María Marín: “Mientras López Miras mantiene las actividades no esenciales, la sanidad regional está colapsando”

Esta mañana, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha visitado el hospital de Santa Lucía, junto a la portavoz en el Ayuntamiento de Cartagena, Leli García. La diputada autonómica ha denunciado el “colapso absoluto de nuestro sistema sanitario”, al tiempo que ha demandado al Gobierno regional “las inversiones necesarias para hacer frente a esta tercera ola”. Marín ha recordado que López Miras “se niega a cerrar actividades no esenciales, mantiene abiertos centros comerciales y casas de apuestas y no pasa a la enseñanza a online”, medidas que “son de su competencia y servirían para proteger a la población y salvar vidas”. Para la portavoz morada, López Miras está “protagonizando una farsa” al pedir el confinamiento en la televisión mientras calle en el Consejo Interterritorial de Salud y ante la autoridad responsable“.

Según Marín, los hospitales son “el fin del camino en la huida hacia delante de López Miras, de su teatrillo diario, y donde empieza la triste realidad”. La situación actual se ha visto agravada por la pandemia, pero no es fruto sólo de la crisis del coronavirus. La diputada autonómica ha asegurado que “estamos ante un Servicio Murciano de Salud que lleva años sufriendo recortes y mala gestión” y ha puesto como ejemplo de esta pésima gestión al área de salud de Cartagena, que “con una población de unos 270.000 habitantes, apenas dispone de 600 camas de hospital en los hospitales públicos de la ciudad”. Este dato supone “apenas 2, 2 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, con solo 27 camas de UCI en el Santa Lucía ampliables a 44, a costa de reconvertir los quirófanos y cancelar operaciones”. Además, Marín ha recordado que “con la pandemia ya encima”, en abril, se aprobaron unos presupuestos negociados en enero con la ultraderecha, que “recortaban en gasto sanitario” y ha criticado que por el momento, el Gobierno regional ni siquiera cuente con un borrador para los presupuestos de 2021.

Marín también se ha referido a los más de 400 millones de euros enviados por el Gobierno de España que “debían ir destinados a reforzar los servicios públicos para hacer frente a la crisis provocada por la covid”, pero cuyo “fin ha sido más que dudoso”. La diputada ha reprochado a López Miras que 2020 haya sido “un año perdido para reforzar nuestro sistema de salud”, ya que el presidente regional “decidió invertir el dinero que vino desde Madrid en tapar los agujeros que provoca su desastrosa gestión”. Por eso, desde Podemos van a exigir “las inversiones necesarias para reforzar el sistema de salud en Cartagena y la Región en los próximos presupuestos”, como la puesta en marcha del Rosell al 100% “como marca la ley aprobada en 2016”, la reapertura de los trece centros de salud que siguen cerrados, la instalación de puntos covid independientes que permitan aliviar la situación, que permitan no saturar estos centros y la contratación del personal sanitario necesario.

Por su parte, la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Cartagena ha mostrado su solidaridad con el personal de los centros de salud y hospitales del municipio, y ha señalado que “aparte de los brotes, el problema de fondo es la falta de plazas”. La concejala ha señalado que según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, “para un municipio con una población de más de 35.000 personas mayores de 65 años, deberíamos tener 1.700 plazas residenciales”, cuando la realidad es que “sólo disponemos de unas 800 y apenas 150 son públicas”. García ha asegurado que es esta situación la que “se traduce en largas listas de espera” y provoca que “quien no puede pagarse una plaza se queda fuera”. Por último, la portavoz municipal de Podemos en Cartagena ha anunciado que ha trasladado a su grupo en la Asamblea Regional la reivindicación del colectivo de Yayoflautas de “incluir en los Presupuestos de 2021 una partida para construir residencia pública en Cartagena”. “Hay que apostar por un modelo que anteponga el bienestar de nuestros mayores y de los trabajadores y trabajadoras de las residencias a la cuenta de beneficios de un puñado de inversores” ha concluido García.