Las asociaciones de vecinos de Centro reniegan de las jornadas sobre terrazas de hostelería montadas por Villacís

En Madrid hay más de 6.700 terrazas, de las que cerca de 2.000 son nuevas y más de 1.500 han ampliado la superficie que tenían antes de la pandemia. Mientras el Ayuntamiento prepara una modificación de la Ordenanza que las regula, que estará lista a finales de año y con la que busca conciliar “la actividad económica y el descanso vecinal”, según afirma, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha organizado un simposio internacional de dos días sobre el tema, ‘Retos de las ciudades: Las terrazas de hostelería’, que se desarrolla en el salón de actos del Centro Cultural Conde Duque y en el que participan políticos de ayuntamientos nacionales y del extranjero, hosteleros, arquitectos, urbanistas, empresarios y también representantes vecinales.

Las que no están en estas jornadas son las asociaciones de vecinos del distrito Centro de Madrid -uno de los que más sufre el problema de las terrazas-, que han declinado la invitación municipal por creer que la presencia de los residentes en la ciudad en las jornadas se limita a “cubrir el expediente” y que estas sólo van a servir para tratar de justificar la modificación de la Ordenanza de Terrazas en la que trabajan en Cibeles “obviando la voluntad de los vecinos de Madrid”, que ya expresaron recientemente su deseo de eliminar las llamadas “terrazas Covid” convirtiendo en la más votada de la web municipal Decide Madrid una propuesta ciudadana que pedía acabar con las autorizadas de forma extraordinaria en respuesta a la situación generada durante la pandemia.

Según el Ayuntamiento, “encontrar soluciones satisfactorias que den respuesta a la problemática derivada de la pandemia haciendo partícipes a todos los agentes de la sociedad civil implicados” es el motor principal para la celebración de estas jornadas internacionales sobre terrazas de hostelería.

Por su parte, los representantes vecinales de Centro argumentan que “durante los últimos 15 años hemos vivido un claro retroceso en derechos ambientales en Madrid” como consecuencia de la instalación de nuevas terrazas y que el Ayuntamiento no “tiene en cuenta para nada a los residentes que viven en el entorno” de las que autorizan y que son “los principales afectados por las mismas en cuestiones tan importantes como su salud, su descanso y su patrimonio”.

Silvia Saavedra, concejala delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, área organizadora del simposio internacional, ha dicho que la modificación de la Ordenanza que se prepara “conciliará de forma equilibrada el apoyo del equipo de Gobierno a la hostelería con el obligado respeto al descanso vecinal”. Las asociaciones de vecinos de Centro lo ponen en duda.

Critican la discrecionalidad a la hora de conceder las licencias de colocación de las mismas y afirman que suponen una “alteración de la libre competencia (benefician a las actividades hosteleras frente a otras sin permiso para desarrollar su actividad comercial en el espacio público, implican una competencia desleal entre los que tienen y no tienen terraza y alteran y distorsionan los precios de los locales con o sin ellas), de los usos urbanísticos, de la calidad medioambiental (aumentan el ruido), de la accesibilidad y movilidad de los peatones, de la limpieza, del paisaje urbano, de la edificabilidad de la ciudad y del espacio disponible para uso público”, además de generar “daños al patrimonio de los residentes” debido a que “las zonas saturadas por actividades ruidosas” contribuyen a la “depreciación del valor real de las viviendas”.

“El ayuntamiento autoriza la ocupación del espacio público a negocios privados de hostelería para la instalación de terrazas anexas cuando sólo tienen licencia urbanística para desarrollar su actividad dentro de sus locales; locales que deben cumplir determinadas exigencias de acondicionamiento interior a fin de asegurar que no se produzcan molestias de todo tipo. ¡Paradójico! Se trata de una autorización pública que no genera derechos urbanísticos y que es absolutamente discrecional. Es el concejal de cada distrito quien decide concederla o no concederla. En cuanto a su impacto económico, más allá de los mantras y retóricas tramposas de los políticos, es obvio que genera empleos (como los generan la prostitución o el tráfico de drogas y armas…) pero no nos cuentan cuántos ni de qué tipo (¿puestos de 25.000€ bruto/año o puestos de media jornada en A, media en B por 13.3000€ bruto/año?). Sorprende además que, en este caso, los políticos nunca hablen de coste/beneficio, el análisis económico más extendido en la gestión de la administración, sino sólo de unos supuestos beneficios, que no detallan, ocultando los costes que supone alcanzarlos”, aseguran desde la coordinadora de asociaciones vecinales de Centro, que agrupa a la Asociación de Vecinos de Chueca, ACIBU (Barrio Universidad), SOS Malasaña, Cavas-La Latina, Ópera-Austrias, Barrio de las Letras, AVECLA (Centro La Latina) y AVEPLAMA (Plaza Mayor).

Esteban Benito, portavoz de la asociación de vecinos de Chueca afirma que “más del 95% de los participantes en las jornadas internacionales son empresas con intereses mercantiles en las terrazas. Como vecinos damnificados no aceptamos que se nos invite para cubrir el expediente de cara a la galeria. Esta señora -Villacís- se ha sacado de la manga las jornadas Juan Palomo de las terrazas, o sea, ella y sus amiguitos, para justificar la barbaridad que está haciendo”.