Casi toda la ciudadanía es partidaria de las energías renovables, en general, y de la energía fotovoltaica, en particular; como elementos fundamentales en el proceso de descarbonización de la economía y de mitigación del cambio climático. El desafío fundamental para la energía solar fotovoltaica es que tiene densidades de energía baja en comparación con otros medios de generación eléctrica y, por lo tanto, necesita más territorio para su instalación. Este crecimiento significativo se produce en un contexto de ausencia de planificación sobre los proyectos fotovoltaicos que producen impactos muy distintos en las diferentes instalaciones debido al tamaño, ubicación, necesidad, condiciones de acceso a la red eléctrica, etc. Es necesaria una planificación ambiciosa y buenas prácticas en los procesos de evaluación ambiental para su coexistencia con la biodiversidad. Desgraciadamente hay muchos estudios diseñados para predecir y monitorear la incidencia de las infraestructuras renovables que son financiados por empresas energéticas, a menudo con poca supervisión de gobiernos, lo que excluye su independencia.
Veintitrés científicos e investigadores españoles han publicado una carta en la revista Science donde alertan de la amenaza que supone para la biodiversidad el crecimiento desmesurado de las renovables sin una planificación exhaustiva. La energía fotovoltaica necesita grandes extensiones de terreno y afectan principalmente a las especies en declive de aves esteparias, que están mal representadas en la red española Natura 2000[1].
A diferencia de Europa en la que se está produciendo una revolución fotovoltaica mejor dimensionada, distribuida en pequeñas y medianas potencias, aquí nos encontramos con una especulación creciente de grandes fondos de inversión que aprovechan las debilidades de nuestra administración y la falta de información a la ciudadanía. En este sentido, el consorcio China Three Gorges, un fondo de inversiones estatal chino, prevé la compra de varias plantas fotovoltaicas en la región y ya está al frente de cuatro instalaciones ubicadas en Murcia, Lorca, Fuente Álamo y Mazarrón. En el futuro, este tipo de operaciones puede provocar, que teniendo la posibilidad de ser autosuficientes, volvamos a ser dependientes del exterior energéticamente.
El modelo que la Región de Murcia debe estar pegado al territorio, inclusivo y que refleje la autosuficiencia energética conectada a todos los niveles. Es necesario redimensionar los proyectos de las megaplantas solares. Se estima en torno a 6.500 hectáreas la superficie ocupada por las macroplantas de placas solares en la Región de Murcia, un espacio equivalente al perímetro de la ciudad de Murcia.
La ausencia de una legislación que establezca las zonas donde instalar estos nuevos proyectos hace difícil determinar con exactitud los impactos ambientales, sinérgicos y combinados, originados por este cúmulo de instalaciones, más allá de la evaluación en concreto del impacto ambiental de la instalación fotovoltaica. Uno de los ejemplos manifiestos es la situación del municipio de Mula, donde ya hay establecida la segunda planta en tamaño de España con unas mil hectáreas (la primera está en Extremadura), además hay otros tres proyectos de plantas solares en el municipio y tres más limítrofes con Mula, dos en Campos del Rio y una en Murcia; sin que se hayan evaluado de una manera integral los efectos sinérgicos y acumulativos. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado una nueva herramienta cartográfica que zonifica el territorio en función de los previsibles impactos que puedan presentar para la implantación de proyectos de energías renovables, pero solamente es indicativa. El gobierno regional ha elaborado un mapa de las áreas más recomendables para la ubicación de fotovoltaicas, pero son recomendaciones sin ningún carácter normativo.
Deben establecerse una graduación de la aptitud ambiental de terrenos para las instalaciones de proyectos de renovables (en orden decreciente de aptitud): la consideración segregada de los estudios de impacto ambiental de parques fotovoltaicos contiguos o cercanos es inadmisible: hay que integrar en un único análisis el estudio de los impactos acumulativos y sinérgicos de las instalaciones, logrando una mayor eficacia en la evaluación de los aspectos ecosociales en conjunto. Un proyecto que, como parte de su evaluación ambiental concluya que requiere de medidas compensatorias para la biodiversidad y la sociedad, debe ser rechazado, pues hubiera merecido una declaración de impacto ambiental negativa. La elaboración de un Plan de Ordenación Regional permitiría establecer las zonas a priori más favorables para este tipo de instalaciones, desde el punto de vista ambiental y de conectividad a las redes, identificando las zonas donde estaría más restringida o prohibida su instalación; así como las condiciones que deberían cumplir en el resto del territorio.
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