El cese de una concejala en Puerto Lumbreras genera la primera crisis política entre PP y Vox en Murcia

La alcaldesa del Partido Popular en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, manifestó haber perdido su “confianza” en la concejala de Vox de Obras Públicas, Inmaculada García, y la cesó el pasado jueves. Es la primera crisis política desencadenada entre PP y Vox en la Región de Murcia, una comunidad con tres equipos de gobierno de ambos partidos: además de la citada Puerto Lumbreras, en los municipios de Ceutí y Fuente Álamo también cuentan con ediles del partido de extrema derecha en el gobierno. Por otra parte, Fernando López Miras fue investido presidente de la Región gracias al apoyo de Vox.

La concejal de Vox y también segunda Teniente de Alcalde de esta localidad murciana había exigido la semana pasada la dimisión de la alcaldesa y de la concejal de Hacienda, Raquel Rodríguez, a quienes acusaba de “ocultarle información”. García pasará, de este modo, a la oposición y denunciará “todo tipo de actitudes, como ésta, que pretenden ocultar la realidad de la contratación municipal”, según una nota de prensa del partido.

Por el momento, esta crisis no ha contaminado al acuerdo que permitió la investidura del popular López Miras el pasado 26 de julio con el apoyo de Cs y Vox que, en total, sumaron 26 votos frente a los 16 de PSOE y Podemos. El partido de extrema derecha decidió no entrar en el Gobierno regional, pero sus cuatro diputados son indispensables para alcancar la mayoría absoluta y aprobar leyes, ya sea por un apoyo explícito o la abstención.

Aunque en el comunicado del partido de ultraderecha publicado el pasado jueves aseguraban que el cese de esta concejala llevaría a Vox “a replantearse los actuales acuerdos de Gobierno que mantienen los dos partidos en la Región”, que también alcanzan a una decena de localidades en la comunidad ya sea dentro o fuera del gobierno, el viernes por la mañana desde prensa del partido de ultraderecha afirmaron a este periódico que este hecho “no iba a afectar al pacto de investidura”.

El permiso familiar para actividades escolares, adelante por exigencia de Vox

De hecho, el Gobierno regional sigue adelante con la instrucción de la consejería de Educación dada a las centros escolares para este inicio de curso que obliga a pedir permiso familiar para que los alumnos puedan asistir a actividades escolares complementarias, como las charlas de diversidad afectivo-sexual, tal y como puso sobre la mesa Vox en el acuerdo de investidura.

Los colectivos LGTBI de la Región ya han enviado sendos escritos a la consejería de Educación y a la vicepresidenta y consejera de Mujer, LGTBI, Familia y Política Social, Isabel Franco (Cs), manifestándose en contra de dicha normativa y advirtiendo de que están dispuestos a adoptar medidas judiciales en contra. También el líder socialista en la Región, Diego Conesa, pidió realizar el viernes por la mañana un análisis jurídico porque la norma podría atacar “una serie de principios constitucionales”, mientras que el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, aseguró en una rueda de prensa que a su partido le interesa la “libertad de los padres” para elegir la educación reciban sus hijos en los centros educativos.

Por su parte, la consejera de Mujer, LGTBI, Familia y Política Social ha manifestado su “respeto” a la decisión de la consejería Educación de solicitar el consentimiento familiar para poder asistir a dichas actividades y dijo a eldiariomurcia estar a la espera de “un dictamen”.

“Esta normativa vulnera una norma de rango superior de modo que es nula de pleno derecho”, afirmó a eldiario.es el diputado socialista Emilio Ivars. “Hay dos decretos del currículum de 2014, de primaria y secundaria, que dicen lo mismo: las actividades complementarias son obligatorias para el profesorado y el alumnado y ambos están por encimo de esta resolución”, añadió Ivars.

El también maestro y miembro de la Mesa de la Asamblea Regional dijo que “si nos ponemos serios, hasta el día que vaya la consejera de Educación a inaugurar el curso escolar a un centro y se meta en un aula habría que pedirle permiso a los padres”. “Esta resolución también va a afectar a si un policía va al aula a hablar de violencia de género o un sanitario va a explicar que hay que comer menos golosinas. Incluso los talleres hechos por los padres de los alumnos que se hacen en muchísimas aulas”, añadió.