UGT y CC.OO. exigen que se detengan los ataques al derecho de huelga
Los sindicatos UGT y CC.OO. en la Región de Murcia han mostrado hoy su unidad y se han sumado a la jornada mundial de protesta en defensa del derecho a la huelga, reconocido y protegido por tratados y pactos internacionales. Antonio Jiménez, Secretario General de UGT en la comunidad autónoma, ha comenzado su intervención ante los medios denunciando los ataques que, en su opinión, están sufriendo los derechos de los trabajadores en la actualidad. Por eso ha pedido que se derogue el artículo 315.3 del Código Penal, que se retire el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y que se archiven todas las causas que afectan a los trabajadores detenidos durante jornadas de protesta laboral.
En la misma línea se ha mostrado Carlos Bravo, responsable de la gestora del sindicato CC.OO en la Región de Murcia, quien al inicio de su análisis ha echado la vista atrás: “El incremento de la acción represora del poder no es un hecho nuevo, porque cuando hay una situación de crisis y se producen movimientos de contestación social, desde el poder siempre se responde de este modo”.
Según Antonio Jiménez, “detrás de estas dinámicas de criminalización de la huelga y de la protesta laboral hay grupos de presión que representan intereses ocultos, y que pretenden coartar el derecho a la huelga”. Carlos Bravo, por su parte, ha matizado que dichos grupos de presión están a la vista de todos, y que su objetivo es “amedrentar a la clase trabajadora y modificar de conductas mediante cambios en la normativa”.
Tanto Jiménez como Bravo se han referido a los 300 trabajadores que se encuentran inmersos en causas penales o administrativas -de ellos, tres en la Región de Murcia, detenidos en la huelga general del '29S'-, y cuya petición de penas acumulan 125 años de prisión: “Los afectados no son sólo esos 300 trabajadores, sino toda la clase trabajadora”, ha explicado Antonio Jiménez, para añadir después que “en la mayoría de las causas no se dan hechos probados que impliquen a dichos trabajadores en los hechos que se investigan”. A juicio del Secretario General de UGT, los 300 trabajadores han sido encausados “por su condición de sindicalistas, o por coincidir en esa situación de conflicto”.
Además, Jiménez ha querido resaltar el hecho de que el Ministerio Fiscal esté pidiendo penas de más de dos años de cárcel, lo que implicaría el ingreso en prisión de personas sin antecedentes penales, y la ausencia de episodios de violencia en los casos investigados, “más allá de la violencia generada por las propias cargas policiales”. Tanto Antonio Jiménez como Carlos Bravo se han referido al ejemplo de los ocho trabajadores de Airbus, “elegidos de manera arbitraria” y para los que se pide ocho años de prisión. “Exigimos que la Fiscalía corrija sus acciones de petición de penas excesivas y la inadecuada identificación de los responsables en muchos casos”, ha expresado Bravo.
En ese sentido, los responsables de UGT y CC.OO. han puesto de manifiesto su disconformidad con la “desproporcionada reacción del Ministerio Fiscal”, y con la acción represora del Fiscal General del Estado. Además, y a vueltas con el artículo 315.3 del Código Penal, Jiménez y Bravo han recordado que dicho artículo viene “de la época represora del franquismo”; cuyo fin era “coaccionar a los trabajadores”, y han denunciado que “ahora se ha rescatado” a pesar de ser, en opinión de ambos dirigentes, “claramente anticonstitucional”.
“El efecto coercitivo de estas medidas tiene como fin evitar que se ejerza el derecho a la huelga y criminalizarlo, pero no nos van a parar”, ha proclamado Antonio Jiménez, que defiende la búsqueda “del equilibrio entre el derecho a trabajar y el derecho a la huelga”. Por eso, UGT y CCOO han insistido en que se sobresean las causas de los 300 trabajadores que se enfrentan a penas “desproporcionadas”.
