Incluso en las sociedades desarrolladas, las niñas y los niños que vienen al mundo corren distinta suerte. Las mujeres seguimos teniendo mermados nuestros derechos humanos y oportunidades, lo que puedo corroborar personalmente dado que en determinados momentos de mi trayectoria vital y académica he sido víctima de discriminación. Y ello a pesar de que la mayor parte de mi vida ha transcurrido tras la aprobación de la Constitución de 1978, que proclama el principio de igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por razón de sexo.
Ciertamente, pese al reconocimiento de la igualdad formal, las mujeres seguimos siendo víctimas de la lacra de la violencia machista (49 mujeres asesinadas y más de 125.000 denuncias en 2017), somos más pobres que los hombres durante toda nuestra vida, y tenemos mayores dificultades que estos para alcanzar, en empresas y administraciones, los puestos de más alta responsabilidad. Veamos algunas cifras: la tasa de paro femenina a finales de 2017 es del 18,35%, y la masculina del 14,97 %; también a finales de ese año, las mujeres siguen siendo mayoría en las actividades laborales más precarias pues del total de trabajos a tiempo parcial, 2.072.100 eran ocupados por mujeres y 733.300 por hombres; el salario medio anual femenino en 2015 fue de 20.051,58 euros, mientras que el masculino alcanzó los 25.992,76 euros; y las pensiones de las mujeres son menores o inexistentes, siendo la pensión media de la mujer en 2015 de 689,16 € frente a la del hombre, que alcanzó los 1.107,86 €, según datos del MESS.
Pese a todo, Europa es el continente donde la situación de las mujeres más ha mejorado, y la universidad una de las instituciones que ha contribuido en mayor medida a estos avances. Pero no es suficiente. Es mucho más lo que las instituciones de educación superior pueden y deben hacer para impulsar la igualdad real de hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluido el universitario, donde los hombres, tanto del PAS como del PDI, siguen ocupando los puestos mejor remunerados y de mayor responsabilidad, a pesar de que las mujeres, desde hace años, son mayoría en las aulas universitarias. Así, en 2015, las catedráticas representaban un 21% respecto del total y sólo había una rectora en las universidades públicas (Informe Científicas en Cifras 2015. Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión científica), realidad que no parece tenga visos de cambio; es significativo, en este sentido, que en las inminentes elecciones a rector/a de la Universidad de Murcia, hayan presentado su candidatura cinco hombres y ninguna mujer.
La situación descrita, además de constituir una vulneración de derechos, afecta de forma negativa al PIB de los Estados. De otro lado, no debe desconocerse que la desigualdad entre mujeres y hombres se agudizará en el futuro si no se adoptan las medidas necesarias para incorporar a las primeras a los sectores de mayor crecimiento, como el digital y tecnológico, profundamente masculinizados. El esfuerzo para alcanzar tales propósitos merecerá la pena, por razones de justicia, pero también por motivos académicos, económicos y productivos, pues sólo así nuestra sociedad podrá alcanzar las cotas más altas de excelencia y los objetivos de Europa 2020.
Para revertir esta situación es mucho lo que puede y debe hacer la universidad. Esta ha de liderar un profundo cambio social que conduzca a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, liderazgo que mejorará la calidad de la institución e impactará positivamente en la sociedad a la que se debe. Como afirma el editorial de la revista Nature de 2 de febrero de 2018, la ciencia necesita redefinir la excelencia de las instituciones académicas, debiendo medir aspectos como su impacto social y el manejo de cuestiones como la equidad y la justicia.
Mi defensa y lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, desde siempre, me ha llevado a asumir cargos de responsabilidad, como Directora de Departamento, Vicedecana y como Vicerrectora en el momento actual, así como el liderazgo de proyectos de investigación. Desde dichas atalayas he participado en la elaboración del I Plan de Igualdad de la Universidad de Murcia y en la creación de la revista i-QUAL, he impulsado el Centro de Estudios de Género y de las Mujeres de la Universidad de Murcia (en proceso de creación), y codirijo un Congreso Internacional sobre retos de la igualdad en el horizonte 2020 que se celebrará el próximo mes abril. Además, como investigadora en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, he denunciado la discriminación que sufren las trabajadoras en diferentes ámbitos. He de admitir que el camino no ha sido fácil, pero siempre he actuado convencida de que una sociedad mejor y más justa requiere del liderazgo y de la visibilidad de las mujeres. Por otra parte, soy consciente de que la formación en igualdad, la superación de los estereotipos de género y el impulso de determinados cambios normativos es el camino que las universidades han de marcar. Por ello, he decidido no quedarme con lo hecho y seguir en el camino que empecé hace unos cuantos años ya.
Y es que resulta fundamental plantearse qué medidas concretas pueden adoptar las universidades para lograr la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, impulsando así no sólo una mayor justicia social, sino también mejoras académicas, económicas y productivas.
En este momento decisivo para el devenir de la principal institución de educación superior de nuestra región, me encuentro inmersa en un proyecto ilusionante, factible y plenamente comprometido con la igualdad, el proyecto que representa la candidatura a rector de la Universidad de Murcia de Emilio Martínez Navarro. De acuerdo con nuestro programa, para alcanzar la igualdad, las instituciones de educación superior han de aplicar, al menos, las siguientes doce medidas, posibles y realistas: 1) Lograr una representación equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos de gobierno, consultivos y de representación de la universidad, así como en los tribunales y comisiones de selección. 2) Promover una mayor participación de la mujer en la investigación en todos los ámbitos y como responsables de grupos y proyectos de investigación. 3) Fomentar la carrera profesional de las mujeres, mediante medidas que neutralicen situaciones de discriminación indirecta derivadas de la maternidad y del ejercicio, en mayor medida que los hombres, de sus derechos de conciliación familiar y laboral. 4) Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el desarrollo de la educación superior, eliminando obstáculos derivados de situaciones relacionadas con la maternidad. 5) Garantizar el respeto y la visibilidad de las mujeres en la imagen interna y externa que transmite institucionalmente la universidad. 6) Impulsar el funcionamiento de la Comisión de impacto de género en los Presupuestos de la universidad. 7) Impulsar la utilización de la red de igualdad de la institución, garantizando su representación en cada uno de los centros. 8). Fomentar la formación en igualdad entre hombres y mujeres, en el PAS y en el PDI. 9) Fomentar la formación específica en materia de igualdad entre hombres y mujeres del alumnado de la UMU. 10) Fomentar la investigación con perspectiva de género. 11) Sensibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres. 12) Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas de las niñas y adolescentes.
Si creemos que es necesario poner fin a la discriminación que sufren las mujeres y las niñas, no tardemos ni un instante, hagámoslo en todos los ámbitos en los que estemos presentes; y ahora corresponde hacerlo desde la universidad.
*María del Carmen López Aniorte es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. Se presenta en la candidatura a rector de la Universidad de Murcia de Emilio Martínez Navarro a vicerrectora de igualdad, transparencia y responsabilidad social.
