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Agricultores y regantes de la Región de Murcia protestan este lunes en Madrid en defensa del trasvase Tajo-Segura: “En el Levante, sin el trasvase, desierto y paro”

Manifestación de agricultores y regantes en Murcia en defensa del trasvase Tajo-Segura. EFE/Juan Carlos Caval/ Archivo

Álvaro García Sánchez

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Apenas una semana después de que oleadas de tractores y camiones de agricultores y regantes abarrotaran las calles de 16 municipios de la Región de Murcia en defensa del Trasvase Tajo-Segura, Madrid se prepara para recibirlos, este lunes 24 de mayo, en una convocatoria multitudinaria que también acogerá a protestantes de las provincias de Alicante y Almería.

Todos ellos, juntos, reivindicarán, bajo el lema 'En el Levante, sin el trasvase, desierto y paro' su posición netamente contraria al cambio drástico de las reglas de explotación del acueducto y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco): seguirán un pequeño recorrido que comenzará a las 11:30 en el recinto de IFEMA y atravesará ciertas vías principales de la ciudad, hasta finalizar precisamente frente a las dependencias ministeriales del Miteco, en Nuevos Ministerios, donde esperan ser recibidos por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre las 12 del mediodía.

Los gobiernos regionales de las tres comunidades que acudirán a Madrid ya han apoyado la acción reivindicativa: defienden, junto a los agricultores y regantes de su región, que no cese la llegada de agua proveniente del río Tajo. El Gobierno de la Región de Murcia hizo visible su defensa de la causa agrícola en Cartagena, durante la protesta de decenas de tractores frente a la Asamblea regional el pasado sábado 15 de mayo: “Es una muestra más del hartazgo de los agricultores frente a esas medidas y su rechazo al incremento del caudal ecológico del río Tajo” que de producirse, aseguró el consejero de Agua y Agricultura de la Comunidad, Antonio Luengo, no solo tendría “consecuencias nefastas para los agricultores”, sino “para toda la ciudadanía, puesto que podría afectar incluso al suministro de agua en las viviendas”.

Los regantes que protestaron en la Región aseguran que el aumento de los caudales ecológicos en algunos tramos del curso fluvial del Tajo que pretende llevar a cabo el Ministerio no solucionará los problemas medioambientales del Río, ya que, para ellos, lo que se necesita es más y mejor depuración de aguas. Desde que se anunció la medida del Gobierno de Sánchez, las críticas no se hicieron esperar: “Esto no es transición ecológica, es un golpe importante a la forma de vida del Levante; han sido muchos años de batalla para que ahora un ministerio tire al traste todo esto”, resumía en abril Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, que también se encontrará este lunes en Madrid, protestando.

Este nuevo episodio de la recurrente 'guerra del agua' en España se produce en un momento en el que las políticas medioambientales han tomado peso de la mano del Pacto Verde Europeo y la aplicación de las directivas y normativas comunitarias, que parten de un escenario en el que la escasez de este bien se va a ver agravada con el cambio climático.

Este pasado jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba el informe 'España 2050' en el que se recoge que para superar “la amenaza del estrés hídrico” el país debe “reordenar los usos agrícolas y cultivos, priorizando la agricultura sostenible y socialmente justa”.

El documento sentencia que “los recursos hídricos disponibles están disminuyendo en cantidad y calidad” y que “el 36% de los acuíferos están en riesgo de sobreexplotación y más de la mitad representan un alto grado de contaminación por nitratos”, principalmente debido al uso de fertilizantes en el campo.

Desde el punto de vista del presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, la política hidrológica del Miteco criminaliza a una “agricultura de precisión”, con “sistemas de riego altamente tecnificados” como la de Alicante, Murcia y Almería, que ya paga “más cara que en ningún otro lugar el agua y que aporta al PIB 3.013 millones de euros”.

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