equipo de Carabante [delegado de Medio Ambiente] nos dijeron que si la justicia no se hubiese pronunciado en contra del Ayuntamiento nada de esto habría pasado”, cuenta Rojo. 

El PSOE pidió en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en noviembre la anulación de las sanciones. Tres meses después, los vecinos exigen que al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que borre todas las multas por acuerdo de la Junta de Gobierno. Muchos han alegado pero la asociación vecinal asegura que la mayoría se han “desestimado” y el único camino ya son los tribunales. “Demandar al Ayuntamiento exige tiempo y dinero. Y desgasta mucho”, argumenta Ana Rojo, que califica lo ocurrido como una “estafa”. “Nos han metido la mano en el bolsillo”, añade. La asociación de vecinos de La Corrala denuncia que la situación es muy grave en algunos casos porque se están “embargando cuentas” por las deudas. 

Etiquetas
stats