Nos encontramos en un estado de alarma por una pandemia mundial en la que el Gobierno de la nación toma el control pero deja a cada Comunidad Autónoma, e incluso a cada alcalde, el poder de tomar las medidas que considere dentro de su ámbito.
Esto implica que miles de instituciones distintas estén cada día tomando decisiones, que se suponen coordinadas por el Gobierno central. Es mas fácil establecer esta teoría que ponerla en práctica, ya que tendríamos a miles de instituciones de diferentes signos políticos tomando decisiones. Esto al ciudadano le aterra, ya que sabe el nivel de entendimiento que demuestran tener las formaciones políticas que han obligado al país a repetir, una y otra vez, las elecciones generales.
En fin, tenemos en mi opinión justo lo contrario de lo que se pretende conseguir al decretar un estado de alarma. Lo deseable sería que el gobierno tome el control sobre todas las decisiones a través de sus delegados del Gobierno, y que el resto de instituciones se supeditaran a ellas dentro de una lealtad institucional bien entendida.
Esta lealtad institucional debería enmarcarse a no sacar rédito político de esta situación y a consensuar lo máximo posible cualquier medida que se adopte en pos de conseguir el máximo numero de ideas y sensibilidades, es decir, tener el máximo numero de datos para decidir con criterio.
En el actual estado de cosas, algunos parecen entender que la lealtad institucional es no realizar crítica a la gestión, aunque esta crítica sea constructiva y ayude a ver lo que se esta haciendo mal. La unión en este caso no hace la fuerza, porque a la postre hacen que los que tomen las decisiones se erijan en pequeños endiosados que en este caso deciden sobre la vida y la muerte. Lo que habría que respetar es la decisión que se tome después de la participación, porque si no fuera así habría caos. Pero no se puede sustraer a la crítica y debate previo.
Muchos ciudadanos pueden entender una postura sumisa al famoso gesto político “entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera”, que es lo que se podría entender al ver errores de gestión en administraciones de distinto signo político...Es decir hoy por ti, mañana por mí.
Es en este punto donde el ciudadano, que ve mermados sus derechos en cuanto a la circulación, y reducidos a lo digital el derecho de reunión y manifestaciónm se siente impotente y percibe como pequeños tiranos a los que se saltan procedimientos con prepotencia y unilateralmente, y creyéndose infalibles deciden sobre la vida, la muerte y nuestra hambre.
Hay mucha diferencia entre el colaborador y el 'colaborador necesario' de nuestro ordenamiento jurídico. Después de esto vendrá el consiguiente repaso de todas las situaciones acontecidas. Por que si algo va a cambiar esta crisis es que el pueblo que no es institución, cambiará su impotencia por exigencia.
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