El transporte es un sector clave para abordar los objetivos ambientales que implica la emergencia climática. Es el principal emisor de gases de efecto invernadero y provoca graves impactos en el territorio. El camino hacia un transporte sostenible está mediatizado, entre otras cosas, por la dinámica de creación de grandes infraestructuras. En las tres últimas décadas no hemos tenido políticas de transporte, sino de infraestructuras. Las grandes obras públicas son las que han mandado sobre el territorio y la movilidad.
No hace mucho se ha celebrado en el Congreso de los Diputados una Jornada sobre la política de las grandes infraestructuras de transporte donde se ha reclamado un freno a estas infraestructuras por acelerar la crisis climática y se ha planteado al Gobierno que no ignore ni minimice los impactos ambientales de estos proyectos. Nueve organizaciones ambientales han pedido el fin de la dinámica de grandes infraestructuras de transporte que ignoran la emergencia climática declarada a principios de 2020 y que nos llevan por un camino a ninguna parte. La política de grandes obras de transporte agrava la crisis climática. Este discurso no gusta oírlo a nuestros gobernantes y a parte de nuestra sociedad pero, para un futuro sostenible, tenemos que enfrentarnos a esto. Frenar las grandes infraestructuras de transporte para evitar la aceleración de la crisis climática es una tarea pendiente de nuestra sociedad.
Los proyectos de ampliación de puertos, aeropuertos y red viaria se contradicen de una manera patente con los objetivos de descarbonización y lucha contra la crisis climática. Las consecuencias de esta ola de hormigón y grandes infraestructuras causa impactos ambientales muy significativos como las afecciones sobre el medio natural, la ocupación de una gran cantidad de suelo fértil o protegido, la fragmentación de propiedades y ecosistemas, los impactos sobre la biodiversidad, además de contaminación acústica, atmosférica y de suelos.
Son necesarios criterios estrictos sobre cualquier nuevo proyecto de infraestructura de transporte para que tenga una eficiencia social, económica y ambiental. La dotación en grandes infraestructuras de transporte en el estado español es muy superior a la de cualquier otro país europeo. Somos es el país de la UE con más kilómetros de autovías y autopistas, con la mayor red de líneas de alta velocidad ferroviaria (que se destina sólo para pasajeros/as) con más aeropuertos deficitarios, (el de Corvera, sin ir más lejos) y con mayor capacidad portuaria sin utilizar y sin embargo, en Cartagena estamos empecinados en una gran ampliación de la dársena de Escombreras como en un infantil cuento de la lechera.
Nuestro país ha sido el que más porcentaje del PIB ha dedicado a las grandes infraestructuras de transporte, incluso en periodos en los que se han aplicado fortísimos recortes sociales. Un ejemplo, en 2009 se destinaba el 2,2 por ciento del PIB a estas obras (23.000 millones) y, en 2010 se aprobaban recortes por un total de 7.500 millones de euros en prestaciones sociales.
Se ha optado por un modelo de transporte basado en el consumo exponencial de combustibles fósiles y en los modos de transporte que más gases contaminantes y de efecto invernadero generan. Todavía no se esta produciendo un reducción significativa de este tipo de emisiones. En un efecto perverso, la nueva llegada de fondos europeos Next Generation está causando que se estén volviendo a reactivar proyectos de gran impacto ambiental y con una escasa o nula rentabilidad social y ambiental. Poner freno a la dinámica de grandes obras, que sólo favorece a las grandes constructoras y repensar las políticas de movilidad, son los pilares básicos de una transición económica con sostenibilidad, equidad y respeto al territorio
Necesitamos desarrollar un ferrocarril convencional moderno, no un tren elitista que solo tenga parada en grandes poblaciones. Necesitamos servicios de cercanías ferroviarias eficientes. Es imprescindible otra política de transporte de mercancías, con mucho más peso del ferrocarril y no seguir dando facilidades para el tránsito de vehículos pesados. Urge poner en práctica planes de movilidad sostenibles alternativos a un listado de infraestructuras. Es necesario un giro radical en la política de transporte, en la que primen las necesidades reales de la sociedad civil; que reduzca el transporte de mercancías y personas; que proteja la biodiversidad y defienda el acceso equitativo a los servicios.
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