El Fiscal pide una pena de diez años de cárcel para el exalcalde de Totana

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de falsedad, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y omisión de perseguir delitos en relación a las obras del colegio San José de Totana y por el que pide para Martínez Andreo un total de diez años de prisión.

El excalde de Totana se sentará en el banquillo junto a cinco personas más: el empresario Pedro José Martínez, que ostentaba la representación legal de la empresa 'Ucom 2005 S.L.', que firmaría con el Ayuntamiento un convenio urbanístico para la construcción de infraestructuras municipales, haciéndose cargo los promotores del pago del coste de las mismas, entre las que se decide incluir las obras de un colegio, para el que José Luis Manzanera, fiscal de la casusa, pide cuatro años de cárcel por los presuntos delitos de fraude y falsedad, al igual que para la exsecretaria municipal del Consistorio, Laura Bastida, a la que solo se le imputa falsedad.

Así como dos años para el gerente de Ucom, José Bonmatí; y el empresario Pedro Sánchez, que fue quien firmó un primer precontrato en noviembre de 2002 con Proinvitosa, ya que tenía interés en instalar un centro logístico del transporte“, ambos por el presunto delito de fraude; y el entonces oficial de la Policía Local, Alfonso Canales, por infidelidad en la custodia de documentos y omisión de perseguir delitos cuatro años.

Recordemos que el caso Totem saltó a la luz pública en noviembre de 2007 cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en Totana lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.

En este caso, el que fuera también alcalde de Totana, Juan Morales, predecesor de Martínez Andreo, se convirtió en el primer ex regidor de la Región de Murcia que, con sentencia firme condenatoria, iba a la cárcel por las actuaciones urbanísticas corruptas realizadas durante su mandado en Totana y de las que pudo lucrarse.

Escrito de acusación

Según el escrito de acusación del fiscal, antes del verano del año 2006 se decidió en el Consistorio la realización de obras en diferentes colegios públicos, entre los que se encontraba la construcción de dos aulas en el centro 'San José'.

Para ello, era preceptiva la incoación del expediente de contratación pública. El entonces concejal de Obras e Infraestructuras, José Martínez Andreo, contactó con el empresario Pedro José Martínez, que ostentaba la representación legal de la empresa 'Ucom 2005 S.L.', que firmaría con el Ayuntamiento un convenio urbanístico para la construcción de infraestructuras municipales, haciéndose cargo los promotores del pago del coste de las mismas, entre las que se decide incluir las obras de un colegio.

En este acuerdo se fijó en su redacción que los promotores propietarios de los terrenos tenían que abonar al Ayuntamiento la cantidad de 6,1 millones de euros, que se destinará a la construcción de infraestructuras municipales, entre las que se decide incluir por el concejal acusado las obras del colegio 'San José'.

El fiscal explica que Martínez Andreo “era conocedor de que existía ya un presupuesto de la citada obra que ascendía a la cantidad de 109.327 euros”, y le adjudicó la misma a la mencionada empresa, considerándola incluida en las obras a realizar dentro del convenio urbanístico que aún “ni siquiera se había firmado”.

Durante el curso de las obras, el fiscal recuerda que el partido político municipal en la oposición denunció públicamente la posible adjudicación irregular. Por ello, los acusados Martínez Andreo y Martínez Ruiz “comprueban que, efectivamente, podrían haber incurrido en alguna ilegalidad en la adjudicación de la obra y se conciertan para tratar de ocultar la irregular adjudicación”.

En concreto, el fiscal cree que los acusados, con el fin de tratar de desligar las obras del colegio con el convenio urbanístico firmado, consiguen que se modifique el contenido del apartado en el que se decía “a su vez los promotores asumían la realización y/o pago del coste de las infraestructuras”, eliminando la expresión “la realización y/o” por la expresión “pago”.

En segundo lugar, el fiscal atribuye a los acusados que se “inventaron” la “burda tesis de que tales obras se iban a realizar de forma gratuita por la empresa adjudicataria”, cuando existía ya partida presupuestaria.

El Fiscal sostiene que los acusados, tras comprobar que el asunto se había judicializado, procedieron en agosto de 2007, de común acuerdo con la secretaria municipal, a redactar un documento al que denominaron “convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Totana y Ucom para la realización de unas obras de ampliación del colegio San José”.

Entre los firmantes se encontraba Martínez Andreo, que aunque ya no era alcalde, lo firmó en la condición que ya no tenía de concejal de obras e infraestructuras públicas, facultad de la que en cualquier caso carecía cuando era concejal, al no tener delegada tal competencia por el anterior alcalde“.

Asimismo, entre los firmantes estaba Martínez Ruiz y la secretaria municipal, que fue quien asesoró en su redacción, plasmando en el mismo la tesis de la “gratuidad” de las obras, “inventándose que el objeto del mismo era regular la donación gratuita de la mercantil Ucom al Ayuntamiento para la realización de las obras de dos aulas en el colegio San José”..

Así, “asumiendo la empresa el total importe, firmándolo en un primer momento el día 13 de agosto de 2007, poniéndole fecha 16 de abril de 2007”. No obstante, al percatarse José Martínez Ruiz de la fecha que habían puesto, “rompieron las tres copias realizadas y redactaron y firmaron al día siguiente otras tres modificando la fecha y poniéndole 16 de abril de 2006”.

Todo, según el fiscal, con la finalidad de dar apariencia de que ese supuesto acuerdo de gratuidad de las obras “había sido de fecha muy anterior, incluso, al comienzo de las mismas, y de esta forma engañar al juzgado con el fin de que se archivase la denuncia por la adjudicación previa de las obras sin expediente de contratación”.

En segundo lugar, el fiscal explica que Pedro Sánchez se concertó con Pedro José Martínez Ruiz y, “con un fin claramente especulativo, firmaron el 18 de enero un contrato privado de venta del primero al segundo de una parcela”, pese a que eran conocedores de la existencia de una cláusula del derecho de la empresa municipal Proinvitosa a recuperar la parcela al precio original de venta.

Martínez Andreo, en su condición de concejal del ayuntamiento, “era perfectamente conocedor desde el principio de la maniobra”, según el fiscal.