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REGIÓN DE MURCIA

La exclusión social afecta ya a 273.000 personas en Murcia

Ocho de cada diez personas en pobreza severa no reciben la renta básica de inserción y cerca de 100.000 viven con la incertidumbre de quedarse sin casa

El 85% de los ciudadanos realizaría más inversión social, aunque requiera impuestos, en un contexto en el que se ha registrado una tendencia fuerte a la precarización del empleo

pobreza

En la Región, hay 109.000 personas en pobreza severa y solo 14.000 beneficiarios de la renta básica de inserción Europa Press

Cáritas Diócesis de Cartagena ha presentado esta mañana el Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Región de Murcia, cuyos datos y conclusiones apuntan a que la exclusión social se ha enquistado en la estructura social de Murcia, la desigualdad se ha incrementado tanto en el periodo de crisis como en el de recuperación económica, se ha registrado una tendencia fuerte a la precarización del empleo, y el acceso a la vivienda se ha consolidado como motor clave de las dinámicas de exclusión social.

Para el secretario técnico de la Fundación Foessa y jefe de estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, el informe autonómico recoge cómo “vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás, y por ello necesitamos revincularnos”.

En este sentido, Cáritas Diócesis de Cartagena plantea la necesidad de crear un espacio de responsabilidades compartidas donde las administraciones públicas, las entidades no lucrativas y empresas sociales confluyan con iniciativas ciudadanas y profesionales.

En los últimos 10 años, la distancia entre el 20% de la población con mayor nivel de ingresos y el 20% de la población con menos ingresos se ha incrementado un 8%. El número de personas en exclusión social en la Región de Murcia es de 273.000, el 18,5% de la población. "Es lo que denominamos la sociedad estancada, un grupo de personas para las que el ascensor de la movilidad social no funciona", según ha declarado Raúl Flores.

Dentro de exclusión social, existe un grupo especialmente vulnerable afectado por la acumulación de tantos problemas en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado, son 138.000 personas en situación de exclusión social severa.

"Especialmente preocupante, dentro de las personas en exclusión severa, es un grupo de 37.000 personas que acumulan tal cantidad de dificultades que los denominamos la sociedad expulsada", ha destacado el secretario técnico de la Fundación Foessa.

Un grupo de unas 180.000 personas conforman la sociedad insegura que aún estando en el espacio de la integración se encuentran en una situación de inseguridad debido a que su colchón de resistencia es débil, "y serían los primeros en incorporarse al espacio de la exclusión si se produce una desaceleración de la economía".

Vivienda, preocupación y exclusión

El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y una influencia notable sobre sus recursos económicos, sobre su estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.

Un colectivo de 38.000 familias y 100.000 personas tienen la incertidumbre de quedarse sin viviendas; 47.000 hogares y 168.000 personas habitan viviendas inadecuadas y el 13% de la población (195.000 personas) viven bajo el umbral de la pobreza severa al descontar los gastos del pago de la vivienda y los suministros de la misma. 

Por otra parte, el desempleo -a pesar de su reducción progresiva- "es una realidad persistente y junto con la precariedad generan trabajadores pobres y excluidos, y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos", señalan desde Cáritas. 

En la Región de Murcia, el 38% de las personas excluidas trabajan, el 11% de trabajadores sufren la exclusión social, y el 13% la pobreza. "A pesar de su esfuerzo no consiguen unas condiciones de vida mínimas", según se desprende del informe.

Los niveles de exclusión son más elevados entre quienes trabajan a jornada parcial y la parcialidad es "indeseada" para más de 6 de cada 10 trabajadores parciales. El paro de larga duración de 2018 alcanza el 36% y multiplica por 2,5 la cifra del año 2007, antes de la crisis.

El acceso a los recursos sanitarios básicos que están fuera de la competencia de la sanidad pública refuerza el carácter de exclusión de la dimensión de la salud, con una especial incidencia entre las personas con discapacidad.

La exclusión social se duplica en las personas con discapacidad, alcanzando al 27%. El 9% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos, lo que afecta a 128.000 personas

Estado de bienestar

La ciudadanía, según el informe de Cáritas, sigue apoyando el Estado de bienestar como mecanismo de protección social. "Más que antes se pide al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el derecho a la salud o a la educación y para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de vejez, enfermedad o desempleo", según el jefe de estudios de Cáritas Española, Raúl Flores.

El 73% de los murcianos considera que hay que destinar a los servicios sociales más dinero público que en la actualidad; y el 85% apuesta por más prestaciones, aunque esto requiera más impuestos

A pesar de esta realidad, el gasto en prestaciones sociales en Murcia es notablemente inferior al del Estado, según recoge el Informe Foessa. En determinadas prestaciones destinadas a los más vulnerables, como es la renta básica de inserción, la cobertura de la prestación es mínima, inferior al 13% de la población en pobreza severa (109.000 personas en pobreza severa y 14.000 beneficiarios de la renta básica de inserción).

A pesar de la insuficiente inversión en políticas sociales, 3,3 de cada 10 personas en situación de exclusión han acudido a los servicios sociales públicos, y 2,9 de cada 10 personas han acudido a Cáritas, lo que hace que "seamos la primera entidad social de Murcia a la que acuden las personas vulnerables, después de los servicios sociales públicos".

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