Es lamentable y vergonzoso que en el siglo XXI, cuando los modelos internacionales son los sistemas educativos inclusivos, en la Región de Murcia los acuerdos de gobierno retrocedan hasta hacer necesarios los programas de integración dependientes de asociaciones sin ánimo de lucro, por el abandono de la atención a la diversidad en los centros escolares.
Se mantienen, amplían o firman nuevos convenios de colaboración, con o sin dotación económica, pero que hacen recaer la responsabilidad de la atención educativa de los niños y niñas con más dificultades en las familias, y lo llaman “perseguir una mayor implicación de los padres en la educación de sus hijos”. Como si esas dificultades para aprender se desligaran de la actividad docente y fueran cosa exclusiva de las familias.
Según los últimos datos del MECD, el número de profesores de Enseñanzas de Régimen General el pasado curso escolar disminuyó (de 18.391 pasó a 18.358) en Murcia, siendo la cuarta región con mayor número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo identificadas (en torno al 10%). Las directrices de la Consejería incluyen al inicio de cada curso escolar, aumentar los agrupamientos de alumnos para recibir apoyo de PT y AL (maestros especialistas), dejando fuera como no prioritarios aquellos cuyas dificultades no están asociadas a discapacidad (dislexias, trastornos del lenguaje, TDA-H…). No se reconocen en el horario de los Servicios de Orientación y los equipos educativos las horas necesarias para la coordinación e implementación de los programas de innovación.
Se sustituye la planificación en materia de Atención a la Diversidad por colaboraciones externas puntuales, sin tener en cuenta a los profesionales en plantilla de la Consejería para la elaboración de planes generales de prevención e intervención educativa que lleguen a todos los centros.
Se crea una necesidad y se genera un convenio, o un servicio al que recurrir pagando. Se considera el gasto educativo una donación caritativa extraordinaria por la que felicitarse y no una inversión obligada. Y lo más grave, no se garantiza el derecho a la educación de todos, sólo las de aquellos cuyas familias lo demanden, como un servicio complementario del que ellos deben hacerse cargo.
De la excelencia, reconocida a nivel nacional, de hace no tantos años, de un modelo regional de atención a la diversidad, hacia la precariedad por el abandono y el abuso de la caridad.
*Raúl Puche es responsable de Educación de Ciudadanos Región de Murcia
