Parece como si hasta el 24 de mayo todo se haya olvidado. Como si en Castilla y León no hubiera ocurrido nada hasta esa fecha. Es como un punto y aparte. El que ha querido añadir Ciudadanos, el partido que encabeza en esta comunidad autónoma Luis Fuentes, un salmantino que procede de partidos minoritarios de Salamanca , próximos a la derecha, y que se ha convertido en la cabeza visible de este partido en esta región.
Y como consecuencia de ese punto y aparte, Juan Vicente Herrera fue investido ayer presidente de la Junta de Castilla y León, por quinto mandato consecutivo –aunque en el primero accedió a mitad de la legislatura, tras la salida de Juan José Lucas-. Una investidura lograda con la abstención de Ciudadanos, después de que el PP perdiera la mayoría absoluta.
Ciudadanos, con una sonrisa de Luis Fuentes, consiguió que Herrera firmara el pacto por la regeneración política. Y a partir de ese momento, le dio su respaldo. O por lo menos, su abstención en la votación del pleno de investidura.
Herrera, en el inicio de este pleno, dejó claro que quería dar un giro “social” a su mandato. Pensando en la población, en los “paisanos” –como a él le gusta llamar a los ciudadanos-. Y habló de regeneración democrática e, incluso, de modificar el Estatuto de Autonomía.
Y en un talante más apaciguado que en la campaña, cuando calificaba a Ciudadanos como un partido de izquierdas, con un tono más tranquilo, tendió la mano a la oposición –en esta legislatura, cinco partidos en lugar de tres, como PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL- y ofreció pactos en materia de financiación, de ordenación del territorio, de industria, de regeneración democrática y de población. Y habló de que es primordial modificar el Estatuto de Autonomía.
Según Juan Vicente Herrera, con ese cambio se pretende blindar “los avances sociales”, para lo que se incorporaría el compromiso de un suelo de gasto social equivalente al 80 por ciento del gasto no financiero de la Junta; así como fortalecer el papel de las entidades locales, “como prestadoras de servicios de proximidad”. También quiere introducir cambios sobre la calidad democrática.
Sin embargo, se le olvidó concretar qué va a hacer con los imputados que hay en Castilla y León relacionados con el Gobierno regional. O si ha a indagar respecto a la relación que tenía con esta región la trama Gürtell. O si perdonará a Ciudadanos por tener como imputados a su cúpula regional, aunque sea por un supuesto delito contra el honor.
De eso no se habló. Juan Vicente Herrera dejó abierta la posibilidad, sin concretar, de limitar mandatos y que se excluya de sus responsabilidades públicas a todo cargo político cuando se “le abra juicio oral por un delito de corrupción”.
El periodista vallisoletano Carlos Blanco se preguntaba ayer, en el periódico El Norte de Castilla, si a la regeneración democrática que ha reclamado Herrera “no se ha llegado tarde”. Y recuerda Carlos Blanco que en 2001, cuando ganó el PP las elecciones autonómicas por mayoría absoluta, Juan Vicente Herrera “era consciente del progresivo distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía”. “Y sabía cómo atajar el problema. Lo esbozó y se olvidó. Cuatro años después ha tenido que firmar y comprometerse. Y asegura estar cómodo. Todo por la abstención”, concluye su artículo este periodista vallisoletano.
La realidad es que Herrera ha prometido mirar hacia el futuro. Que Ciudadanos le perdona todo. Pero ambos se han olvidado de que una veintena de cargos y exresponsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta están imputados por un Juzgado de Valladolid tras la querella de la Fiscalía por un presunto delito de malversación relacionado con la compra de terrenos para el polígono industrial de Portillo y para el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda.
Enfrente han estado casi todos los grupos de la oposición, a excepción de Ciudadanos. Desde el PSOE, Luis Tudanca acusó a Herrera de “falta de credibilidad” después de 14 años como presidente de la Junta de Castilla y León.
Uno de los nuevos en el Parlamento regional, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, dijo el jueves que “ha llegado la hora de la gente” y de “llevar la realidad” al Parlamento autonómico, un hemiciclo que está en “estado de letargo ante la cruda realidad” de la región.
Por su parte, José Sarrión, procurador de IU, lamentó tras la investidura de Herrera el “continuismo en Castilla y León” y pidió que los parlamentarios “pisen la calle y conozcan los problemas de la gente”.
