Las infraestructuras que nunca llegan

Hay una pregunta que la sociedad de la Región debería hacerse con serenidad, pero también con mucha exigencia política, ¿qué modelo de infraestructuras hemos construido después de tres décadas de gobiernos del Partido Popular?

Porque una cosa es reivindicar las infraestructuras que la Región de Murcia necesita, y necesita muchas, y otra muy diferente es convertir la reivindicación permanente en una estrategia política. El problema es que, después de tantos años de gobiernos del PP en San Esteban, resulta difícil seguir presentando a la Comunidad como una víctima permanente del Gobierno Central sin preguntarse también qué responsabilidad corresponde a quienes llevan décadas gobernándola.

El caso del aeropuerto de Corvera es probablemente el mejor símbolo de esa política. En 2018, el aeropuerto de San Javier cerró su último ejercicio completo con casi 1.300,000 pasajeros, llevaba 26 meses consecutivos creciendo.

Se decidió, sin embargo, sustituirlo por un nuevo aeropuerto en Corvera.

En 2025, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia recibió 949.007 pasajeros. Es decir, todavía no ha recuperado de manera estable el volumen de viajeros que tenía San Javier cuando fue cerrado.

Y mientras tanto, a poco más de 45 minutos por carretera, El Altet cerró 2025 con 19,9 millones de pasajeros y en los siete primeros meses de 2026 ya ha superado los 12,4 millones.

No es una comparación menor. Es una diferencia de escala gigantesca.

Mientras el nuestro lleva años luchando por superar el millón de pasajeros, el de la provincia vecina necesita ampliar sus instalaciones con una inversión superior a 1.155 millones de euros para atender su crecimiento.

Y Corvera no ha sido como se nos prometió precisamente gratis. Una sentencia ha condenado a la Comunidad Autónoma a pagar 143,7 millones de euros más intereses, que elevan el impacto a unos 160 millones, por las inversiones realizadas por la anterior concesionaria.

Pero el aeropuerto es solo una pieza de un problema mucho más amplio.

Durante años hemos escuchado hablar del AVE, del Corredor Mediterráneo, de las conexiones con Cartagena, de la ZAL de Los Camachos, del Arco Norte, del Arco Noroeste, de las autovías que faltan y de las conexiones ferroviarias que nunca terminan de llegar.

Algunas de estas infraestructuras son competencia del Estado y sería absurdo negarlo. De hecho, sería injusto atribuir al Gobierno regional decisiones que corresponden exclusivamente al Ministerio de Transportes.

Pero precisamente por eso hay que exigir algo más a quienes gobiernan la Región: liderazgo, planificación y capacidad de negociación, no únicamente comunicados de protesta.

Porque gobernar no consiste en esperar cada mañana a que te resuelvan la papeleta para después salir a denunciar lo que falta.

Gobernar también es decidir qué infraestructuras son prioritarias, ordenar el territorio, coordinar a los municipios, impulsar suelo industrial y logístico, garantizar conexiones ferroviarias adecuadas con los principales centros de actividad y conseguir que las inversiones públicas respondan a una estrategia económica.

El ejemplo de Los Camachos resulta significativo. La Zona de Actividades Logísticas sigue siendo una asignatura pendiente y la propia Comunidad Autónoma aprobó inicialmente en 2025 su declaración como Actuación de Interés Regional.

Mientras tanto, el Puerto de Cartagena necesita conexiones ferroviarias y logísticas capaces de convertir su posición estratégica en actividad económica.

Eso es una política de infraestructuras. No basta con hacerse una fotografía reivindicando una autovía. Y decir que la Región de Murcia está discriminada.

Después de tres décadas de gobiernos del PP, la pregunta ya no puede ser únicamente qué ha hecho el Gobierno Central por la Región. También debemos preguntarnos qué ha hecho el Gobierno regional con las competencias, los recursos y las oportunidades que tenía a su alcance.

Porque existe una contradicción difícil de ocultar, el PP gobierna la Región y, sin embargo, continúa utilizando buena parte de las infraestructuras como si estuviera en la oposición.

Ahora bien, tampoco sería justo ignorar los avances recientes. El Gobierno central ha adjudicado en junio de 2026 el primer tramo del Arco Norte por 84,2 millones de euros y el Arco Noroeste ya está en servicio. Además, el Ministerio prevé concluir a finales de 2026 las obras del AVE entre Murcia y Almería, con una inversión que ya supera los 2.700 millones.

Precisamente por eso sería conveniente abandonar la política del agravio permanente.

La Región no necesita una guerra institucional entre gobiernos. Necesita una estrategia regional de comunicaciones para las próximas décadas.

Una estrategia que responda a una pregunta elemental: ¿qué infraestructuras necesitamos para que la Región sea más competitiva, más sostenible y esté mejor conectada con España y Europa?

Porque una infraestructura no se justifica porque sea grande, espectacular o permita inaugurarla con una placa.

Se justifica porque resuelve un problema, conecta personas, facilita la actividad económica y mejora la vida de los ciudadanos.

Y esa debería ser la vara de medir.

El aeropuerto de Corvera nos deja una lección que no deberíamos olvidar, construir una infraestructura no es lo mismo que construir una política de infraestructuras.

Después de tantos años de gobiernos del Partido Popular, quizá ha llegado el momento de dejar de contar las infraestructuras que nos prometieron y empezar a evaluar las que realmente necesitábamos, las que realmente tenemos y, sobre todo, cuánto nos han costado.

Porque no queremos más populismo, necesitamos una política de infraestructuras.