El Pleno aprueba crear una comisión que investigue la cesión de terrenos públicos a la Fundación San Antonio
El pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación para indagar en el convenio de cesión de terrenos de 2005 que el Consistorio hizo en favor la Fundación Universitaria San Antonio, presidida por José Luis Mendoza.
La moción, presentada por el PSOE de Murcia, insta a la Junta de Gobierno a que convoque una comisión urgente compuesta por un representantes de cada grupo político, servicios jurídicos municipales y otros relacionados, para evaluar el grado de cumpliento del convenio formado por el Ayuntamiento de Murcia y Fundación Universitaria San Antonio e iniciar las actuaciones legales oportunas, si se diera el caso, para salvaguardar los intereses legítimos del Ayuntamiento.
Finalmente se ha incluido en la propuesta que en la comisión estén presentes técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales y de la propia UCAM para debatir un tema que, según los concejales, está en una “situación insostenible”.
Cesión de terrenos
El 12 de julio de 2005, el Ayuntamiento de Murcia firmó un convenio con la Fundación San Antonio por el que realizaba una cesión de terrenos en favor de la entidad dirigidad por José Luis Mendoza. Concretamente, el Consistorio cedió una parcela de 135.577 m2, lugar en el que se encuentra actualmente el Campus de los Jerónimos, y que tiene una querella admitida a trámite por supuestas obras ilegales en siete de sus edificios.
Por otra parte, en el convenio firmado se hacía constar que la parcela quedaría vinculada a los servicios y actividades docentes o educativas y de investigación de la UCAM y de su propiedad por el período de diez años, a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial de ordenación.
Asimismo, el Plan tenía que ser elaborado por la Fundación y presentado en el Ayuntamiento para su tramitación y aprobación en el plazo máximo de un año a contar desde la firma del convenio, debiendo comenzar las obras de urbanización y edificación en el plazo máximo de cinco años desde la aprobación definitiva del Plan Especial, que finalmente se aprobó el 1 de agosto de 2009, según consta en Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).
