A tres años del incendio de las discotecas de Murcia, las familias mantienen su lucha: “La verdad tiene que salir a la luz”

“Nos encontramos como los días posteriores al fallecimiento de nuestros familiares”. Jairo perdió a su hija y su yerno en el incendio de las discotecas de Las Atalayas, en Murcia. Tres años después sigue reviviendo el dolor de aquella noche: “Sigue siendo igual de doloroso”. La madre de su hija está “psicológicamente destrozada, anulada”, ha añadido en las puertas de la Ciudad de la Justicia este jueves, cuando se cumple el tercer aniversario de aquella fatídica madrugada.

Era domingo, 1 de octubre de 2023. La fiesta todavía no había terminado cuando el fuego comenzó a propagarse por los locales de Teatre y Fonda Milagros. Eran las seis de la mañana. En apenas unos minutos, la madrugada se convirtió en una tragedia en la que perdieron la vida trece personas.

Tres años después, la herida sigue abierta en las familias de las víctimas, que afrontan de nuevo el aniversario sin cerrar el capítulo judicial. Para recordar a sus seres queridos y reclamar que se depuren todas las responsabilidades, se han concentrado este jueves a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia. Allí, mientras el procedimiento avanza hacia el juicio oral, los familiares siguen reclamando respuestas.

Sin poder reprimir la emoción, Jairo insiste en que mantienen la esperanza de que quienes tengan responsabilidad respondan ante la justicia. “El Ayuntamiento de Murcia es el principal responsable de lo que ha pasado”, sostiene. A su juicio, era el consistorio la administración que debía encargarse de establecer y hacer cumplir las normas de seguridad, aunque también señala a los propietarios de las discotecas por las infracciones cometidas.

“No había forma de escapar de allí”

“No había forma de escapar de allí”, relata. Según explica, sus familiares “perdieron la vida sin la mínima posibilidad de salir”. Jairo subraya que no cree que existiera una intención de causar la muerte de nadie: “No existía esa intención, pero se quebrantaron las normas”, afirma.

La investigación ha puesto el foco en las condiciones de seguridad de los establecimientos. Las salidas de emergencia no eran operativas, los recorridos de evacuación superaban las distancias permitidas y la falta de una adecuada sectorización entre ambos locales favoreció la propagación de las llamas. A todo ello se sumó el la máquina de efectos de fuego frío utilizada durante la fiesta.

Una instrucción “muy compleja”

El procedimiento ha avanzado durante estos tres años, aunque todavía no hay fecha para la celebración del juicio. Rosa Egea, abogada de seis supervivientes y familiar de una de las víctimas, destaca que la instrucción ha sido “muy compleja” y que ya ha concluido. Existe auto de apertura de juicio oral contra siete personas y ahora se está a la espera de los escritos de defensa y de que las actuaciones sean remitidas a la Audiencia Provincial.

Será entonces cuando el procedimiento llegue al tribunal encargado de examinar las pruebas. “Queremos que los supervivientes sean escuchados y que Olga Lucrecia no conste solo como fallecida”, explica Egea. Se refiere a Olga Lucrecia Nieto, conocida como Lula, cuya condición de trabajadora del establecimiento ha requerido una investigación específica. Egea explica que demostrar que Lula se encontraba trabajando aquella madrugada, pese a no estar dada de alta, ha supuesto un trabajo complejo.

También los familiares de Lula continúan reclamando respuestas. Ferney, esposo de la víctima, asegura que “seguimos igual” y lamenta que, tres años después, todavía no hayan recibido una solución. “Tenemos esperanza en que se haga justicia”, afirma. Sobre el reconocimiento de la situación laboral de Lula, destaca el trabajo de su abogada, que, según sus palabras, “ha peleado contra viento y marea” para demostrar que estaba trabajando en el local.

La causa alcanza al responsable de Fonda Milagros y a tres personas vinculadas a Teatre, el establecimiento en el que se originó el fuego. También tendrán que responder ante el tribunal el DJ que organizó la fiesta celebrada aquella noche, el propietario de la máquina de efectos de fuego frío utilizada durante el evento y el ingeniero relacionado con el proyecto de división de la nave.

“La familias buscan alivio”

El letrado Pedro López Graña, quien representa también a los familiares, resume su aspiración en la necesidad de cerrar judicialmente el episodio y encontrar una explicación. “Las familias lo que buscan es un alivio”, afirma.

Aquella noche, Teatre celebraba la fiesta 'We are remember', mientras Fonda Milagros recibía a su público habitual. Todas las víctimas eran de nacionalidad colombiana, ecuatoriana o nicaragüense. Fonda Milagros se había convertido en uno de los locales preferidos por el público latino de la capital murciana.

En la práctica, ambos establecimientos funcionaban como una única unidad operativa pese a contar con titularidades diferenciadas. Compartían instalaciones, personal, sistema eléctrico y climatización. El recinto había sido concebido inicialmente como una única discoteca de grandes dimensiones, pero terminó dividido en varios establecimientos. Trabajadores de la zona explicaron entonces que el propietario había optado por dividirlo en tres espacios “para que fuera más rentable”.

El incendio mostró las consecuencias de aquella configuración. El falso techo de Teatre ardió con rapidez y, según los testimonios recogidos durante la investigación, las llamas formaron una gran bola de fuego. En Fonda Milagros, la estructura que sostenía parte del local terminó desplomándose por completo.

“El verdadero responsable es el Ayuntamiento”

Durante años, la actividad de los locales había estado marcada por una situación de irregularidad administrativa. Es precisamente ahí donde las familias y sus abogados sitúan una de las principales cuestiones todavía pendientes. José Manuel Muñoz, abogado de tres familias, sostiene que la instrucción no ha abordado de forma suficiente la posible responsabilidad de la Administración. “El verdadero responsable es el Ayuntamiento y no está”, afirma.

Muñoz considera que la tragedia no puede desvincularse del funcionamiento de los mecanismos de control. “Cualquier actividad necesita un control eficiente. La dejadez y la permisividad han tenido como resultado final la muerte de 13 personas”, sostiene. A su juicio, el procedimiento debería permitir determinar también qué ocurrió con las actuaciones administrativas previas al incendio.

López Graña coincide en señalar que la posible responsabilidad del Ayuntamiento y de funcionarios municipales constituye una parte todavía abierta del caso: “Hay una querella pendiente de resolución en la que se plantea una posible prevaricación”, apunta.

López Graña sostiene que el Ayuntamiento actuó inicialmente con regulación, inspecciones y actas y que en enero de 2022 se acordó el cese de la actividad de las discotecas. Sin embargo, “falló la ejecución de la orden de cese”.

La jueza, no obstante, ha decidido excluir al consistorio de la responsabilidad civil subsidiaria en esta fase. El auto considera que no se dan las condiciones previstas en el Código Penal para atribuirle esa responsabilidad dentro del procedimiento. La resolución mantiene además en libertad a los siete acusados y descarta, por ahora, medidas como la retirada de los pasaportes o la prohibición de abandonar España.

Mientras el procedimiento sigue su curso, las familias afrontan un nuevo aniversario sin respuestas definitivas. “La memoria es muy corta y para la Administración mucho más”, lamenta Muñoz, que reclama que lo ocurrido sirva para revisar los mecanismos de control y seguridad.