Hace un año, por estas mismas fechas, desde La Meseta se me invitó a reflexionar en torno a los siete años de instrucción del mayor caso de corrupción de Castilla y León: el conocido como 'Caso Arroyo', y para ello me ofreció un espacio en www.eldiario.es para, con total libertad, analizar cómo había vivido esos años, teniendo en cuenta que seis de ellos tuve la responsabilidad, y el honor, de ejercer de portavoz del PSOE en el municipio epicentro de tan turbio asunto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
En aquel momento, tuve la oportunidad de repasar la instrucción, archivo y posterior reapertura de este caso, que el pasado 24 de junio logró sentar a seis imputados en el banquillo de los acusados. Y ya entonces sostuve que, “a pesar de todo, a pesar de las demoras, a pesar de los retrasos, a pesar de los archivos, a pesar de que estoy convencido de que entre los imputados debería haber más gente”; decía que, a pesar de todo ello, confiaba en la justicia, y estaba seguro de que la sentencia iba a ser ejemplarizante... Como así fue. No me equivoqué.
Y es que, por centrarnos en el actor principal del Caso Arroyo, en esta España nuestra en la que numerosos acusados de corrupción urbanística pasan por los juzgados y salen de los mismos con sentencias absolutorias (por prescripción de los delitos, por anulación de pruebas o por resolver el litigio con simples multas económicas); aquí nos encontramos con un Alcalde, José Manuel Méndez Freijo, que el 22 de noviembre de 2013, fue condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid, por los delitos de prevaricación y cohecho, a 3 años de cárcel y a 16 años de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público, a mayores de una multa económica de 132.000 euros ('pecata minuta' para él) como responsable social subsidiario, y a abonar un noveno de las costas procesales del juicio.
En definitiva, que creo que podemos concluir que la Sentencia de la Audiencia Provincial es, como auguré hace un año, ejemplarizante. Por lo que hay que dar la enhorabuena al abogado de la acusación particular y abogado de la 'Asociación Arroyo Siglo XXI', José María de la Red, por haber sido capaz de lograr este incuestionable éxito jurídico.
Pero, como reza el dicho, “quien hace la Ley hace la trampa”... Porque, mal que nos pese a muchos, y como reza el título de este artículo de opinión y reflexión, “con sentencia o sin sentencia, nada cambia en Arroyo de la Encomienda”.
Así, casi cinco meses después de conocerse esta contundente sentencia, José Manuel Méndez Freijo, ha recurrido la Sentencia al Tribunal Supremo, y mientras, como si no pasara nada, sigue ejerciendo como Alcalde, sigue presidiendo Plenos y Comisiones municipales, sigue acudiendo a actos institucionales en representación de todos los arroyanos y arroyanas, y sigue tomando decisiones, comprometiendo gastos con cargo al erario municipal y dirigiendo, sentado en el despacho de Alcaldía, este importante consistorio vallisoletano (el cuarto de la provincia en orden de importancia poblacional).
Y sí, a pesar de todo, el Sr. Méndez, pese a encontrarse incurso en incompatibilidad para ostentar los cargos de alcalde y concejal, sigue ejerciendo ambas responsabilidades... Y lo hace con el respaldo expreso de su partido, el IPAE (creado a su imagen y semejanza, nunca lo olvidemos), y con la colaboración de sus concejales y, lo que es más grave, con el silencio cómplice de los concejales del Partido Popular que, seguramente recordando que cuando cometió los delitos por los que ha sido condenado, formaba parte de dicho partido, prefieren actuar 'como los monos de Gibraltar', y optan por no ver, no oír y no decir nada al respecto. Lamentable.
Ambos, gobierno (IPAE) y oposición (Partido Popular), de una manera irresponsable, miran para otro lado e ignoran, con una evidente complicidad, que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (L.O. 5/1985), tras su modificación en el año 2011, recoge que “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo,contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”, no pueden continuar en el cargo.
Todo ello a pesar de que mis compañeras concejalas socialistas, Verónica Calvo y María Jesús Frómesta, también desde la oposición municipal, han acudido acertadamente a la propia Junta Electoral Central para resolver esta situación, obteniendo como respuesta que, efectivamente, la Ley Electoral señala tal incompatibilidad pero (siempre hay un pero) que para hacerla efectiva ha de aprobarla el Pleno Municipal... Y claro, como he señalado, ni IPAE (previsible) ni el PP (lo que me parece más repudiable) quieren dar ese paso y quitar de la Alcaldía a un individuo que tiene sobre sus espaldas una Sentencia de 3 años de cárcel y 16 de inhabilitación para cargo público.
Así que, una vez más, la política va por un lado, y el sentido común, la justicia y el decoro democrático, por otro... De manera que, por mucho que desde instancias ministeriales, desde tribunas mediáticas y desde determinados partidos políticos, se hable de combatir la corrupción, de ser ejemplarizantes en el ejercicio de la función pública, y de apartar a las 'manzanas podridas'; la realidad es que, en la España del siglo XXI, se puede seguir siendo Alcalde de un municipio de 18.000 habitantes, aun con una sentencia de inhabilitación de 16 años... Y aún así, habrá quien le aplauda por la calle, y le ría las gracias.
Lo siento, pero no puedo con estas actitudes fariseas... Por eso me despido parafraseando a Don Miguel de Unamuno, cuando decía aquello de “Me duele España”; porque a mi también me duele esta España que, aún sabiendo la verdad, prefiere mirar para otro lado... Lo siento, pero esta no es mi España.
