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Giménez (Podemos): “Hay que desbloquear inmediatamente los expedientes de Renta Básica”

Podemos firmó el pacto contra la pobreza de EAPN antes de las elecciones

Pedro Serrano Solana

Murcia —

El grupo parlamentario de Podemos ha detallado en su moción que durante 2014, el Instituto de la Mujer y Asuntos Sociales -IMAS- no llegó a liberar partidas por aproximadamente 20 millones de euros, y como la asignación presupuestaria de 2015 no difiere de la 2014, ha propuesto contar con una retención del crédito asignado al IMAS por importe de 18 millones de euros para afrontar la renta básica de inserción.

Según ha explicado la diputada María Giménez, esta fórmula legal, que será la regulada en el artículo 18 de la Ley 13/2014 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es “urgente e inaplazable, porque hay que disponer de presupuesto suficiente para desbloquear inmediatamente todos los expedientes de Renta Básica paralizados, reconocer como mínimo la cuantía legalmente establecida,y simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes, para que el dinero llegue de forma inmediata a las personas en situación de pobreza”.

Podemos ha recordado también los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que colocaban a la Región de Murcia como la autonomía con mayor tasa de riesgo de pobreza de España con un 37,2%, a excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Podemos presenta esta moción “con el objeto de abordar esta situación, tal como se recogía en la Memoria Económica y Jurídica del Plan de Rescate Ciudadano de Podemos”, ha justificado Giménez, “ya que resulta necesario como medida inicial la resolución y pago de todos los expedientes paralizados, que cumplan los requisitos de la renta básica de inserción dirigida a las personas que no tienen recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas”.

María Giménez ha lamentado que el Gobierno regional no haya establecido las dotaciones presupuestarias adecuadas para atender en plazo todas las solicitudes, ylo ha que provocado “el retraso continuado en el reconocimiento del derecho y en el pago de la prestación, quedando bloqueados cientos de expedientes de personas en situación de exclusión y con necesidades básicas sin cubrir, a la espera de ampliación de partida presupuestaría o que llegue el nuevo año para que haya disponibilidad de fondos”.

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