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Un vacío legal impide multar a los que usen en Madrid bicicletas de alquiler sin pagar

Bicicletas del servicio de alquiler municipal de Madrid, BiciMad.

Si alguien se encuentra en la calle una bicicleta de alquiler del Ayuntamiento de Madrid y la utiliza sin pagar por ella, no estaría cometiendo un delito leve de apropiación indebida.

BiciMAD se incorporará a la tarjeta de transporte público a partir de octubre

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Salvo que se demuestre que esta persona tiene intención de quedarse con la bicicleta, como fue el caso de este hombre, que fue condenado porque se dirigía a su casa con una bicicleta de alquiler que no había pagado, aunque él argumentó que tenía “la intención de devolver la bicicleta en el mismo sitio esa misma tarde, pues había 'quedado con su novia'”.

También se considera delito por apropiación indebida si un policía descubre a alguien que recoge una bicicleta encontrada en la calle o mal anclada en los totems.

La Audiencia Provincial de Madrid ha procesado más de una treintena de este tipo de casos en los últimos dos años. Casi en la mitad de las ocasiones, los jueces han absuelto al acusado porque la legislación no contempla exactamente el uso de una bicicleta de alquiler sin pagar por ella.

Esto provoca una diferencia de posiciones entre los magistrados de Madrid, puesto que la Audiencia Provincial ha absuelto a los acusados –condenados anteriormente con sanciones económicas– en una veintena de ocasiones porque los implicados aseguraban no tener intención de quedarse con la bicicleta y la acusación no había conseguido demostrar lo contrario.

Además, debido a que las bicicletas no son consideradas vehículos de motor, no se puede condenar a un acusado de hurto. La mayoría de los casos relacionados con este uso ilícito de las bicicletas de alquiler, que han sido juzgados por la Audiencia Provincial de Madrid, no habían sido violentos. Por este motivo no es habitual que las sanciones supongan más de 600 euros para el acusado.

El servicio municipalizado de alquiler de bicicletas, BiciMad, comenzó en junio de 2014 durante la gestión de la exalcaldesa del PP, Ana Potella, gestionado por la firma Bonopark. Sin embargo, el Ejecutivo de la actual alcaldesa, Manuela Carmena, firmó un contrato de cesión de Bonopark a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por un coste de 10,5 millones de euros.

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