Podemos propone una Ley de Cuentas Abiertas para la Administración Pública
La diputada regional de Podemos, María Giménez, ha explicado que el fin de esta iniciativa es “la lucha contra la corrupción”, ya que facilitará a los ciudadanos “toda la información sobre los ingresos y gastos, euro a euro, de cada institución pública, de la misma forma que se pueden consultar los movimientos de una cuenta corriente personal, con todas las cautelas que recoge la Ley de Protección de Datos”. Toda la información recogida en esta ley será publicada en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Una ventaja adicional es que, según ha defendido Giménez, el coste de aplicar esta medida “es cero”, porque aprovechará la “norma 43” de la Asociación Española de Banca que “normaliza qué tipo de información se puede suministrar en código abierto, una operación automatizable que sólo habría que subir al Portal de Transparencia”. “En definitiva, supondrá que las administraciones rindan cuentas a los ciudadanos”, ha argumentado la diputada.
María Giménez ha insistido en que el acceso a las cuentas bancarias donde se deposita el dinero público “es un derecho de todos los murcianos y murcianas”, y debe convertirse “en la mayor garantía de transparencia en la Administración y el mecanismo más eficaz para luchar contra la corrupción, y promover una eficaz rendición de cuentas de los poderes públicos y de su gestión”.
En la propuesta se determina la obligación de publicar qué tipo de cuentas hay, el CIF, cuáles son las entidades bancarias y sucursales con las que se trabaja, así como el detalle de todos los movimientos. También estarán incluidas las cuentas bancarias de la administración autonómica y de las personas jurídicas, entidades de derecho privado o público, con los límites que establece la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y por otras leyes que declaren el carácter secreto de algún dato.
María Giménez ha explicado también que esta ley se basa en el artículo artículo 105 de la Constitución Española, que asegura el derecho de los ciudadanos al acceso a la documentación de la Administración, y se convierte en un “complemento indispensable” de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
